Un informe sobre derechos humanos emitido por los Estados Unidos da cuenta –cuando no-, de que en Bolivia hay una violación de derechos humanos y cita como ejemplos –tampoco sorprende-, los procesos judiciales que enfrentan, por separado, Samuel Doria Medina y Leopoldo Fernández, a los que también suma a Gabriela Zapata.
El informe anual aprobado por el Departamento de Estado además considera que “los problemas más graves de derechos humanos en Bolivia” se tradujeron en “severas restricciones a la libertad de prensa” y cita como ejemplo el uso del poder judicial para limitar a los “medios de comunicación independientes”.
La toma de partido del Departamento de Estado por la causa de la oposición al gobierno del presidente Evo Morales es conocida. Desde enero de 2006 lo único que ha hecho es desplazar una campaña de desprestigio contra un proceso que ha seguido un rumbo diferente a los dictados de Washington y con los cuales se encuentran altamente identificados sus defendidos.
Lo realmente sorprendente es la grosera complicidad de los EE.UU. con los delitos de los que se imputa y/0 acusa, dependiendo del caso, en los ejemplos que cita para criticar la situación de los derechos humanos en Bolivia. En primer lugar, las víctimas y familiares de las personas heridas y asesinadas en El Porvenir, respectivamente, han aportado las suficientes pruebas contra el ex prefecto de Pando durante todo el proceso, cuya larga duración se debe más a las triquiñuelas de la defensa.
En el caso de Doria Medina, las pruebas de que con el proyecto FOCAS transfirió más de 20 millones de dólares a favor de una fundación privada –de socios miristas y emenerristas- con intereses por debajo de lo que Bolivia tuvo que pagar a Estados Unidos son muchas, con lo que se produjo una afectación a los intereses del Estado.
El informe estadounidense no matiza sus afirmaciones ni siquiera con algunos de los datos objetivos del proceso y solo se encarga de ser caja de resonancia de los argumentos de ambos políticos, quienes enfrentan la justicia no por ser opositores sino por la comisión de presuntos delitos en el cumplimiento de sus funciones. Es decir, la tesis de la “persecución política” solo es una muletilla para encubrir la verdad.
Pero no menos grosero es el informe sobre la situación de la libertad de prensa. Lo mismo sucede con su condena a la “severa” limitación de los medios de comunicación “independientes”. En primera, porque no hay un solo caso de condena de periodista alguno. El año pasado dos periodistas fueron presionadas a retractarse y pedir disculpas por meterse con falsedades en la vida privada de una Ministra de Estado, no por el gobierno o un órgano jurisdiccional sino por un tribunal de los periodistas, y otro comunicador fue conminado a retractarse por un juez al no presentar pruebas de la presunta participación de Evo Morales en la muerte de dos esposos cuando era dirigente sindical. En segunda, porque una observación mas o menos rápida de lo que escriben y dicen muchos periodistas contra el Jefe del Estado Plurinacional daría cuenta de los adjetivos calificativos que se emplean para ejercer su “libertad de expresión”, una práctica que no es tolerada en ningún país de las llamadas “democracias avanzadas”.
Y, finalmente, el denominativo de “independientes” para medios que desde enero de 2006 solo atinan a manipular y tergiversar la información, sin el menor cuidado en el tratamiento de la noticia que recomiendan estudiosos del periodismo mundial, es una manera más bien de confirmar que la oposición de derecha ante la falta de partidos representativos se refugia en los medios de comunicación.
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