por: R. Soberón
El país cuenta con un sistema criminal compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, que se caracterizan por ser frágiles, desbordados y corruptos.
Por definición, un narco Estado es aquel Estado donde sus instituciones políticas están influenciadas por el crimen organizado alrededor del narcotráfico, para que funcione el negocio de la producción, tránsito y exportación de cocaína/PBC. En el pasado, hubo casos como los del de General García Meza en Bolivia (1982), el de Manuel Antonio Noriega en Panamá (1989), el caso del zar antidrogas General Pérez Rebollo en México (Policía) y campaña de Presidente Samper (1994, Proceso 8,000). Si bien los resultados electorales le ponen un freno al retorno del fujimorismo, las debilidades del Estado siguen presentes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
Pasado y presente
En el caso peruano, a diferencia del pasado reciente de los 90s (Estado mafioso) [1], donde el ex asesor Vladimiro Montesinos tenía toda la confianza de un gobierno autoritario presidido por Alberto Fujimori para otorgar “licencias” de funcionamiento para la producción, tránsito y exportación de droga y cobrar por ello, o tener el manejo de puertos (Callao o Chimbote), fronteras (Puno), las oficinas de Migraciones PNP, FF.AA. con lo que se controlaba todo el circuito ilegal. Ahora en el 2016, se trata de todo un instrumento político vulnerable (FP), que maneja todo el poder político, con la legitimidad del voto popular.
Por otro lado, el Perú cuenta con un sistema criminal compuesto por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, que se caracterizan por ser frágiles, desbordados y corruptos. Este sistema es incapaz de diferenciar entre “peces gordos y peces chicos”, tiene múltiples fisuras en Aduanas, en Notarías, en Bancos, en registros de propiedad. Lamentablemente, el modelo neoliberal representado por cualquiera de las dos fuerzas, no ha permitido el fortalecimiento de este sistema estatal.
Narco Estado en acción
El instrumento político (Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori), así, se construye sobre la base de un conjunto de alianzas, intereses de parlamentarios electos (defensa de intereses), de aportantes sospechosos (deudas originadas), de “militantes”, que se podrían mover alrededor del TID (Narco Estado) y de otros negocios de igual naturaleza, por cinco años. Aunque menos contaminado por su trayectoria, el virtual presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene serias limitaciones para emprender una cruzada anti narco.
La situación termina por empeorar cuando se entiende el nuevo rol del Perú en el circuito internacional del tráfico de la cocaína y la pasta base: a pesar que en los últimos años de Humala, aumentó el índice de erradicación de cultivos de coca, por avance tecnológico e industrial, se producen 285 toneladas anuales de droga (entre cocaína y PBC), de las que se incautan tan sólo 20 toneladas, en el mismo período. La existencia de un factor nuevo, es decir, la coexistencia de dos mercados ilícitos, el de clorhidrato de cocaína y el de PBC, uno a Europa, México y el otro a Brasil y Argentina.
Por último, el crimen organizado alrededor del narcotráfico, hoy permite la libre participación (de empresarios locales e internacionales, Oropeza, Ramírez caso “Eteco” investigado por la propia DEA) en un negocio absolutamente segmentado: chacra, rutas, puertos, mercados intermedios y finales, lavado de activos, que maneja firmas, clanes, grupos criminales de sicarios.
Las consecuencias políticas, diplomáticas y comerciales de la instauración del narco Estado bajo la forma del neo fujimorismo o del mantenimiento del modelo neo liberal representado por PPK, serán deplorables para la gobernabilidad y la democracia del Perú.
* Abogado, Director del CIDDH, asesor de Comisión de Narco Política.
1 Estado toma las organizaciones y redes criminales.
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