noviembre 27, 2020

Archivos y derechos humanos

por: Ramon Alberch-Fugueras

Hasta fechas muy recientes associar los archivos con la defensa de los derechos humanos podía parecer un puro recurso retórico. Durante mucho tiempo el imaginario colectivo ha percibido los archivos como espacios de memoria y, con menor intensidad, como repositorios de documentos que aportan un valor jurídico y testimonial trascendente, pero dificílmente se asociaba la información contenida en los documentos a principios tan esenciales como accesibilidad, transparencia, rendición de cuentas, verdad y justícia.

Esta percepción ha cambiado sustancialmente en los últimos años; la importancia de los documentos en los procesos de transiciones políticas en América Latina y en la Europa del Este, el hallazgo de fondos documentales de gran relevancia en Guatemala o Asunción y, fundamentalmente, la espléndida organización de los archivos de la policía política (Stasi) de Alemania del Este –con la laureada película “La vida de los otros” que evidencia el valor testimonial de estos archivos- ha puesto en evidencia que la recuperación, organización y accesibilidad a los archivos deviene un elemento clave en las políticas de memoria y reparación.

En este sentido, cabe reiterar una vez más que la organización, preservación y acceso a los archivos gubernamentales más sensibles (policías políticas, ejército, cuerpos de seguridad, ministerios del interior) alcanzan una dimensión social y democrática en la medida que contribuyen a promover la recuperación de la memoria histórica, facilitan la obtención de documentos originales, auténticos y fiables para el ejercicio de los derechos ciudadanos, fomentan la consecución de los valores de verdad y justícia y apoyan la lucha contra la impunidad, la corrupción, el olvido y la amnesia colectiva. Y fundamentalmente también por el hecho que poder acceder a documentos esenciales facilita de manera notable la resolución de una variada y relevante tipología de responsabilidades: amnistia para los delitos de opinión, indemnización a las víctimas de los conflictos, depuración de responsabilidades en casos de torturas, desapariciones o asesinatos y también la posibilidad de restitución de bienes confiscados.

Para que los archivos puedan aportar su valor testimonial e informativo es necesario que cumplan con una serie de requisitos ineludibles, básicamente que estén organizados por profesionales de la archivística, que se conserven en instituciones accesibles y que existe un plan detallado de preservación a largo plazo, pero, especialmente, interesa priorizar su acceso, en la medida que facilita cumplir con el precepto constitucional de derecho a la información. Por la gran relevancia del acceso desde los poderes públicos y desde la ciudadanía se debe tomar conciencia que existe una elevada correlación entre la obtención de documentos auténticos y fiables y la posibilidad de aportar pruebas fehacientes en juicios o en proyectos de investigación retrospectiva. En este contexto adquiere un gran valor la formulación de políticas de “desclasificación”, es decir, tornar accesibles documentos que están sometidos a severas restricciones de uso y de los cuales se reivindica favorecer su acceso al suponer pruebas de abusos de las dictaduras o en procesos judiciales. La notable desclasificación de documentos de instancias gubernamentales norteamericanas (Pentágono, CIA) durante el mandato del presidente Bill Clinton permitió poner al descubierto de manera inequívoca las maldades cometidas por los gobiernos de las dictaduras militares del cono sur y, especialmente, que el juez Baltasar Garzón pudiera iniciar un proceso contra el General Pinochet en Londres en una actuación pionera de lo que se reconoce como el principio de justicia universal.

En la actualidad existen numerosas organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, si bien en el ámbito del patrimonio documental son aún muy escasas; en este sentido cabe hacer especial mención de Archiveros sin Fronteras, fundada en Barcelona en el año 1998 y que tiene el objetivo de potenciar la solidaridad internacional en el ámbito de los archivos con la finalidad de defender el derecho a la identidad, la memoria histórica y la información y la protección de los derechos humanos. Actualmente se organiza mediante el Consejo Internacional de Coordinación que es formado por representantes de España, Francia, Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, México, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Su proyecto más emblemático es el dedicado a la organización y acceso a los documentos y archivos de los regímenes represivos en Iberoamérica. Iniciado en el año 2005 su objetivo prioritario consiste en identificar, localizar, recuperar, organizar y hacer accesibles los fondos documentales que contengan información relacionada con los abusos ejercidos por los gobiernos de las dictaduras militares sobre una parte significativa de la población. A lo largo de casi diez años se ha procedido a compilar la información obtenida, organizarla adecuadamente y especialmente elaborar un censo de todos los archivos y fondos documentales relacionados con la represión institucional, integrarlos en una base de datos con una descripción homologada que facilita su difusión y conocimiento a traves del portal del proyecto. En este proyecto participa activamente ASF-Bolívia que ha dedicado notables recursos a organizar archivos de entidades vinculadas a los derechos humanos en el país.


*    Presidente de Archiveros sin Fronteras Internacional.

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