En casi la totalidad de los medios, se ha dado una cobertura sesgada e interesada al documento que bajo el título de Declaración Conjunta en Defensa de la Democracia y la Justicia, fue hecho público por un grupo conformado por dos ex presidentes-vicepresidentes (llegaron a la primera magistratura, por muerte en un caso y por renuncia en otro, siguiendo la sucesión constitucional), un vicepresidente que solo fue eso, un gobernador departamental, un alcalde municipal y un empresario privado dedicado al rubro gastronómico.
Sin embargo, más allá de lo que representan estas personas, si es que representan algo o a alguien, el documento de marras, refleja una pobreza deprimente en los puntos que plantea como observaciones dirigidas al gobierno, así como en su anuncio de acción, puesto que no resiste el mínimo análisis a la luz de la historia boliviana de la última mitad de siglo.
Pero veamos qué es lo que declaran los “notables” ciudadanos, expresidentes, vicepresidentes y jefes políticos.
Judicialización de la política
Hay que precisar dos aspectos del documento, porque una cosa es la independencia y coordinación entre poderes y otra, muy diferente, la creación de normas. No quisiera entender que al mencionar la independencia y coordinación añoran volver a la forma en que funcionó el poder judicial, para no ir más lejos, desde el primer gobierno del MNR a mediados del siglo pasado hasta los primeros años de este siglo XXI. El congreso elegía a los magistrados del poder judicial en base a los acuerdos de los partidos que formaban las coaliciones de gobierno, cada uno tenía una cuota y pare de contar. Nadie reclamaba meritocracia, ni comisiones especiales, ni cosas por el estilo. Salvo raras excepciones, que si las hubieron, los ministros de la Corte Suprema hasta 1994 y tras la reforma judicial, desde 1997, además los puestos de magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Agrario Nacional fueron parte del botín con el que se alzaban los integrantes de las colaciones gobernantes.
Y esos tribunales no solo estaban subalternizados a los mandatos del gobierno y de los caciques parlamentarios (dinosaurios y cardenales, entre otros), sino también a lo establecido por la embajada norteamericana. Tan solo un caso para recordar de como andaba la coordinación entre poderes y la judicialización de la política o la politización de la política, que no es lo mismo pero es igual, fue el caso de los ministros de la Corte Suprema Edgar Oblitas Fernández y Ernesto Poppe Zubieta, a quienes se les dio muerte civil por no responder a esos mandatos. Una larga lista de ejemplos podrían graficar mucho más esta añorada independencia y coordinación de poderes.
Resulta totalmente ambiguo mencionar “normas arbitrarias a su medida”, sin señalar específicamente a cuáles se refieren. Todas las leyes sancionadas y promulgadas durante los últimos once años han seguido el procedimiento legislativo y, por tanto, no se puede hablar de arbitrariedad. Por otra parte, todos los procesos contra exautoridades de Estado, nacionales, departamentales o municipales se realizan en base a normas vigentes con anterioridad a la comisión de los delitos por los cuales se los enjuicia; varias de estas normas, sino la totalidad, fueron aprobadas en los gobiernos de los que algunos de los firmantes fueron parte. ¿Habrían sido aprobadas en forma arbitraria? Ellos deben saberlo muy bien.
Perseguidos políticos fueron los dirigentes sociales y políticos que durante los gobiernos anteriores a 2005 fueron apresados, confinados e incluso exiliados, sin ningún tipo de proceso, bajo normas de excepción como los estados de sitio. Perseguidos políticos no son quienes hoy deben responder ante la justicia por los delitos que cometieron en el ejercicio de las funciones públicas que desempeñaron, por los negociados y por los daños que ocasionaron al erario nacional. Es evidente que el sistema judicial boliviano no es de los mejores, pese a los muchos intentos que se han realizado por mejorarlos, pero hay que señalar claramente que este sistema envilecido y enviciado es herencia de más de 150 años de gobiernos republicanos. En once años no ha sido posible cambiar totalmente este sistema, es más se han cometido muchos errores en este intento, como por ejemplo mantener la estructura de vocales departamentales y jueces casi en su totalidad, lo que ha determinado que las malas prácticas de la administración de justicia se mantengan.
