por: Tatiana Dalence Montaño
A pesar de la tendencia obsesiva de ciertos actores políticos, la hoja de coca siempre tuvo un carácter legal según refleja la historia larga.
La producción de hoja de coca data de hace más de 4 mil años con una presencia geográfica desde los Yungas de La Paz hasta Nicaragua, aproximadamente; en ese marco es posible señalar que su presencia respondía a una determinada demanda, y se pueden discutir los fines que pueden haber sido desde medicinales, rituales hasta otros sociales y por lo tanto un uso restringido a estos motivos.
La colonia ya marco una diferencia en el consumo, socializándose el mismo, y demarcando algunas áreas de producción a las que cobraba impuesto y sobre las que normaban cantidades y tipo de personas para el trabajo.
Con la república el consumo pudo haberse modificado en algo por las características raciales que implicaban el consumo y la visión colonial de quienes estaban involucrados en este. La producción siguió dándose principalmente para abastecer a quienes la requerían.
En 1906, Europa efectuó una campaña legislativa contra la droga y el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt firmó el Pure Food & Drug Act, documento que pretendía garantizar el control de los denominados venenos y drogas peligrosas. Por entonces, Estados Unidos importaba dos toneladas de cocaína pura y 2.600.000 libras de hoja de coca, principalmente de Perú y Bolivia, en resumen, en las dos primeras décadas del siglo XX existió un activo comercio mundial de coca y también de cocaína, que era alentado desde las potencias capitalistas occidentales [1].
La comercialización dentro y fuera del país poco a poco fue regulada y normada hasta la convención de 1961 (Convención Única de Estupefacientes, firmada en Nueva York, en el seno de las Naciones Unidas [2]) en la que se sanciona a la hoja de coca y a uno los alcaloides como es la cocaína. Las convenciones de los años 1971 y 1988 ratificaran esta sanción y dieron normas para su erradicación junto a la de otras plantas como la adormidera y el cannabis, principalmente.
En ese entendido ya el año 1973, por Decreto Ley No. 11245, aprobado el 20 de diciembre la “Ley de Sustancias Peligrosas” [3]. Además, se debe subrayar que ese mismo año (1973), la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos Drug Enforcement Administration (DEA) inició oficialmente sus actividades policiales y de inteligencia en Bolivia, utilizando las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de La Paz.
El 17 de diciembre de 1976 la dictadura banzerista emitió el Decreto Ley 14.203 que modificó y endureció la Ley de Control de Sustancias Peligrosas. En dicha disposición se establecía también la inscripción y el registro de tierras destinadas al cultivo de coca. Ese mismo año, y producto de que el gobierno boliviano era un aliado tanto en la lucha contra el “comunismo” y contra la hoja de coca, el presidente Gerald Ford dispuso una ayuda de 45 millones de dólares para que se desarrollaran en Bolivia programas y proyectos en las zonas de cultivo de coca, destinados a la erradicación de la hoja y posterior sustitución por otros cultivos [4].
En mayo de 1981 fue creada la Dirección Nacional de Control de la Coca y a la par se formuló el “Plan Quinquenal de Reducción del Cultivo de la Coca”, que apuntaba a la interdicción de la producción de cocaína, y a la reducción del cultivo de la hoja de coca en dos fases: una voluntaria, a cambio de compensaciones; y otra obligatoria, erradicándose los cocales incluso utilizando herbicidas. Para ello, de forma arbitraria y sin consulta ni consenso con los productores, se definió un área asumida como “lícita” que abarcaba los Yungas del departamento de La Paz y de Cochabamba; y otra denominada como “ilícita”.
• Hay que tomar en cuenta que para el año 1981 en Colombia se cultivaban cuatro mil hectáreas de hoja de coca, lo que se transformaría una década después, vale decir para 1991 en 40 mil hectáreas, durante la administración de Belisario Betancur C. el tema de las drogas empezó a cobrar relevancia, tanto por el aumento de la producción como por la ola de violencia desatada por la presencia de carteles que asesinaron a políticos, funcionarios de la rama judicial, director de la policía de Medellín y de medios de comunicación.
• El primer operativo para la erradicación de cocales comenzó el 23 de abril de 1982, cuando los militares seguían en función de gobierno. Participaron en esa acción los efectivos de cinco compañías del Ejército de Bolivia, entre ellas la Séptima y la Octava División de Ejército, así como el Regimiento Ranger “Manchego”, a quienes se sumaron la Fuerza Aérea y la Policía Antinarcóticos. De este modo, las Fuerzas Armadas fueron involucradas en la erradicación de la hoja coca. La acción se desarrolló simultáneamente en el área de influencia del río Ichilo y en la región de Puerto Grether (Santa Cruz).
