Hasta el cierre de edición de este medio la Cumbre de Justicia se movía de Sucre a Cochabamba (y del 3 y 4 de junio al 6 y 7 de junio), según declaraciones de la Ministra de Justicia, por motivos del paro de transporte pesado que evitaba la llegada de las organizaciones sociales y otros participantes a Sucre. Unas horas más tarde el Presidente anunciaba que la cumbre volvía Sucre y esta vez para el 10 y 11 de junio.
De esta manera la Cumbre de Justicia presenta las conclusiones de una convocatoria a pensar los problemas de la justicia.
Un poco de contexto: el Ministerio de Justicia llevó a cabo un operativo muy grande, habilitando espacios virtuales para la acumulación de propuestas, encuentros previos denominados pre cumbres en cada uno de los departamentos y un despliegue comunicativo que permita llevar el debate a la población.
El Ministerio de Justicia pluralizó los espacios de participación a la ciudadanía y las organizaciones sociales evitando que el debate se concentre únicamente en los tradicionales agentes jurídicos, es decir los abogados en sus distintas funciones y gremios (ya sea como jueces, magistrados, fiscales, litigantes, docentes, servidores públicos, etc.). No debe olvidarse que el abogado se arroga para sí la competencia de decir lo que es el Derecho y expulsa del debate a cualquier profano en el tema. No es casual que la cumbre no se dedique expresamente a debatir por ejemplo la jurisdicción indígena, en tanto ésta no trabaja expresamente con abogados.
Sin embargo, ¿qué es la Cumbre de Justicia?
La Cumbre de Justicia es (o pretende ser) un espacio de articulación social e institucional que busca sentar las bases y otorgar los fundamentos para la reforma del sistema de justicia boliviano en el corto, mediano y largo plazo. Estas bases y fundamentos supondrán el desarrollo de una serie de acciones, entre proyectos de legislación que van desde modificaciones administrativas hasta propuestas de reforma de la Constitución, pasando por investigaciones en el campo del derecho, la ciencia jurídica y la administración pública, y terminando en proyectos de implementación de cambios normativos, así como un ramillete de políticas públicas que busquen dar soluciones (o por lo menos aparenten dar soluciones) a los problemas de la justicia.
Previa a esta cumbre que se desarrollará en Sucre se llevaron a cabo 9 pre cumbres departamentales los últimos tres meses, las mismas que se reunieron y organizaron para discutir las siguientes temáticas:
1. Acceso a la justicia plural.
2. Retardación de justicia.
3. La corrupción en el sistema de justicia.
4. Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.
5. Política criminal y justicia penal.
6. Modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los resultados fueron sistematizados por el Ministerio de Justicia, a los cuales se sumaron las propuestas de la sociedad civil.
Los seis temas de discusión que presentó el Ministerio nos revelan un agotamiento del sistema de justicia y la necesidad de pensar en propuestas variadas para ejecutarlas en un corto, mediano y largo plazo.
Hasta aquí todo bien, se pueden criticar la celeridad o los atrasos en la organización de las pre cumbres y de la misma cumbre, se puede criticar si las propuestas presentadas son buenas o malas, se pueden criticar las propuestas innovadoras o las que repiten los lugares comunes, y hasta se puede criticar que se extraña un balance crítico detallado del estado de la justicia en Bolivia que vaya más allá de la acumulación de datos y cuantificaciones que parece que miran a la justicia como un número y un presupuesto, y no como una relación cualitativa con la ciudadanía.
Lo ausente
Lo que extraño de la cumbre no es el tema de contenidos (balances, propuestas, quejas, denuncias y hasta proyectos soñados como cerrar las carreras de derecho por la mala formación de los juristas) sino el tema de procedimientos y de visibilización de un sujeto social que lleve a cabo la reforma de justicia. Me explico, la cumbre puede terminar con varias propuestas, todas ellas pueden ser buenas o malas, lo cualitativo de las mismas será siempre motivo de una lectura crítica y criticona, sin embargo la pregunta es quién, cuál el sujeto llamado a llevar a cabo la reforma de justicia. No las convocatorias a referendo o la creación de anteproyectos de ley, sino el sujeto que pueda planificar críticamente la reforma de justicia y conducirla.
Dicho de otra manera, ¿cuál el sujeto político y social que llevará a cabo la reforma? Si no hay una respuesta creíble a esta pregunta y, en consecuencia, al sujeto político social, la reforma de justicia propuesta por la cumbre correría el riesgo de quedar en saco roto, y que se habiliten rápidamente los espacios y las voces de crítica a la cumbre sólo como un espacio de cooptación de la justicia y de politización de un servicio a la población. Es decir, una excusa para la práctica político-partidaria.
La justicia no debe olvidarse que más que un poder del Estado debería ser pensado como un servicio a la población, incluso como estrategia discursiva misma del poder, pero este es otro tema.
La ausencia de un sujeto político social que lleve a cabo las transformaciones de la justicia es un tema que debería debatirse en esta cumbre, en cierta medida el Ministerio de Justicia como organizador de la cumbre debe de proponer al final del encuentro no sólo los balances y las propuestas socializadas y aceptadas de reforma sino, y ante todo, la propuesta de crear un sujeto, sea un grupo de expertos, personalidades, políticos, etc., que dirijan en un plazo de 2 a 5 años los pasos de las reformas a corto, mediano y largo plazo.
La creación de este sujeto social pone en juego también la independencia de la reforma de justicia y la independencia de la justicia, en tanto si una de las críticas ha sido la injerencia del órgano ejecutivo en la administración de justicia, la posibilidad de crear un sujeto con autonomía y financiamiento propio puede dar una respuesta a este elemento central de toda división de poderes: la independencia judicial.
Pero además de pensar en construir al sujeto, con el cuidado de darle el mandato y la legitimidad para realizar la reforma, se debe tomar en cuenta que se le debe dar también, como se señalaba, un buen financiamiento para el desarrollo de sus tareas. La tareas pendientes en la justicia son muchas, sobre todo el conocimiento para llevar a cabo un buen sinceramiento del estado de la justicia.
Para una buena reforma de la justicia se precisa de un buen diagnóstico del estado de la administración de justicia, un estudio detallado que permita contar con una nueva y reflexiva política criminal, un estudio detallado de las formas y manera de abordar una justicia plural con el auxilio de los medios alternativos de solución de conflictos, la justicia de paz y la justicia indígena, y un verdadero derecho administrativo que proponga una simplificación de los trámites y la burocracia no sólo en la justicia boliviana, sino en toda la administración bajo el principio de la buena fe; y todo ello supone largos y complejos estudios y propuestas adecuadas a la realidad y los problemas propios del sistema de justicia boliviano.
* Abogado constitucionalista.
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