septiembre 28, 2022

¿Quién o quienes son los responsables de la falta de agua y qué debemos hacer para solucionar esta crisis?

por: Nelson Jorge Rodríguez Castellón 

Si bien se sabe que este problema ha destapado una serie de irregularidades de fondo, también puede darnos la oportunidad de prepararnos con mayor conciencia para el cambio climático que ésta a la vuelta de la esquina y que traerá consigo una serie de cambios para los cuales no estamos preparados.

El 8 de noviembre del año en curso mediante una conferencia de prensa la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) anunció de manera sorpresiva que se daría inicio a un racionamiento de agua potable en 94 barrios de la urbe paceña, principalmente en la zona sur.

Según se explicó en su momento, este racionamiento se debía a que los niveles de agua de las represas de Hampaturi e Incachaca se encontraban muy bajos a consecuencia del cambio climático y el fenómeno del Niño. No es de extrañarse que el gerente de EPSAS Ruddy Rojas y el Director de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) Benecio Quispe fueran destituidos luego de ocho días de mal aprovisionamiento e incumplimiento de sus labores. A la fecha se sabe que el desabastecimiento para la ciudad de La Paz e incluso El Alto persistirá hasta inicios del 2017. Esta noticia no ha hecho más que generar malestares y preocupaciones en la población paceña que ya lleva más de dos semanas sufriendo de cortes, mala calidad de agua e incumplimiento de los cronogramas de abastecimientos, ¿pero quién o quiénes son los responsables de tal crisis?.

El 9 de abril de 2009 se promulgó el Decreto Supremo Nº 071 que crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social para seis sectores, entre ellos el de agua potable y saneamiento. EPSAS es intervenida por la AAPS el año 2013 ante ciertas irregularidades detectadas en los ámbitos financieros. La AAPS tenía la finalidad de realizar un seguimiento regulatorio al desempeño técnico, económico, financiero y comercial de EPSAS garantizando así el derecho humano de acceso al agua establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) Art. 20. III, la AAPS es una entidad que estaría supeditada al ministerio cabeza de sector (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) cuya máxima autoridad sería designada por el presidente del Estado amparándose en el parágrafo I del Art. 374 de la CPE. La AAPS debía encargarse de garantizar el aprovisionamiento de agua potable responsabilidad de EPSAS, tarea que no fue asumida con seriedad desembocando en la actual crisis paceña. Se debe mencionar que dentro de la estructura de la AAPS en la parte consultiva se encontrarían representantes de la sociedad que deberían haber estado realizando el respectivo control a nombre de la población.

En el ámbito competencial, los proyectos de agua potable son una competencia concurrente, como se especifica en numeral 9, parágrafo II del Art. 299 de la CPE, lo que nos da a entender que el cumplimiento de esta competencia es de responsabilidad de todos los niveles autonómicos y el Nivel Central del Estado (NCE),donde el NCE se encarga de la legislación (lastimosamente la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha emitido una nueva normativa referente a la provisión de agua potable y nos regimos por la Ley 2066 del año 2000),los niveles autonómicos ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. La materia competencial de agua potable es precisada en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), en al parágrafo I del Art. 83 donde se especifica que el NCE tiene la competencia de aprobar el régimen, políticas y programas de los servicios básicos del país, y todo lo concerniente a la regulación y planificación relativa a la intervención de dichos servicios, éste último punto concerniente con la AAPS. El numeral 1 del parágrafo II del Artículo 83 especifica que el NCE debe elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente proyectos de agua potable de manera concurrente, el principio de la subsidiariedad (según la LMAD)es la toma de decisiones y provisión de servicios básicos desde el gobierno más cercano, excepto por razones de eficiencia y escala que justifiquen proveerlos de otra manera y donde los órganos de poder público tendrán la obligación de auxiliar y sustituir temporalmente a aquellos que se encuentren en caso de necesidad(numeral 12, Art. 5 de la LMAD) tal y como se da con la actual administración de EPSAS y su interventora AAPS; el numeral 2 del parágrafo II del Artículo 83 de la misma ley, indica que los gobiernos departamentales tienen la competencia de elaborar, financiar y ejecutar subsidiariamente planes y proyectos de agua potable de manera concurrente y coordinada el NCE. Los Gobiernos Autónomos Municipales según el inciso c. del numeral 3 del parágrafo II del Artículo 83 de la mencionada norma tienen la competencia de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el nivel central del Estado, lo que significa que tanto los gobiernos departamentales y municipales están supeditados al régimen, políticas y planes del NCE, pero son los gobiernos municipales quienes deben proveer de estos servicios a sus respectivas jurisdicciones. Amparándonos en la LMAD, la provisión de agua es responsabilidad de las municipalidades en coordinación y bajo régimen del NCE. Esta no debe confundirse con la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos que son competencias del NCE y los gobiernos autónomos.