En agosto de 1983, Siles Suazo tuvo que firmar ocho acuerdos con los Estados Unidos, país que comprometió 80 millones de dólares para la llamada “Guerra contra las drogas”. Finalmente, esos recursos no fueron desembolsados en su totalidad. Entre los años 1982 y 1985 operó la Dirección de Reducción de la Coca (DIRECO), cuyo propósito fue el de implementar programas de erradicación de la hoja de coca, creándose de forma paralela la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) con fines de patrullaje, reconocimiento y operaciones terrestres y fluviales, la que desde sus inicios empezó a trabajar en estrecha colaboración con la DEA.
• El 3 de junio de 1985, UMOPAR disolvió una marcha y bloqueo de caminos de productores de hoja coca en la localidad de Huayllani, a doce kilómetros de la ciudad de Cochabamba. El saldo de la violenta intervención fue de cuatro muertos e innumerables heridos [5].
En diciembre de 1985, el gobierno boliviano presentó el “Plan Trienal de Erradicación de cultivos de Coca”, que fue señalado como una “ofensiva” para “romper la cadena del narcotráfico”. El Plan, que intentaba cuantificar el impacto económico del narcotráfico en Bolivia, partía de las mismas premisas ya señaladas en 1961, que asociaban indisolublemente coca con cocaína.
En julio de 1986, el llamado “Operativo Tempestad en el Alto Horno” (Blast Furnace), se tradujo en una verdadera maniobra bélica entre tropas norteamericanas y bolivianas en la zona del Chapare y provincias del Beni con la presencia de 160 infantes de marina y seis helicópteros Blackhawk, artillados.
A inicios de 1987, nuevamente los norteamericanos iniciaron en Bolivia, sin previa aprobación del Poder Legislativo como correspondía, la “Operación Corona de Nieve, hasta fines de 1989; lo que significo presencia de asesores militares norteamericanos a las Fuerzas Armadas de Bolivia, con el fin de llevar a cabo las operaciones de interdicción.
El 18 de julio de 1988, el presidente Paz Estenssoro firmó la llamada “Ley del Régimen de la Coca y Sustancias controladas”, más conocida como Ley 1.008, aprobada en el Parlamento Nacional, pero a iniciativa de Poder Ejecutivo.
El 15 de febrero de 1990, el presidente Jaime Paz Zamora suscribió la Declaración de Cartagena de Indias (Colombia) en la que resaltaban tres puntos: a) Intervención de las fuerzas armadas de los respectivos países; b) cooperación en materia de información e inteligencia; y c) erradicación y desaliento de los cultivos ilícitos.
El 9 de mayo de 1990 fueron firmados entre los gobiernos de Bolivia y el de Estados Unidos cuatro Anexos para la prevención integral del uso ilícito de drogas [6].
El año 1992, en la Cumbre de Presidentes de San Antonio de Texas, con el objetivo de crear una política común contra el narcotráfico en el hemisferio, se aprobó en términos operativos, una matriz punitiva y de alineación con Estados Unidos.
Entre 1993 y 1997 el gobierno de Sánchez de Lozada se embarcó en la “Opción Cero”, que consistía en transformar la zona del Chapare, en una suerte de parque ecológico e industrial bajo control y propiedad del Estado. Para ello se compraría sus tierras a los campesinos indígenas y se los trasladaría con sus familias a otros territorios agrícolas.
13 de julio de 1994 comenzó el “Operativo Nuevo Amanecer”, con el traslado de 800 efectivos de UMOPAR y la FELCN, militarizándose el Chapare, decretándose estado de sitio y promoviéndose detenciones y allanamientos que derivaron en muerte y violencia en contra de productores de hoja de coca [7].
En agosto de 1997, el ex dictador Hugo Bánzer Suárez asumió el Gobierno, esta vez por elecciones y alianzas parlamentarias. En acuerdo con sus socios norteamericanos enarboló el proyecto de “Coca Cero”, que suponía erradicar unas 47.000 hectáreas, es decir todas las sembradas en el Chapare y desplazar entre 25.000 y 100.000 personas hacia otras zonas para dedicarse a cultivos considerados tradicionales e inocuos.
El Plan Dignidad constaba de cuatro pilares: desarrollo alternativo, prevención, interdicción y erradicación. Se propuso la erradicación de coca excedentaria, en base a cálculos y estudios satelitales norteamericanos, también tenía como propósito acabar con el sindicalismo de los productores de coca. Para cumplir con este objetivo se creó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, cuerpos de élite de la Policía UMOPAR y por la Policía Ecológica, además de estar reforzada con una fuerza militar de mercenarios denominada Fuerza Expedicionaria (FTE), que desde el 2001 empezó a ser financiada por la embajada norteamericana en Bolivia [8].
En agosto del año 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió la presidencia en relación a la coca y su erradicación, decidió continuar con la política de sus antecesores [9].
• A manera de resumen el costo social de la implementación de la política de eliminación de la hoja de coca en el país tuvo los siguientes resultados 713 heridos, 64 muertos, 5 desaparecidos, 523 detenidos entre los años 1996 y 2005.
