septiembre 28, 2022

Agua, lo que se hizo y lo que no

por: José Galindo

La ciudad de La Paz no está acostumbrada a este tipo de sobresaltos. Sí, por otra parte, a marchas, enfrentamientos callejeros o bloqueos de rutas, pero no a cortes imprevistos de servicios básicos. El inesperado anuncio, hace dos semanas, de que la represa Hampaturi se estaba quedando sin agua provocó rápidamente un clima de histeria colectiva, empeorado por los medios de comunicación, que ahora expresan un clamor popular en busca de culpables y castigo.

Y lo hubo. Roberto Rojas, entonces gerente de la Empresa Pública de Agua y Saneamiento –EPSAS- fue destituido, aunque no inmediatamente. No obstante, algunas voces, entre ellas reconocidos opositores al gobierno de Morales, pidieron además, la renuncia de la ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, cosa que todavía no se ha dado. Como casi todo lo que sucede en Bolivia, el tema se politizó rápidamente, y ahora muchos actores buscan aprovechar esta situación para ganar o restar votos del lejano 2019.

Las causas del problema parecen ser estructurales y apuntan al cambio climático y los fenómenos de El Niño y La Niña como principales culpables de este mal, agudizado por una indiscutible ineficiencia en la administración de EPSAS.

Es decir, parece ser que la situación era difícil de evitar de todos modos. El nivel de las últimas precipitaciones no llega ni al 10% de las que se dieron en el mismo periodo del año pasado de acuerdo al servicio meteorológico del país, y esto es algo que se extiende a través de varios departamentos, como Tarija y Chuquisaca. Se debe añadir, también, la constante reducción de las capas de hielo de los principales nevados que se constituyen como fuentes superficiales de agua en la ciudad de La Paz, algo provocado, también innegablemente, por el cambio climático.

Pero la forma en la que se reveló este problema pudo haber sido, por supuesto, mucho menos dramática si la mencionada empresa hubiera alertado a tiempo sobre los decrecientes niveles de agua de la represa Hampaturi, que alimenta a la mayor parte de la ciudad de La Paz. De haber ocurrido esto, los cortes de agua hubieran sido mejor programados y tal vez se hubiera podido pensar en formas de mitigar o incluso corregir el problema.

Los análisis de la oposición apuntan a que el peligro es más serio que la eventual incapacidad de un funcionario público como mal ejemplo aislado. Se trata, para ellos, de un modelo de gestión pública basado en el prevendalismo de las organizaciones sociales y el partido de gobierno que pone a los menos indicados en los puestos más importantes. Si dicha generalización es correcta o no es algo que se tendrá que analizar posteriormente, mientras se trata de copar con la situación actual, que tampoco puede ser definida como una crisis.

Y es ahí donde reside otro de los problemas de esta coyuntura, donde los medios de comunicación parecen ser excelentes difusores de histeria colectiva. Este pánico, a su vez, es dirigido contra solamente uno de los muchos sujetos implicados: el gobierno central. Después de todo, la elaboración y ejecución de proyectos de agua potable, proyectos de riego y tratamiento de residuos sólidos son una competencia concurrente donde el gobierno central pone una legislación básica pero donde los gobiernos sub nacionales también adquieren responsabilidades, de acuerdo al Artículo 299 de la Constitución Política del Estado.

Pero, además, la terminología utilizada para abordar esta situación en los medios de comunicación también es incorrecta e inclinada a culpabilizar solamente al gobierno de Morales: el hecho es que hay cortes de agua programados por horas, días y distritos de la ciudad de La Paz. Es decir, no hay agua todo el día como se acostumbraba hasta hace poco. Y esto es algo que se puede clasificar dentro de la categoría de déficit hídrico, definido por la fundación World Wilde Life –WWF- como una situación que puede originarse por los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, contaminación excesiva o aumento de la demanda de agua en una sociedad.

No es lo mismo que crisis hídrica, donde la disponibilidad de agua consumible es menor a la demanda dentro de una sociedad. Es decir, al menos en la ciudad de La Paz, hay agua, pero no la suficiente si se proyectan las reservas hacia adelante. Es muy diferente que decir “no hay agua”, tal como ocurre en varios municipios de Tarija o Chuquisaca, donde la sequía provocó 150 millones de dólares en pérdidas económicas entre agricultura y ganadería sólo hasta julio de este año.

Esto no niega, de todos modos, que la situación sea seria y que requiera la planificación de nuevas medidas a futuro y una probable modificación de las prioridades del gasto público de los próximos años. Y es ahí donde está otra malinterpretación –accidental o intencionada- de muchos análisis al respecto. Decir que no se hizo nada al respecto del sector agua en el país es cuando menos exagerado y pretensioso, a lo mucho.

Los datos del sector son elocuentes: entre 1987 y 2005 el gobierno central invirtió 5.2 millones de bolivianos, mientras que entre 2006 y 2016 se destinaron a este sector 9.7 millones de bolivianos, casi un 40% por encima de anteriores años y gobiernos. En cuanto a riego, la inversión de los gobiernos que precedieron a Morales hasta 1987 fue de solamente 838 millones de bolivianos, mientras que desde 2006 hasta este año la suma total de estos proyectos alcanzó los 5.4 millones de bolivianos, cinco mil veces más, ampliando las hectáreas bajo riego de 40.847 a 164.346 entre 2006 y 2016.

De la misma forma, actualmente se encuentran en etapa de ejecución ocho proyectos relacionados a la provisión de agua que en conjunto suman 815.03 millones de inversión entre el gobierno central, gobiernos sub nacionales y fondos de cooperación. Estos son:

● Construcción de una represa en Alto Hampaturi

● Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Chuquiaguillo

● Construcción de una red de agua potable en Chuquiaguillo

● Construcción de una red de abducción de agua desde el Misicuni en Cochabamba

● Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en Albarrancho

● Construcción de un sistema de agua potable en los distritos 8 y 9 de Cochabamba

● Programa de alcantarillado y agua potable Guadalquivir, en Tarija

● Perforación de 10 pozos de agua potable para la ciudad de Tarija

Esto sin mencionar que las últimas tres versiones del Programa Mi Agua se han ejecutado 1891 proyectos con un costo total de 1.652.111.999 Bs.

La actual situación de déficit hídrico es dramática porque Bolivia no había vivido nada parecido desde hace 25 años y como tal debe ser encarada seriamente y no desde perspectivas interesadas en sacar réditos políticos de un contexto en el que millones de personas sufren esta privación. Y no me refiero con esto a los residentes de áreas urbanas cuyo racionamiento es puntual y programado, sino a las familias de áreas rurales que vienen sufriendo la falta de gua periódicamente desde siempre y cuyos problemas no se hacen visibles hasta que tocan las puertas de las clases medias.


* Politólogo.

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