Ante la inexistencia de un plan de contingencia y una respuesta seria del gobierno central y los gobiernos autónomos (el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz cuenta con una propuesta que todavía no es dada a conocer), el NCE ha emitido el pasado 21 de noviembre el Decreto Supremo Nº 2987 que declara emergencia nacional por la sequía y el déficit hídrico en algunas regiones del país. Este decreto permite a los gobiernos subnacionales y al Ministerio de Economía y Finanzas realizar los ajustes presupuestarios correspondientes que permitan atender esta emergencia, una medida que no hace más que dirigir los recursos de las entidades públicas que no fueron ejecutadas en su momento y ahora tendrán un nuevo destino.

Todos los actores tanto del NCE y los gobiernos autónomos tienen cierta responsabilidad por no haber encarado este tema en su debido momento, el Plan Maestro Metropolitano para la provisión de agua potable (metropolización del servicio) para las ciudades de La Paz y El Alto como también los demás municipios de la Región Metropolitana de La Paz incluyendo a Pucarani fue de elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el año 2011 con un horizonte de 25 años donde se garantizaba la provisión de este líquido elemento y donde deberían concurrir entidades públicas nacionales, municipales y locales. Éste plan no fue asumido y quedó archivado.

Otra alternativa, pero de difícil consecución consiste en la municipalización de los servicios donde cada municipalidad de manera autónoma asumiría la provisión de agua potable tal y como indica la norma, pero se debe considerar que las redes de agua potable de las ciudades de La Paz y El Alto se encuentran cruzadas, son interdependientes, (lo que la hace inviable) haciendo más atractiva la primera opción.

En síntesis, las entidades del sector público como también de la sociedad civil tiene cierta carga de responsabilidad; el presidente del Estado designó al interventor de la AAPS, una autoridad que fue destituida con argumentos de incapacidad y negligencia; la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la obligación de elaborar y emitir una normativa que regule el servicio de agua potable, y de ser necesario, ésta nueva normativa debe asignar nuevas competencias o atribuciones a los gobiernos subnacionales bajo un proceso de descentralización. Esta tarea no fue cumplida; el Ministerio de Medio Ambiente y Agua era la entidad que estaría al tanto de las actividades de la AAPS, ahora, la Máxima Autoridad de éste Ministerio está a la espera su interpelación; los gobiernos subnacionales tuvieron en su debido momento la obligación de sumarse al Plan Maestro Metropolitano o proponer alternativas de gestión, como también planes, programas o proyectos alternativos que garanticen la provisión de agua potable a corto, mediano y largo plazo; y la sociedad civil que no fue capaz de realizar los adecuados controles establecidos en la CPE y la Ley 341. En cierta medida todos somos corresponsables de la falta de suministro de agua potable en las ciudades La Paz y El Alto.

Si bien se sabe que este problema ha destapado una serie de irregularidades de fondo, también puede darnos la oportunidad de prepararnos con mayor conciencia para el cambio climático que ésta a la vuelta de la esquina y que traerá consigo una serie de cambios para los cuales no estamos preparados, ahora más que nunca debemos empezar a planificar nuestro futuro, ejercer la ciudadanía activa mediante la participación y el control de todos los niveles de gobierno y plantear cual sería el mejor modelo de gestión para la provisión de uno o varios servicios para la Región Metropolitana de La Paz pasando por la municipalización, la metropolización del servicio de agua potable o la metropolización de todos los servicios con la creación de una entidad capaz de enfrentar las adversidades que se avecinan.


* Politólogo / nelroca89@gmail.com

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