En octubre de 2004, mediante un Convenio con el Gobierno de Carlos D. Mesa, llegó a reconocerse para cada familia en el Chapare la posesión de un cato de coca. Este hecho fue clave para estabilizar la zona, a través de un piso mínimo de cultivos respetados.
La llegada al gobierno del Presidente Evo Morales A., permitió un viraje en el enfoque a la política antidrogas. Es evidente que el gobierno hace una clara distinción entre lo que es la responsabilidad compartida, y los fondos que de ella emergieren, de lo que es la injerencia extranjera en asuntos internos. En lo primero, Bolivia es y será siempre receptiva a articular esfuerzos con estados y organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.
* Experta internacional en temas de drogas y narcotráfico
1 Holanda, por ejemplo, que contaba con varias empresas de elaboración de cocaína instaladas en Ámsterdam, no halló mejor medio para no depender de la hoja importada de Los Andes, que cultivarla y producirla en sus colonias de Java y Sumatra. Por su parte, Inglaterra, Francia y Alemania —donde la farmacéutica Merck era una de las mayores productoras mundiales de cocaína— hicieron lo propio en sus territorios colonizados de Zanzíbar, Togo, Camerún y Nigeria. En 1927, Bolivia adhirió la Convención del Opio, con restricciones de no prohibir producción o uso de hoja de coca
2 La Organización de las Naciones Unidas, basándose en el Informe de 1950, incluyó en la Convención Única sobre Estupefacientes a la hoja de coca en la Lista de Estupefacientes, junto a la cocaína y la heroína, lo que significó por primera vez la criminalización de sus productores y consumidores. La Convención mencionó por primera vez como objetivo explícito poner fin a todos los usos tradicionales y ‘casi médicos’ de la hoja de coca (además de la marihuana y la amapola, consideradas equivalentes a la hoja de coca).
3 Esta Ley tuvo como fines: el control, fiscalización y regulación sobre las actividades de siembra, cultivo, cosecha, recolección, comercialización, distribución, expendio, uso, tenencia, entrega, posesión de plantas o partes de plantas que contengan materias primas para la producción y fabricación de estupefacientes y sustancias controladas y de las materias sintéticas que sirvan para la elaboración de sustancias peligrosas y la ratificación de convenios, con cargo de aprobación legislativa, se ratifican en todas sus partes de los convenios de 1961 y 19711 y los dos Protocolos Adicionales, realizados entre los gobiernos de Bolivia y Argentina en abril de 1973 y el suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y Estados Unidos sobre cumplimiento de condenas de fecha.
4 El 22 de abril de 1977 fue creado por el Decreto Ley No. 14.518 PRODES organismo público descentralizado, bajo la tuición de Ministerio del Interior y del Ministerio de Asuntos Campesinos, con el propósito de buscar y evaluar otros usos considerados “lícitos” para la coca. Igualmente, se proponía regular el cultivo y la producción de la coca introduciendo otras opciones productivas con cultivos aparentemente más rentables que la milenaria hoja. PRODES operó entre 1977 y 1982 sin mayores resultados que los de abrir un resquicio para la implementación de políticas intervencionistas en el cultivo de coca en Bolivia
5 Organizados en sindicatos y federaciones, los antiguos y nuevos productores de coca, iniciaron en 1984 una larga lucha de protesta y de resistencia contra la militarización del Chapare Tropical, exigiendo además que se separara y se distinguiera entre narcotraficantes y quienes se dedicaban a cultivar, cosechar y consumir hoja de coca. El resultado de esta demanda fue la represión en contra de estos últimos.
6 El Anexo I que señalaba la conveniencia de reducir el precio de la hoja de coca destinada a la elaboración y comercialización de estupefacientes por debajo de su costo de producción como principal estrategia para la eliminación de la producción y el tráfico de estupefacientes. El Anexo II se refería al plan integral de desarrollo alternativo. El Anexo III establecía las condiciones según las cuales el programa antinarcóticos requería la participación de las Fuerzas Armadas.
7 La inconformidad de los productores de hoja de coca condujo a que se convocara para el 29 de agosto de 1994 a la marcha “por la vida, la coca y la soberanía nacional” que partiendo de Villa Tunari tendría como destino final la ciudad de La Paz.
8 En contrapartida, producto de estas dos últimas acciones entre 1998 y 2001, se registró la confrontación más aguda y áspera entre productores de hoja de coca y el gobierno de turno, fiel representante de los intereses norteamericanos. El saldo fue de 11 cocaleros muertos, 5 desaparecidos y 72 heridos, todos en el marco de las protestas.
9 Entre el 13 y 28 de enero de 2003, con la presencia de tropas del Ejército en el Chapare. Alrededor de 5000 uniformados llegaron a la zona y reprimieron a los productores de hoja de coca dejando un saldo de 11 muertos y 56 heridos.
Leave a Reply