por: Dra. Ariana Campero Nava
“En la última década las personas con discapacidad se empoderaron de sus derechos y deberes”
Las personas con discapacidad en Bolivia han sido un sector excluido en tiempos neoliberales, pero con el proceso de cambio, la Constitución Política del Estado (CPE) y todas las leyes que se han promulgado en su favor, se ha dado un viraje a su realidad.
Primeros pasos inclusivos
A partir de la Constitución Política del Estado y varias leyes promulgadas –como la Ley 223, específica para las personas con discapacidad–, se establece una nueva visión a la política dirigida para las personas con discapacidad, frente a la mirada victimizante, asistencial que se daba durante épocas de gobiernos de derecha, en tiempos de cambio se dio un viraje a la concepción de lo que es la discapacidad y lo que es padecerla, a partir de una re-significación del propio concepto, cuestión importante a destacar.
En estos encuentros de diálogo la propia terminología utilizada por nosotras y nosotros (las autoridades) para nombrarlos como sector, fue en algunos momentos errónea; sin intención de ofenderlas(os) hemos aprendido a llamarlos como realmente se debe: “personas con discapacidad”. Son personas, antes que “discapacitados”, son personas antes que “diferentes”.
Hasta hace pocos años en las ciudades –y no sólo en zonas rurales– se consideraba una maldición tener un hijo o hija con discapacidad, era causa de vergüenza tener un familiar con discapacidad. Sin embargo, en la última década se ha ido cambiando esta falsa idea y ahora las personas con discapacidad salen a la luz, se empoderan de sus derechos, deberes y potencialidades.
Con la Ley 223 se visualizó y cubrió, por vez primera, de manera exclusiva y en marco normativo la salud, educación, la justicia, el trabajo digno, vivienda –entre otros– y se establece claramente deberes sociales, personales, individuales. Transforma la visión de asistencial a una visión que protege el acceso a la producción, a la educación integral y alternativa, etcétera.
Igualmente, con la Ley 475, aprobada en la gestión 2013-2014, el Estado asume la atención gratuita en salud a través de un manual de prestaciones, que se implementa en el ámbito de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, en aplicación, además de la Ley Marco de Autonomías.
Beneficios en salud, vivienda y educación
En materia de salud, el tema de la Ley Marco de Autonomías, mediante la Ley 031 y la Ley 475, indica que los medicamentos e insumos se dotarán gratuitamente en base a reglamentaciones de estas leyes. Por esta razón, aclaro, no hemos aceptado el tema de salud como justificación para la renta de 500 bs. mensuales, ya que en realidad la ley confiere este derecho y lo que hemos constatado es su incumplimiento por parte de algunos municipios y gobernaciones.
Desde la gestión 2012 se implementa la calificación para personas con discapacidad, a fin de identificar no sólo el tipo de discapacidad sino también el grado de complejidad y gravedad de la discapacidad, considerando no sólo aspectos vinculados al componente biológico de la discapacidad, sino además considerando componentes sociales, económicos y psicológicos de la persona. Cabe destacar, para ser autocríticos, que hemos tenido quejas en cuanto al equipo de calificación con el grado de discapacidad, cuestión importante porque se debe ser más eficaz en cuanto a los listados y prioridades por atender.
En el caso de vivienda se han construido 1.108 unidades para personas con discapacidad, beneficiando a este sector con una inversión millonaria. En educación se han hecho Centros de Educación Alternativa, construyéndose más de 30 centros. Construimos con Evo Cumple centros multisectoriales –caso Cobija– que cuentan con áreas de educación alternativa, estimulación temprana, fisioterapia, entre otras. Situación que confirma la visión integral que tiene el Gobierno, implementado estrategias que permitan a personas con discapacidad rehabilitarse; incorporándose así a la sociedad, ya que la discapacidad no es permanente en el tiempo, porque las personas con discapacidad tienen potencialidades que desarrollar.
Acceso al trabajo
En materia laboral la norma establece que todas las instituciones públicas deben incorporar el equivalente al 4% de su personal a personas con discapacidad, incluye también el derecho de inamovilidad laboral –que no es sinónimo de inmunidad–. Esta ley no solamente es de tuición del gobierno nacional y sus ministerios, ya que tenemos 339 municipios y 9 Gobernaciones que pueden y deben incorporar a personas con discapacidad a trabajar. Establece además que las instituciones privadas deben incorporar a personas con discapacidad.
