noviembre 27, 2020

Quo Vadis sistema judicial

por: Iván Contreras

Esta vergonzante situación del sistema judicial, con algunas excepciones, exige una profunda transformación estructural y personal. Debemos construir un control social sobre los jueces, al igual que para el resto de los funcionarios públicos.
Hace unos días vimos y escuchamos las declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, al manifestar que se habían equivocado en el tema de las elecciones del Órgano Judicial. A partir de esas declaraciones, había que ver dos cosas; por un lado, la parte metodológica de esa selección y elección de autoridades judiciales. Y por el otro, el mismo acto de la elección y la modalidad y, de cómo se implementó esta elección no muy bien encaminada por el órgano electoral de Bolivia.

A tres años del despegue del nuevo sistema judicial con una ley base totalmente errónea —Ley 025— y los riesgos que ello suponía que iba a correr una vez empleada la misma, ya que no fue adecuada para esas autoridades judiciales, porque desde la etapa de transición de las nuevas autoridades hasta la fecha, se comprueban los mismos errores estructurales administrativos en la justicia boliviana.

Vanos fueron los intentos en querer implementar un nuevo modelo de justicia comunitaria a través de la escuela de jueces, tribunal constitucional entre otras ya que las mismas, no respondían al mismo sentido que contemplan las bases estructurales del nuevo Estado Plurinacional, profesionales totalmente sin criterio y la falta de pertinencia en el mismo, provocaron lo que hoy ve y siente el pueblo boliviano, una total desconfianza del mismo.

Una justicia similar a la anterior, autoridades con una visión en defender su espacio de poder pequeño, descuidando la administración de justicia. Las reiteradas visitas de dirigentes y organizaciones sociales para pedir otros espacios de poder para sus abogados en diferentes regiones, la presión sobre las actuales autoridades sobre la repartija de juzgados. Las peleas internas por espacios de poder entre autoridades judiciales, la mala interpretación a gusto y antojo de la Ley 025, la especulación y manipulación de la información al interior del nuevo sistema judicial llevó y llevará a resultados vanamente desastrosos para la satisfacción del pueblo boliviano.

A todo ello, vienen los ataques de los grupos de poder inertes como son los colegios de abogados que tuvieron mucho que ver en este nefasto resultado. La contratación de profesionales sin méritos en experiencia dentro del nuevo Estado plurinacional, nos lleva a concluir que estamos igual o peor que el anterior sistema judicial.

También comprobamos la contratación de expertos del campo jurídico con una pobreza de aplicación en los temas de transformación al interior del nuevo Estado Plurinacional. El desastroso asesoramiento a las autoridades judiciales en temas de transformación y cambio estructural para una justicia plural, llevó a confundir más lo que se quiere del nuevo Estado Plurinacional.

Juzgados y tribunales totalmente ineficaces que no responden a nada y a nadie, están cada día desgastando más al nuevo sistema de justicia. Una AMABOL a la ofensiva contra el Estado ante una sociedad que ve con esperanza los nuevos cambios, ayudando a ponerse a defender los intereses de un grupo social minúsculo y reducido en el poder judicial.

“… En vano incorporamos el poncho y la pollera en la justicia”.

Hemos visto en el actual sistema judicial que, no sirvió de nada colocar el poncho y la pollera, decía el presidente Morales, preocupado por las reiteradas quejas que llegan a palacio quemado por el mal trabajo llevado hasta la fecha. La “asintonía” del tercer poder del Estado, el “desengranaje” está provocando que las otras estructuras de poder no puedan funcionar bien. “Si a él le va mal a nosotros también”, decía por ahí un senador jurisconsulto en el tema.

Esta vergonzante situación del sistema judicial, con algunas excepciones, exige una profunda transformación estructural y personal. Debemos construir un control social sobre los jueces, al igual que para el resto de los funcionarios públicos. Por la salud de nuestra democracia, debemos superar el discurso legalista de: La Ley dice con relación al sistema judicial.

Todos sabemos que el ordenamiento jurídico del país es la expresión de la voluntad y de los intereses de cuantos desgobernaron y colonizaron culturalmente el país por muchos años. Es el momento para ser autocríticos y comenzar a extirpar el mayor tumor maligno del país. De lo contrario, las víboras seguirán mordiendo a los descalzos de a pie.

Entre algunas salidas o alternativas que se plantean están: el revocatorio pero con una factura elevada, y la otra, la consecución de las nuevas autoridades pero bajo una transición e implementación de nuevas figuras jurídicas al actual sistema judicial. Se habla, de convocar a una Cumbre del “pueblo Estado”, y la propuesta de revocatoria pese a que la Ley de Régimen Electoral (026) dice que no procede respecto de autoridades del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Sea cual fuere la decisión, se lanza el desafío, “la moneda ya está en el aire” y no hay mucho tiempo para seguir esperando resultados sobre la justicia.


*    Iván Contreras. Comunicador social, experto en análisis de la información y la comunicación en Bolivia.

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