enero 9, 2022

Círculos viciosos

por: Humber Velazquez Torrico 

Después de los enfrentamientos entre los mineros cooperativistas y Gobierno que dejaron como saldo el deceso de seis personas, el Ejecutivo aprobó, mediante decreto supremo, revertir a favor del Estado las concesiones mineras a cooperativistas que tengan contratos con empresas privadas.

Sin embargo, viendo el fondo de este acontecimiento claramente se mostró a un Estado frágil por esas viejas prácticas clientelares de los gobiernos de turno que establecieron como una forma de hacer política, basta recordar el pacto militar campesino con Barrientos o la gran alianza obrera campesina de Víctor Paz Estenssoro forjando así círculos viciosos y de favoritismo.

Pero ¿qué se entiende por clientelismo político?, algunos autores hacen énfasis a la capacidad de instrumentalizar a las personas, a cambio estas pueden acceder a beneficios del Estado o puede constituirse en un puente para su ascenso político, no olvidemos que los cooperativistas mineros tienen representación en la Asamblea Plurinacional, justamente por estas prácticas clientelares.

Este conflicto mostró por un lapso a un Estado desbordado, tanto así que la Policía y mineros hicieron un canje de detenidos y es que se alimentó esos egos de estas corporaciones (de base sindical, gremial, minera y de organizaciones sociales de base indígena-campesina), sobre todo a los círculos dirigenciales a través del clientelismo político. Justamente con medidas de favoritismo se hizo a un “Estado vulnerable”.

Las demandas de los cooperativistas mineros simplemente salían del marco jurídico del Estado y que más allá de los acuerdos y la alianza política entre este sector y el actual Gobierno de turno, al final de día, la única verdad es el Estado que debía anteponer los intereses de la nación por encima de los intereses corporativos y con ello esta alianza quedaba en un segundo plano. En otras palabras el círculo de intereses establecido entre Gobierno y mineros cooperativistas se rompió por la autoridad del Estado.

Entre las demandas más polémicas de los cooperativistas mineros estaba la modificación de la Ley Minera 535, precisamente del artículo 151, para que las cooperativas mineras puedan suscribir contratos con empresas transnacionales que en definitiva iban en desmedro de los intereses de la nación a beneficio de las empresas privadas. Sin embargo fue el ministro Carlos Romero quien confirmó que los mineros cooperativistas ya habían firmado 31 contratos de operación con empresas privadas para que exploten sus áreas que recibieron del Estado en calidad de concesión.

Entonces, se pudo apreciar una doble moral, por un lado, un Gobierno que a nombre del Estado impuso su cualidad de autoridad en defensa de los recursos naturales, y por otro lado, ha beneficiado a este sector desde la asignación de áreas para explotación, transferencia de recursos, condonación de deudas, hasta la reducción de tasas impositivas, por el sólo hecho de que los cooperativistas mineros se constituyen en la segunda fuerza movilizadora del país que se calculan que son alrededor de 150 mil afiliados.

En conclusión prevalecieron más los intereses políticos que los intereses de la nación, que iba más allá de lo que establece la CPE, precisamente en su artículo 9, numeral (6), sobre “promover y garantizar el aprovechamiento responsable…. de los recursos naturales…”, en este caso se actuó de manera irresponsable a favor de este sector extractivista. La otra enseñanza que dejó este conflicto es que parecería que el próximo gobierno sea denominado de izquierda o derecha no podría gobernar sin antes hacer alianzas con estas corporaciones bajo estas viejas prácticas clientelares con círculos dirigenciales que no necesariamente puede abarcar a las bases sociales.


* Politólogo

Sea el primero en opinar

Deja un comentario