por: Miguel F. Jiménez Canido
Han transcurrido 15 años desde que en la capital del Perú, Lima, en sesión especial de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 34 gobiernos representando a sus países firmaron la denominada Carta Democrática Interamericana.
Fue un 11 de septiembre de 2001, día inmortalizado en la historia por los ataques terroristas en Washington y Nueva York. Para analizar desde Bolivia la valía de este instrumento jurídico deberíamos contextualizar que hace 15 años en nuestro país gobernaba Jorge Quiroga por sucesión constitucional; la República de aquél entonces se describía en función de la democracia pactada y del neoliberalismo. Hoy nos encontramos en un Estado Plurinacional que plantea una transformación en beneficio de la mayoría de los bolivianos en apego a la soberanía y dignidad del pueblo mismo.
Hace 15 años, se vivía tiempos de crisis económica, la OEA aun gozaba de buena salud porque no existían instancias intergubernamentales subregionales de consideración como la UNASUR o la CELAC, por citar algunos ejemplos, que le hicieran contrapeso.
Y es necesario precisar, de modo muy general, estas transformaciones ocurridas en el tiempo dado que los instrumentos jurídicos internacionales como la Carta Democrática Interamericana deben expresar las preocupaciones de los tiempos presentes sino se corre el riesgo del anacronismo y de no responder a la realidad de manera concreta.
El documento al que nos referimos, fue motivado por la emblemática crisis del Perú en 1992, razón por la cual la Carta se firmó en Lima nueve años más tarde. Su presidente de entonces, Alberto Fujimori, quien había sido democráticamente electo en 1990, disolvió el Congreso, suspendió la constitución y removió de sus funciones a más de una centena de jueces y fiscales.
Hasta ahora, la “Carta Democrática” fue aplicada en situaciones de crisis como la de Venezuela en 2002, frente al intento de golpe contra el Presidente Hugo Chávez, y en Honduras en 2009 ante el derrocamiento ilegal del Presidente Manuel Zelaya.
Si bien esta resolución, no Tratado internacional, ha sido útil para coadyuvar en la resolución de ciertos casos; actualmente parece demostrar que el alcance conceptual de la democracia que pregona e insta a defender ha quedado disminuida puesto que en varios países del hemisferio, especialmente en aquellos donde gobernaron presidentes progresistas que generaron procesos de reformas sociales y transformaciones estructurales la democracia se ha visto fortalecida, se han ampliado los derechos sociales y como en el caso boliviano se ha incorporado la democracia participativa y directa.
Estas consideraciones son propicias, hoy más que nunca, cuando semanas atrás el actual Secretario General de la OEA Luis Almagro invocó el artículo 20 de este instrumento jurídico internacional para la situación de Venezuela, identificando a título personal las supuestas serias alteraciones al orden constitucional y proponiendo al conjunto de los Estados miembros de la OEA recorrer las etapas que marca la Carta.
Bajo el argumento de que los “Estados miembros eligieron firmarla y así unirse al consenso sobre los principios que definen quiénes somos, en qué creemos y cómo interactuamos unos con otros” este funcionario internacional ha sorprendido con su accionar dado que sin que exista un antecedente similar ha descuidado la diplomacia y la neutralidad acusando a un país miembro y a su gobierno de afectar la institucionalidad democrática.
Sin lugar a dudas, este caso no marca un buen precedente para la organización ni para la región. El estado de situación actual es el haber dejado abierto un proceso de evaluación colectiva que incluye evaluar el contenido del informe de Almagro del 30 de mayo de 2016 por parte del Consejo Permanente, analizar los acontecimientos posteriores a esa fecha y decidir colectivamente qué camino tomar en el caso venezolano.
Entre tanto se abren varias cuestionantes sobre la posición del Secretario General Almagro respecto a la situación del Brasil y la destitución de Dilma Rousseff o ¿acaso no genera razonables dudas todo ese procedimiento utilizado para dejar fuera de su cargo a una Presidenta democráticamente electa?
Estos y otros temas son los generan mantos de dudas respecto a la posición de la Organización de Estados Americanos, su credibilidad y la de su principal funcionario administrativo. Por lo pronto, la Carta Democrática Interamericana en un nuevo aniversario de su firma plantea el desafío de imaginar una democracia en construcción que esté menos apegada a la concepción liberal republicana y tome en cuenta los procesos de trasformación que ocurren en países donde la soberanía estatal no se encuentra supeditada a políticas imperialistas y colonialistas.
* Lic. en Relaciones Internacionales.
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