diciembre 5, 2021

Dignidad, soberanía e identidad

por: Humberto Claros

Muchos dirían que con la llegada a la presidencia de Bolivia del primer presidente indígena, como es Evo Morales Ayma, lo primero que se suprimiría sería la Ley 1008, pero no fue así. De hecho parte de la campaña de la derecha fue que si entraba Morales a la presidencia entonces el país se inundaría de narcotráfico, como han dicho también que de aprobarse la nueva Constitución Política, se eliminaría la Iglesia Católica o que si alguien tenía dos casas una la quitaría el Estado. Es así el comportamiento de la oposición hasta hoy.

Como se está mencionando estos días, se tiene la intención en la Asamblea Legislativa Plurinacional de tratar la nueva ley de la hoja de coca, que se denominaría Ley General de la Hoja Coca, y otra que sería la Ley de Sustancias Controladas.

Se debe reflexionar, ¿por qué sería un acto de dignidad y soberanía aprobar una nueva Ley General de la Hoja de Coca basada en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional?

De la Convención de Viena a la Masacre de Villa Tunari

En 1961, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro firma la Convención de Viena, donde se penaliza y se prohíbe el pijcheo de la hoja de coca, y además se compromete a erradicar la hoja de coca hasta 1985, y eliminar el akullico. Esta convención es ratificada por el dictador Hugo Banzer (1971-1978).

La Convención es producto de una recomendación del norteamericano Howard Fonda, quien encabezó una Comisión de “Investigación” de la ONU en Perú para este fin, aunque ya antes de la investigación declaró: “creemos que el uso diario de estas hojas de coca en la forma del akullico no solamente es profundamente nocivo y por eso perjudicial, sino también es la causa de la degeneración racial en muchos sectores de la población y de la decadencia que visiblemente demuestran numerosos indios”.

A partir de ello Estados Unidos se ha ligado a los planes de sustitución y eliminación de los cultivos de la hoja de coca, donde proporcionó ayuda con dinero y reforzamiento a las Fuerzas Armadas de Bolivia.

En 1988, el entonces Congreso aprueba la Ley 1008, diseñada con el apoyo de asesores norteamericanos. El Plan Trienal y la Ley 1008 establecían la militarización de la zona. Fue así que en 1987 llegaron equipos logísticos y efectivos militares al Chapare, los cocaleros se movilizaron con un bloqueo de carreteras en mayo de 1987 pidiendo que tanto el Plan Trienal y la Ley 1008 fueran analizados. Esta movilización fue intervenida por policías y militares en Parotani con un resultado de 8 campesinos muertos y 500 detenidos.

En el Chapare se había arraigado el “anti gringo”, por la presencia de militares y asesores norteamericanos y la presión que iba ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno boliviano, de tal forma que el Estado y los grupos represivos se convertían en brazos de implementación de las decisiones políticas de Washington.

El 27 de junio de 1987 se da la Masacre de Villa Tunari, donde varios hermanos campesinos cocaleros fueron masacrados y muchos perecieron en el río. Los productores de la hoja de coca se habían movilizado hasta la localidad de Villa Tunari para protestar y rechazar la promulgación de la Ley 1008, el reclamo por los herbicidas usados en la erradicación forzosa de cocales y la salida de los agentes norteamericanos de la DEA. Para el movimiento campesino esta fecha es la más simbólica y la más importante en la lucha y resistencia a la injerencia norteamericana y las políticas represoras de los gobiernos neoliberales.

Neoliberalismo y cocaleros

Posteriormente, en el paquete de la Ley 1008 viene también el llamado “Desarrollo Alternativo”, a partir del cual se implementan una serie programas de ejecución de cultivos que poco o nada tuvieron de resultado, además de la creación de organizaciones paralelas al sindicato campesino como condición para acceder a las facilidades del Desarrollo Alternativo y de esta forma romper con la organización sindical.

La política de represión a los campesinos en el Chapare fue durísima a través de diferentes programas que cada gobierno aplicaba en franca obediencia a los Estados Unidos. Durante la gestión presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y tras la visita del Zar antidrogas de Estados Unidos, Lee Brown, se diseña en 1994 el programa antidrogas “Opción Cero”.

Esta política planteaba, entre otras cosas, la relocalización de los campesinos afectados hacia otras regiones. Ese mismo año se pone en acción el operativo “Nuevo Amanecer”, que fue una feroz represión ejercida contra los productores de hoja de coca. Medida que se asume una vez que la Cancillería firmó un convenio con EE.UU.

En 1995 Estados Unidos impone condiciones para la certificación; entre ellas la erradicación de 5.400 hectáreas de coca en aquel año, firmas de nuevos tratados de extradición, etc.

Durante el segundo gobierno de Banzer (1998 – 2001) se pone en marcha el “Plan Dignidad” como política y estrategia de lucha contra el narcotráfico. De esta forma, el año 2000 se declara coca cero con una inspección en el Trópico de Cochabamba por una comisión del gobierno boliviano y la embajada norteamericana.

Cuando Jorge Quiroga asume la presidencia implementa una política sumamente represiva que prohibía la venta de la hoja de coca en mercados primarios, clasificación de la coca del Chapare como ilegal y el cierre del mercado de Sacaba. Esto provocó una gran movilización cocalera hacia Sacaba, lo que se conoce como “Guerra de la Coca”, donde además el líder máximo de los productores de la hoja de coca, Evo Morales Ayma, fue expulsado del Parlamento como diputado. Esta medida, huelga decirlo, fue impulsada por el entonces presidente Tuto Quiroga.

Son ejemplos muy concretos de injerencia norteamericana en asuntos del Estado boliviano y la represión a los productores de la hoja de coca. Pero la injerencia gringa al país fue mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico. Se influyó en cuestiones de estructural importancia a partir del pretexto antidrogas. Fue, desde luego, una injerencia al sistema político y económico.

El proceso de cambio

Actualmente Bolivia tiene avances estructurales y concretos respecto a la hoja de coca, que parten desde la misma Constitución Política del Estado. Los mecanismos y la visión de la lucha contra el narcotráfico con el control social o la participación de la ciudadanía, han cambiado radicalmente la visión de encarar el asunto de la coca y la cocaína.

El logro obtenido en la despenalización del akullico en la ONU y los procesos de implementación de la industrialización de la hoja son un par de ejemplos. Es verdad que el Estado debe asumir políticas más agresivas para iniciar el proceso de industrialización de la hoja de coca, pero desde una política ya trazada desde Estado y no de agencias o gobiernos extranjeros.

La coca es una cuestión de identidad para muchos bolivianos. La cultura de la coca, bien entendida, tiene que ver con una visión política del mundo; también es un factor económico; y además es también un símbolo de resistencia antiimperialista, no solamente desde ahora sino desde los tiempos de nuestros ancestros ante la colonización española. Es en esta lógica que la nueva Ley debe contemplar todos estos aspectos de manera integral.


* Comunicador social.

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