por: Romer Alcon Alanoca
“Vale un Potosí”, “bajo un cielo de estaño”, “destino minero”, son solo algunas de las frases que reflejan la minería como un rasgo distintivo de Bolivia. Y es que la historia del país es en parte la historia de la explotación de los recursos naturales, de ahí que se hable del ciclo de la plata, la era del estaño, el auge del petróleo, la era del gas, por mencionar los más importantes. Como también es cierto que el país es famoso por ser considerado una tierra rica en recursos naturales, desde los tiempos más tempranos de la época colonial hasta los del actual siglo XXI.
Aunque la historia de los recursos naturales de Bolivia no se caracteriza por la armonía. Hasta el punto de que se habla de que la historia de los recursos naturales es la de la lucha por el excedente que produce su explotación. No son pocos los casos en que la concentración del excedente en manos de una persona dio origen a esos fabulosos títulos que pueblan la historia nacional: los patriarcas de plata, los barones del estaño, el rey del estaño. Su gran riqueza abrió entonces un debate que no termina hasta hoy: quien es el indicado para hacerse cargo de la explotación de los recursos naturales, el Estado o el sector privado, sea este nacional o extranjero.
Aunque a momentos, como el que vivimos, aparentemente la balanza se inclina hacia un lado y otro, no han dejado de existir tanto la explotación estatal, como la explotación privada. Aun si revisamos el momento que el sentido común señala como el momento hegemónico del capitalismo de estado, observamos que si la gran minería estaba en manos del Estado, la denominada minería mediana estaba tanto en manos de privados nacionales como extranjeros.
Esto último nos permite señalar un elemento importante para la comprensión de la reciente coyuntura: la minería cooperativista es privada, aunque por sus características, ha permitido que sectores sociales de ingresos bajos accedan a mejores ingresos. Aunque esto solo fue posible gracias al alza de los precios de las materias primas.
Lo que lleva a señalar que hoy, más allá de lo que podría suponerse, la producción minera del país en casi su totalidad es producida por privados nacionales y extranjeros. Aunque el sector cooperativista abarca casi un cuarto de la producción nacional, es el sector que demanda más fuerza de trabajo. Lo que muestra sus características positivas en relación a su función social.
Se ha dicho que estas cifras del sector minero son las que persuadieron al gobierno de asumir una postura favorable a los intereses del sector cooperativista. Aunque esto debe ser matizado con otras consideraciones di distinto tipo.
Donde se perdió el idilio: en el tratamiento de la capacidad de los cooperativistas de trabajar con inversión extranjera. Dicho sea de paso, como toda actividad minera esta requería de fuertes inversiones, que no siempre podían cubrir los cooperativistas. Pero, la atracción de la inversión extranjería se basaba en las preferencias impositivas que el sector gozaba. La nueva ley de minería no faculta ya a la minería cooperativista a entablar contratos con la inversión extranjera. Que como hemos mencionado es una necesaria fuente de capitales. Así que lo que en el fondo se estaba buscando era garantizar ese flujo de capitales. Justamente en el momento en que la caída de los precios de los minerales grava los costos de producción.
Ya en lo que hace al conflicto, cabe mencionar que la reacción de la dirigencia del cooperativismo se mostró más ofendida que molesta con las negativas del gobierno central. Lo cual muestra que la participación de las organizaciones sociales en las esferas de gobierno genera una más directa influencia del denominado corporativismo, que es ausente en otros momentos de nuestra historia ni un mal propio, sino una consecuencia propia de la democracia liberal.
Y es precisamente en ella que la función del gobierno es la de mantener la unidad ante la pluralidad, cuidando el bienestar común. Tema que esta tan relacionado con la famosa razón de Estado. Lo que llama entonces la atención es que este desencadenamiento de las fuerzas del corporativismo haya en un primer momento sido alentado irresponsablemente. Y que ahora controlar esas fuerzas se haya producido a tal costo. Es frente a estos problemas que surge con fuerza la idea de que el Estado es en ciertos casos el que debe administrar ciertos recursos estratégicos, aunque no todos los recursos valga la aclaración. Es esta premisa la que debe observarse tanto en tiempos de bonanza como los contrarios.
* Politólogo y Maestro con Grado Académico de Licenciatura en Historia-Sociología
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