Afirmar que el procesamiento a exautoridades de estado por los delitos cometidos en sus funciones evitaría la “conformación de alternativas democráticas”, revela la incapacidad y la mediocridad de una oposición que no solo no ha tenido la capacidad de presentar a Bolivia una propuesta propia, sólida y viable de país, sino que ni siquiera ha tenido la capacidad para la renovación de sus cuadros políticos y menos de sus liderazgos.
Órgano electoral
Para no perder la falta de coherencia, señalan que el Tribunal Supremo Electoral condujo con idoneidad el referéndum de 2016 para inmediatamente después poner en tela de juicio y dudan de la neutralidad en el futuro. Me parece que varios de los suscribientes de la declaración sienten una enorme nostalgia por volver a que la “banda de los cuatro” sea la que administre los procesos electorales, a tener un tribunal electoral como el de aquellos tiempos. ¿Con que moral se puede hablar ahora de “la necesidad de una imprescindible neutralidad del órgano electoral”? Adelantándose a la eventualidad, casi segura de la derrota, hay que descalificar al árbitro. El árbitro es bueno cuando se gana y es malo cuando se pierde, suena familiar el discurso de la derecha en varios países, ¿verdad?
Vulnerar la soberanía del pueblo
El referéndum de febrero de 2016 arrojó como resultado una votación, en porcentajes de 51,31% para el NO y 48,69% para el SI, en números absolutos es obviamente un empate
porque prácticamente la diferencia es tan pequeña que no puede considerarse una victoria de unos ni una derrota de otros. Evidentemente una mitad del electorado voto por el NO y otra mitad se inclinó a favor de la reelección del presidente. Esa consulta se realizó y hay un resultado y más allá de las condicionantes y manipulación que se hizo del electorado para inclinar la balanza por el rechazo a la reelección, está ahí y nadie lo puede cuestionar, pero de la misma manera, el propio ordenamiento constitucional prevé otras posibilidades de consulta, partiendo de que la ciudadanía y los percepciones y comportamientos democráticos son dinámicos y no están grabados en piedra, por lo tanto es absolutamente legal y legítimo volver a preguntar al ciudadano, sobre este o cualquier otro tema y será pues la ciudadanía la que se pronuncie. Eso es democrático, ¿verdad? Cualquier postulación del presidente Evo Morales, con seguridad será en el marco del ordenamiento constitucional vigente.
Elecciones judiciales
Al fin algo cierto, también coincido en el fracaso del órgano judicial, fracaso que sin embargo no se remonta únicamente a las inéditas elecciones de 2011. El sistema judicial está colapsado y viciado desde hace muchísimo tiempo y tocó fondo durante el apogeo del neoliberalismo, cuando se convirtió en el brazo operativo del proceso de descapitalización de latrocinio de la patria. La comisión que proponen para la preselección de postulantes no está contemplada en la ley. Esta es una atribución de la asamblea legislativa, cuyos integrantes fueron elegidos democráticamente y son los verdaderos representantes de la voluntad del pueblo expresada de manera libre y soberana a través del voto. Obviamente no se trata solo de buscar la mejora del sistema judicial, sino de utilizar, como lo hicieron en 2011, estas elecciones para descalificar no solo a quienes resulten elegidos como autoridades del órgano judicial, sino al proceso de transformación histórica que vive Bolivia y utilizar como cabecera de playa de una conspiración antidemocrática en contra del gobierno. Si la derecha hubiese tenido la intención de mejorar el sistema judicial, pudo haberlo hecho desde hace medio siglo atrás, pero nunca lo hizo, por que se sentían mejor con una sistema judicial a su medida.
Acción de Unidad
Al parecer no les queda otra alternativa que la unidad entre opositores, si quieren cobrar alguna vigencia, puesto que por separados no solo son insignificantes cuantitativamente sino que son incapaces cualitativamente en términos de propuestas al país. Protestar y denunciar es justo derecho de todo ciudadano, lo correcto sería que lo haga con fundamento y con veracidad, aunque seguramente es mucho pedir a esa oposición. Unidos o separados tendrán que someterse al juicio del pueblo en las urnas, lo demás es puro cuento o el argumento para justificar sus acciones conspirativas que son diseñadas y ordenadas desde el norte.
Esta podría ser una contradeclaración, pero no soy ni expresidente, ni exvicepresidente, ni menos dirigente de ningún partido, apenas un ciudadano boliviano que no olvida su historia y no está dispuesto a que nos vuelvan a robar la esperanza, la dignidad y el orgullo de ser bolivianos, recuperado en el último decenio.
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