noviembre 26, 2021

Presidenciales en Perú

Las elecciones adquieren un carácter estratégico en un contexto regional donde los gobiernos de izquierda han recibido una seguidilla de duros golpes electorales.

Las elecciones generales que se celebran en Perú este domingo 10 de abril no parecen tener un carácter definitorio dentro del sistema político de este país. A pesar de la inusitada fuerza emergente de la única candidata de izquierda, Verónika Mendoza, las últimas encuestas parecen revelar que más del 50% de la intención del voto irá a parar a miembros de partidos políticos adscritos al actual modelo económico peruano, que ha sido elogiado por diversos organismos internacionales a pesar de no haber superado el 4% del crecimiento de su PIB en los últimos años, y de no haber podido subsanar las profundas desigualdades económicas y sociales que afectan a la mayor parte de su población.

Competencia electoral

De los 19 partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que postularon candidatos para estos comicios, siete decidieron retirarse de la carrera electoral al no poder superar las mínimas expectativas de apoyo popular de acuerdo a las diferentes encuestas. Posteriormente, otros dos candidatos fueron excluidos de participar en este proceso luego de que la máxima entidad encargada de velar por su correcta realización, el Jurado Nacional de Elecciones, registró irregularidades en sus actividades de campaña (como entrega de dinero o víveres en procesos de campaña) y la pre selección de sus planchas electorales (aparentemente afectada por una falta de democracia interna).

De hecho, el proceso electoral, durante su fase de campaña, reveló que el escenario político tiene las características de un campo de lucha asimétrico, con entidades estatales que no aplican las leyes con el mismo rigor al conjunto de los candidatos a los principales puestos de decisión política del país. Se trata, en esta ocasión, de elecciones no competitivas, donde los recursos disponibles entre los candidatos en campaña son ciertamente desiguales.

Así, mientras Cesar Acuña de Alianza para el Progreso y Julio Guzmán de Todos por el Perú fueron sancionados por infracciones a la Ley de Organizaciones Políticas, en el primer caso, y por observaciones a sus sistemas de democracia interna, en el segundo, candidatos como Keiko Fujimori de Fuerza Popular o Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio también cometieron irregularidades de la misma naturaleza, pero sin sufrir las consecuencias derivadas de ellas.

Estimaciones previas a los comicios

La situación más preocupante es la relacionada a las agendas programáticas de los candidatos con mayor intención de voto. De acuerdo a las últimas encuestas realizadas hasta el 1 de abril, Keiko Fujimori cuenta con un apoyo pronosticado de 37%; le sigue Kuczynski con poco más del 15%; en tercer lugar se encuentra Mendoza con 13%.

De estos tres primeros lugares, los dos primeros han expresado públicamente su intención de continuar su adhesión al nuevo Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., la Alianza para el Pacífico, junto con fuertes retóricas en contra de un supuesto carácter populista en las propuestas de Mendoza, a quien también condenan por su posición a favor de una mayor regulación de la actividad minera en el país, que beneficia fuertemente a empresas transnacionales.

La candidata del Frente Amplio

Mendoza, por su parte, parece ser la única candidata viable con una agenda progresista. En sus últimas intervenciones públicas antes del cierre de campaña del pasado jueves la candidata del Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad ha propuesto renegociar los contratos de explotación de gas de su país con las empresas transnacionales; la reducción del precio de los medicamentos y el reconocimiento al derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas andinos y amazónicos cuyos territorios contienen recursos naturales no renovables como minerales o hidrocarburos.

No obstante, uno de sus candidatos al Congreso fue excluido de la lista de postulantes por no haber declarado entre sus bienes la posesión de un automóvil que se encontraba en estado de desuso, chatarra. Una sanción por una “falta” mínima que ha sido criticada por algunos analistas en el Perú como una obstaculización selectiva a la participación política de un ciudadano.

Radiografía del Perú

La preferencia del electorado por candidatos conservadores en un país donde el 10% de las familias más ricas concentran el 30% de los ingresos totales resulta cuando menos preocupante. Se trata de una tendencia mundial, por supuesto, en un planeta donde sólo las 62 personas más ricas tienen más riqueza que la mitad de la población más pobre.

En Perú el ingreso per cápita es de poco más de 6.500 dólares americanos, pero el índice de Gini es de casi 48 puntos. Aunque no se trata del índice de desigualdad más alto de Latinoamérica, refleja de todos modos una gran inequidad en la distribución de los ingresos dentro de este país, que tiene a cerca del 31% de su población por debajo de la línea de pobreza, pero con cerca de 24% en situación de pobreza extrema.

Al mismo tiempo, la influencia de las transnacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos y minerales ha quedado patente luego de la masacre de Bagua durante el gobierno de Alan García, cuando cerca de 33 indígenas perdieron la vida durante un enfrentamiento contra policías en el departamento Amazonas, región caracterizada, también, por una marcada situación de subdesarrollo.

Los indígenas y la población local de esta región demandaban la aplicación del derecho a la consulta previa ante las intenciones de transnacionales mineras de realizar labores de explotación en su territorio. Hasta el momento, ninguna autoridad del ejecutivo peruano de aquellos días fue sentenciada por la matanza.

El sistema de partidos de Perú no ha sufrido cambios significativos desde principios de este siglo, con el fujimorismo manteniéndose como una corriente política mayoritaria, a pesar de la experiencia autoritaria del gobierno del propio Alberto Fujimori, que incluso llegó a cerrar el congreso en 1992 en el internacionalmente conocido “Autogolpe de abril”, que sucedió luego de una crisis de gobierno que develó actos de corrupción, prebendalismo e incluso actividad criminal entre miembros del ejecutivo de ese entonces.

Las elecciones generales en el Perú adquieren un carácter estratégico en un contexto regional donde los gobiernos de izquierda han recibido una seguidilla consecutiva de duros golpes electorales. Y es que Perú se ha mantenido en la última década como parte de los gobiernos ajenos a la ola progresista de inicios de este siglo y como un aliado incondicional de los EE.UU., adscribiéndose a todas sus iniciativas para impulsar el libre comercio.

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