noviembre 24, 2020

Ni ángeles ni villanos

La facilidad con la que se santifica o sataniza a un actor social en el campo político boliviano es sorprendente. En un momento de la historia, los militares pueden ser sádicos verdugos del pueblo, y en otro, garantes de la democracia y el orden constitucional o promotores del desarrollo. Incluso, y esto sucedió, actores con un papel revolucionario dentro del Estado.

Lo mismo ocurre con las ONG. Un libro intitulado: El Proyectorado: Bolivia tras 20 años de ayuda externa, del investigador Antonio Rodríguez Carmona, da cuenta de las transformaciones que han sufrido estas entidades en las últimas cuatro décadas y los diversos efectos que han ocasionado en la vida política, económica y social del país.

En los años 70’s tuvieron un papel que muy pocos podrían criticar. Además de constituirse en un vínculo entre la sociedad civil y la gestión pública, capacitaban a dirigentes sindicales perseguidos por las dictaduras en temas de liderazgo. Una década después, incorporaron a su agenda nuevas formas de gestión y planificación participativa con el objetivo de promover el desarrollo rural en el país.

Sin embargo, en la década del 90’ podemos ver lo mejor y lo peor de las ONG. Con el encogimiento del Estado benefactor, adquirieron un rol paliativo de la pobreza, llenando los espacios vacíos que aquel dejaba en la provisión de servicios básicos, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo que su influencia crecía dentro de la sociedad civil, su importancia dentro del Estado se fue haciendo cada vez más sobrecogedora: se registra a principios de los noventa una multiplicación de los fondos de la cooperación internacional y una explosión en la cantidad de ONG en el país, ascendiendo a una cifra de 530 en 1992. Igualmente se registra una territorialización de las ONG, a manera de “feudos”, llegando incluso a interferirse mutuamente. Adoptan, paulatinamente, una posición más favorable a las reformas de mercado con el paso de los años. Comienzan a sustituir a las organizaciones sociales de base en eventos importantes relacionados al Estado, al tiempo que éstas se desarticulan y dispersan.

Es dentro de las estructuras del Estado donde comienzan a tener efectos cada vez más negativos. Así, entre 1987 y 2005, casi 20 años de prolongada ayuda internacional dan como resultado: empoderamiento de los donantes, reducción de libertad de los gobiernos para definir los márgenes del gasto público, condicionamiento de la ayuda, establecimientos de mecanismos sutiles de influencia política de los donantes que obligan al gobierno a coordinar toda actuación relacionada con sus fondos, etc. En otras palabras, se constituyeron en un elemento nefasto para la soberanía del país.

Como en todo, se debe reconocer que existen matices. ONG como CEDLA, PIEB o CEDIB, asumen una posición crítica contra el neoliberalismo y con su producción académica contribuyen a crear el nuevo sentido común que contribuyó a hacer posible, en resumidas cuentas, la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y el inicio de este proceso de cambio.

Por supuesto, no se puede negar el rol conspirador de otras ONG durante la etapa de transformaciones que se vivieron después de 2005. USAID y las reuniones del embajador Goldberg con los líderes de la oposición regional son un ejemplo de injerencia directa y descarada que llevaron a las organizaciones sociales a demandar su expulsión.

En estos tiempos que vivimos, es innegable que la influencia del imperialismo en Bolivia se ha atenuado. De seguro podemos encontrar agentes de la CIA debajo de los basureros de muchos edificios, pero la pregunta es: ¿qué tan peligrosos resultan ahora? No pueden intervenir directamente y sólo son persuasivos para los más incautos e inofensivos. Pasa lo mismo con las ONG. Independientemente de sus intenciones, el Estado boliviano cuenta con un colchón económico que hace muy difícil que se vuelva a subordinar a los intereses de la cooperación internacional como sucedió en los 90’s. Hay de todo en la viña del señor.

Carlos Moldiz

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