por: Nila Heredia Miranda
Se estima que al menos 60 militantes fueron desaparecidos en Bolivia y alrededor de 30 bolivianos fueron desaparecidos o asesinados en la Argentina.
Constitución del Plan Cóndor
El Plan Cóndor fue un mecanismo de coordinación internacional organizado durante las décadas del 70 y 80 por los responsables de las dictaduras que regían en los países del Cono Sur: Chile –donde residía la coordinación principal–, Argentina –donde se produjeron el mayor número de delitos–, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Se incorporaron Perú y coadyuvaron los gobiernos de otros países. El objetivo era destruir todo tipo de protesta o resistencia a las dictaduras, y especialmente a los movimientos guerrilleros de izquierda que hasta esa época habían logrado desarrollar un sistema de luchas sólidas en cada país.
El Plan Cóndor formó parte de la Estrategia de la Doctrina de la Seguridad Nacional, durante la denominada Guerra Fría, diseñada por la Central de Inteligencia Americana (CIA), apoyada por Henry Kissinger.
Originalmente el Plan fue constituido como un sistema de intercambio de información respecto de las organizaciones político sindical y popular que habían logrado establecerse en los gobiernos anteriores, con el fin de controlarlos y destruirlos. El año 1973, a semanas del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, se realizó una reunión de altos jefes militares de América, quienes tomaron como tema la organización de este sistema de información y organización de una base de datos, mismo que fue perfeccionado en la reunión organizada por la dictadura chilena en octubre de 1975. A la reunión asistieron representantes militares de varios países entre ellos: Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, cuyo representante fue el Coronel Carlos Mena y el Coronel Ernesto Cadima Valdivia, quien junto con el Coronel Loayza dirigía el aparato represivo del entonces Ministerio del Interior.
El tema central de la mencionada cita fue establecer el sistema de información para controlar las acciones de los grupos guerrilleros y particularmente de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), constituida por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP/PRT) Argentino, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) Tupamaros del Uruguay y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) Boliviano.
Implementación
De una primera etapa de intercambio de información y constitución de un banco de datos de inteligencia, se pasó en un segundo momento a la identificación de las fuerzas y localización particularmente de los “blancos terroristas”, que no eran otros que los líderes de la guerrilla o personas consideradas clave, las que podían/debían ser asesinadas, desaparecidas o entregadas al país que lo considerase necesario.
La tercera fase, la más confidencial de la Operación Cóndor, incluyó la formación de equipos especiales de los países miembros preparados para trasladarse a cualquier parte del mundo, a países no miembros del acuerdo para llevar a cabo sanciones y hasta asesinatos contra terroristas o partidarios de organizaciones terroristas de los países miembros de la Operación Cóndor. Por ejemplo indicaba el Gral. chileno Manuel Contreras, “si en un país europeo se ha detectado a un terrorista de un país miembro o a un partidario de una organización terrorista de un país miembro de la Operación Cóndor, un equipo especial será enviado a localizar y reconocer el blanco. Cuando la operación de vigilancia haya terminado, un segundo equipo de la “Operación Cóndor” viajaría a llevar a cabo la sanción real contra el blanco. Equipos especiales que usarían documentación falsa de los países miembros de la Operación Cóndor”. En los “Archivos del Terror” encontrados en el Paraguay se hayan detalles del asesinato del Gral. Juan José Torres de Bolivia; del Gral. Carlos Prats de Chile en la Argentina; del ex canciller chileno Orlando Letelier en Estados Unidos, los que ejemplifican la magnitud de esta operación.
Hugo Banzer y el Cóndor en Bolivia
El grado de involucramiento de los gobiernos fue tal que una de las declaraciones realizadas por el Gral. Banzer a propósito de las acciones de Estados Unidos y Europa en relación a la Guerra Fría indicó: “mientras en Europa se peleaba con la diplomacia, en Latinoamérica nosotros poníamos los muertos.” Por su parte, el Gral. Mario Adett Zamora, ex ministro del Interior del Gral. Banzer afirmó que estaba orgulloso de haber sido parte del control de los subversivos durante esa época.
Durante la dictadura del Gral. Hugo Banzer se calcula que al menos 60 militantes fueron desaparecidos en Bolivia y alrededor de 30 bolivianos fueron desaparecidos o asesinados en la Argentina.
Entre los años 1976 y 1977 se produjo el mayor intercambio de información entre Bolivia y Argentina. Comisiones de la Policía Federal Argentina asistieron al equipo represivo boliviano en la identificación, interrogatorio y tortura a militantes activistas bolivianos y extranjeros en dependencias del Departamento de Orden Político, DOP. El Ministerio del Interior boliviano entregó a la Argentina a cuatro compañeros de origen argentino, militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano: Graciela Rutilo, Efraín Villa Izola, Luis Stamponi y Óscar Gonzales de la Vega; todos desaparecidos.