Como Gobierno hemos dado gran importancia a los proyectos productivos, reconocemos que el mayor reto es garantizar rentabilidad y mercado a estos. Valga solicitar a la población que con hechos reconozca estas habilidades productivas. Temática vinculada estrechamente al Ministerio de Desarrollo Productivo y el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FENSE), que han destinado recursos a proyectos productivos en rubros de panadería, textiles, costura, juguetería en madera, etc.
Partidas presupuestarias
Antes de asumir el gobierno el Presidente Evo, se destinaban todos los años 40 millones de Bs. a los partidos políticos con personería jurídica, de los cuales desconozco rendición de cuentas. A partir del proceso de cambio se define que ese presupuesto, proveniente del Tesoro General de la Nación, se destinaría íntegramente y de manera exclusiva al sector de personas con discapacidad, el que sería administrado por el FENSE, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
El 2012 se decide otorgar una renta solidaria anual por el valor de 1.000 bs. –monto proveniente del presupuesto de 40 millones de bs. y equivalente al 50% de este fondo– a cada persona con discapacidad grave y muy grave (las discapacidades se dividen en: leve, moderada, grave y muy grave), al tiempo que el 50% restante del presupuesto institucional lo pasa a administrar FENSE para el desarrollo de proyectos de diferente tipo. Por ejemplo: en los 30 centros de rehabilitación el FENSE adquiere el equipamiento y no el Ministerio de Salud.
En este resumen de proyectos hay muchos ministerios involucrados y los recursos no están limitados a sólo 40 millones, al contrario, hay una partida presupuestaria destinada a las políticas de las personas con discapacidad en cuentas de las carteras de Estado involucradas. Durante la última década la inversión ascendió a 694 millones de bs.
El sector tiene una organización compleja y heterogénea porque se dividen por tipo de discapacidad, por federaciones departamentales y nacionales, o sea, puede haber una asociación de personas con discapacidad auditiva, otra asociación de personas con discapacidad visual, otra federación de personas con discapacidad intelectual, etc. Y todas conforman federaciones departamentales, confluyendo en una Confederación Nacional. A esta complejidad organizacional y estructural se suman las diferentes tendencias políticas de cada persona con discapacidad.
Mesas de diálogo
En las mesas entre Gobierno y federaciones hemos debatido sobre la percepción que ellos tienen al respecto de nuestros proyectos, a partir de eso hemos suscrito actas y acuerdos departamentales y convocamos a un encuentro nacional que se realizó en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en La Paz, que finalizó en un acuerdo de 42 puntos.
La oposición que tergiversa la información y confunde a la opinión pública emitió el criterio sobre dirigentes departamentales, indicando que estos fueran servidores públicos. Afirmación que es totalmente FALSA y considero ofensivo a los participantes. Puntualizo esto porque la derecha indicó que los dialogantes son servidores públicos que han sido manipulados e instruidos.
Debatimos intensamente sobre la renta solidaria y la demanda de 6.000 bs. anuales para personas con discapacidad grave y muy grave, acordamos evaluar asistencia económica en paquete alimentario u otras opciones para este grupo grave y muy grave. Sin embargo, sostenemos que las oportunidades para las personas con discapacidad grave y muy grave no se limitan a una renta o a una monetarización de su vida, sino que hay que hay que trabajar en su inclusión plena.
Las personas con discapacidad muy grave si o si tienen un tutor o tutora, caso contrario entrarían al estado de persona en situación de calle. ¿Qué significa eso? Que este tutor, sea el hermano(a), papá, mamá, el abuelo(a), puede incorporarse a trabajar con inamovilidad dentro del 4% y goza de todos los beneficios que le confiere la Ley 223 y la Ley 475.
Desafíos
Debemos promover una mirada diferente de las personas con discapacidad grave y muy grave, socializar sus derechos y deberes ante la sociedad, mejorar el acceso a medicamentos.
Dentro de los acuerdos nacionales destaco la incorporación laboral ágil y rápida con capacitación a 500 personas con discapacidad. Al respecto el Ministerio del Trabajo ha realizado un plan nacional con una bolsa de empleos con 500 plazas a ocuparse por personas con discapacidad.
Igualmente el Viceministerio de Vivienda se comprometió a construir 920 viviendas para esta gestión; ya se empezó el proceso de captación de las personas con discapacidad y la clasificación y/o priorización de los beneficiarios, listados que se construirán de manera conjunta entre el Gobierno y el sector. La vivienda tendrá título de propiedad a nombre de la persona con discapacidad, salvo que no esté en pleno uso de sus facultades, donde el tutor será el titular de la casa.
Esos son los acuerdos suscritos.
* Ministra de Salud. Conferencia dictada en la Escuela Nacional de Formación Política de La Paz.
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