Graciela Rutilo Artes fue presa junto con su hija de 9 meses y separada de ella fue utilizada como medio de extorción para lograr declaraciones de su parte. Fue entregada a la represión Argentina cuando la niña había cumplido 1 año y dos meses. Todos habrían sido depositados en el centro clandestino de represión denominado Automotores Orletti, centro donde eran recluidos los extranjeros apresados en suelo argentino o los argentinos entregados por otros países. La hija de Graciela Rutilo, Carlita, fue recuperada después de 9 años de intensa búsqueda por su abuela Matilde Artes, el año 1985. Se había apoderado de la niña de sólo 1 año y dos meses, el segundo represor en línea de Automotores Orletti, el paramilitar Eduardo Ruffo, miembro de la Triple A y de la banda de Aníbal Gordon. (Eduardo y Amanda Ruffo fueron sentenciados a prisión por apropiación indebida de Carlita; Graciela Rutilo permanece desaparecida –Testimonio Nunca Más–, al igual que Efraín Villa Izola, Luis Stamponi y Óscar Gonzales de la Vega, entregados en junio y octubre de 1976).
Detenidos desaparecidos ¿cuenta pendiente?
La desaparición forzada, junto con la apropiación de niños, es la figura represiva que caracteriza al Plan Cóndor. La “Desaparición Forzada”, hoy tipificada como Delito de Lesa Humanidad, no caduca en el tiempo, fue utilizada como parte del sistema de inmovilizar a toda la gente, familiares, amigos o instituciones, a causa de la inseguridad en no saber dónde están, lo que inmovilizó a todos.
Producto de la Operación Cóndor se calcula que sólo en la Argentina al menos 30.000 personas fueron desaparecidas –la mayoría aún siguen desaparecidos–, 50.000 fueron asesinadas y 200.000 han sido presas. También fueron desaparecidas entre 250 a 500 niños, la mayoría nacieron en cautiverio, algunos han podido ser apresados con sus madres; de ellos alrededor de 115 han sido encontrados y en general restituidos a sus familias legítimas.
Todos los países, excepto Bolivia, han procedido a realizar investigaciones referidas a las violaciones contra la integridad de las personas, particularmente las ocurridas durante las dictaduras de las 70-80, épocas de mayor dinamismo del Plan Cóndor. En cada país se han llevado a cabo juicios, y aún se siguen realizando juicios, siendo la Argentina la que, gracias a la decisión de las autoridades de gobierno, ha realizado la mayor cantidad de juicios y hoy aún siguen en procesos al menos 400 personas entre uniformados y civiles, formalizados por crímenes de lesa humanidad.
Chile, Uruguay, Paraguay, y mucho más tarde Brasil, han constituido Comisiones de la Verdad, y algunos se encuentran actualmente desarrollando procesos judiciales contra violadores de los DD.HH. Las reacciones de los imputados y colaboradores han sido diversas, incluyendo directrices de mantener el silencio, amenazas y hostigamientos, hasta asesinatos de testigos o personas que se declararon culpables.
Sin embargo, el Plan Cóndor por si sólo tiene connotaciones no sólo lesivas a las más elementales normas de respeto de las personas y consideración a todo tipo de raciocinio, sino también tiene un valor político que tiende a plantear a los estados el Nunca Más a articulaciones de aparatos represivos que actuasen de manera impune intra o extra territorialmente con la anuencia, incentivo y decisión de los propios Estados.
Juicio y castigo
Hace quince días hubo al menos dos juicios sobre hechos lesivos producidos por el Plan Cóndor, ambos tienen un carácter también supranacional gracias a la anuencia de los Estados involucrados en su momento y otros que directamente hubiesen sido involucrados, como es el caso del Perú, donde militantes refugiados fueron secuestrados, entregados a la represión y hasta hoy desaparecidos.
Estos juicios han sido calificados como hechos de enorme connotación en la historia jurídico internacional porque permite demostrar la existencia de una alianza ilícita entre gobiernos cuyo objetivo fue la destrucción de opositores políticos mediante el asesinato, la desaparición y apropiación de niños, constituyéndose en delitos de Lesa Humanidad, donde confluyen en el juicio acusaciones a gobernantes y autoridades militares o civiles de los países donde se aplicó el Plan Cóndor.
Asimismo, de los dos juicios, el Estado argentino resolvió realizar este proceso porque hay suficiente evidencia que desaparecieron en celdas argentinas, clandestinas o no, un número de extranjeros que habiendo sido presos en suelo argentino –o entregados por otro país– se encuentran desaparecidos.
Después de varios años de búsquedas y órdenes de captura, y cerca de tres años de audiencias directas o a través de medios virtuales, procedieron a tomar testimonios a alrededor de 400 personas, y recuperar pruebas. Producto de este arduo trabajo, que incluyó la extradición a la Argentina para ser enjuiciado del coronel Manuel Cordero del ejército uruguayo –que huyó del Uruguay a Brasil–, se llegó al emblemático veredicto que el pasado viernes 27 de mayo ha emitido el Tribunal Federal 1 de Buenos Aires.
El Tribunal Federal 1 de Buenos Aires condenó a 15 de 17 militares, argentinos y uruguayos, por casos de tortura, muerte y/o desapariciones forzosas de 104 personas en el marco del Plan Cóndor, de éstas víctimas 11 son bolivianos o entregados por la dictadura boliviana a la Policía Federal o aparato represivo Argentino.
La lista de bolivianos es compuesta por Fausto Choque Cabrera, Jaime Rafael Lara Torres, Jorge Hernán Villavicencio Calderón –habría sido asesinado en Salta después de haber sido capturado–, Reinaldo Lázaro Sáenz Bernal, Erasmo Suárez Balladares, Johnny Vargas Orozco, Máximo Rojas Caballero, Wálter Eduardo Oviedo Morales. A los que hay que agregar a los presos en Bolivia y entregados a la argentina el 28 de agosto de 1976, Graciela Rutilo Artes y Efraín Fernando Villa Izola, ambos argentinos de nacimiento. De cada uno de estos casos existe constancia de haber sido vistos en Automotores Orletti por compañeros presos que recuperaron la libertad, o como es el caso de Graciela Rutilo, cuya hija fue encontrada en manos de uno de los que dirigía ese centro clandestino.
Otros dos compañeros, Luis Faustino Stamponi Corinaldeci y Óscar Hugo Gonzales de la Vega, forman parte del juicio, y en ambos casos han sido sustentados mediante múltiples evidencias de la prisión, tortura, etc. en celdas bolivianas, además de la entrega de ambos por la represión boliviana a la argentina.
El apresamiento de Luis Stamponi ampliamente difundido por cuanto la persecución hacia él fue sañuda y por varios años. Era el dirigente principal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de larga trayectoria revolucionaria y liderazgo. Fue uno de los constructores de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), razón que motivó la tenaz persecución contra su persona. Stamponi –de nombre de guerra Gerardo– fue entregado junto con Óscar Hugo Gonzales de la Vega el 15 de octubre de 1976 a la represión argentina en la Quiaca. De la misma manera que su apresamiento su entrega a la Argentina fue ampliamente publicitada por medios periodísticos, sin embargo no ha sido posible conseguir evidencia o testimonio de alguno de los presos que recuperaron la libertad.
Un caso también especial es de la Sra. Mafalda Corinaldeci de Stamponi, madre de Luis, apresada en el hotel donde se había alojado en Buenos Aires al retornar de La Paz donde fue a reclamar por su hijo. Ella también está desaparecida.
Los Investigaciones y juicios en Bolivia: ¡Comisión de la Verdad!
Bolivia es lastimosamente el único país que por razones absolutamente incomprensibles y reprochables no ha realizado hasta ahora un Juicio de Responsabilidades contra las autoridades causantes de las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos o desapariciones durante las dictaduras.
La única experiencia desarrollada por el poder Legislativo en 1979 fue el Juicio de Responsabilidades contra Hugo Banzer Suárez; truncado por el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, muerto el día del golpe de Estado dirigido por Luis García Meza.
Increíblemente a ninguna de las presidencias de las dos cámaras del Órgano Legislativo parece importar el pasado reciente, dejando en la impunidad a los autores, tal vez en su afán de congelar y dejar en el olvido esta dolorosa página de la historia boliviana. Esto es así porque a pesar del esfuerzo puesto por todas las organizaciones constituidas por víctimas o por familiares de víctimas por presentar una sola Ley para la constitución de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación Integral, esta ni siquiera ha sido tomada en cuenta en las dos últimas gestiones legislativas.
El juicio contra García Meza, Arce Gómez y colaboradores ciertamente es ejemplar, sin embargo, ninguno fue enjuiciado por los delitos de desaparición forzada, asesinatos o tortura, sino por acciones contrarias al Estado en materia económica, manejo administrativo, robo de bienes públicos y el genocidio a un grupo de activistas.
* Ex presidenta de ASOFAMD y FEDEFAM, militante del ELN/PRTB y compañera de Luis Stamponi Corinaldeci, es a la vez querellante en el juicio el Plan Cóndor en Italia y testimoniante en la Argentina.
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