La libertad de expresión reivindicada por algunos solo se queda en la retórica, en el mejor de los casos, o en un uso político instrumental. Un exviceministro y periodista de años cuenta un hecho que le tocó vivir en 2008, en un momento delicado para el proceso de cambio.
Corrían los últimos días del otoño de 2008 y el país se encontraba al borde de una confrontación de consecuencias imprevisibles, debido a los movimientos separatistas generados en la autodenominada “media luna”, un grupo de profesionales e intelectuales, simpatizantes del proceso de transformación encabezado por el Presidente Evo Morales, había elaborado un manifiesto de respaldo al gobierno y obviamente de crítica a los separatistas. Varios de ellos amigos míos, conocedores de mi trabajo en medios, me habían contactado para que pudiera orientarles en la publicación de este documento en periódicos de varias ciudades. Averiguamos precios y sobre esa base, ajustando sus recursos, optaron por hacerlo en tres diarios de las ciudades del eje central. Uno de ellos era considerado el más importante de Santa Cruz, ciudad en la que por razones obvias les interesaba de sobremanera se hiciera público este manifiesto.
Acudimos a una oficina situada en un edificio de la avenida Mariscal Santa Cruz en La Paz, que no era precisamente del diario en cuestión, sino una empresa de publicidad, la cual tenía a su cargo la exclusividad del avisaje que se generaba en la sede de gobierno para ese medio de comunicación. Hablamos con el encargado de esa agencia, acordamos un precio, nos pidió el carnet de identidad del responsable, pese a que el documento llevaba nombres, firmas y número de cédulas de identidad, realizamos el pago (nada módico desde luego) y quedamos en que el domingo próximo sería publicado en la edición principal del diario en un espacio algo menor a una página del tabloide (como robapágina).
En la tarde del mismo día, quien se registró como responsable de la publicación, me llama por teléfono y me dice que le habían pedido ir a la oficina donde se recibían los avisos y solicitadas que al parecer se había presentado un inconveniente. Acompañé presuroso al compañero y la misma persona que muy animadamente nos recibió por la mañana, con el semblante cambiado, con tono de seriedad nos dijo que lamentablemente desde Santa Cruz le habían indicado que ese manifiesto no se publicaría en su medio. Cuando indagamos por las razones, se limitó a señalarnos que se trataba de una decisión de Santa Cruz, que desconocía detalles y que solo cumplía instrucciones. Con un sentimiento que mezclaba frustración y bronca; sin embargo, decidimos agotar nuestras gestiones (no hay peor gestión que la que no se hace) y optamos por llamar directamente a la oficina del periódico en la capital oriental. Indicamos todo el trámite realizado en la agencia paceños y explicamos que se trataba de una publicación que en absoluto tenía contenidos que pudieran impedir su publicación, la encargad nos comunicó con varias personas, nos dijeron que volverían a hacer las consultas y que volviéramos a llamar en unos minutos; volvimos a llamar y la respuesta esta vez fue definitiva: el manifiesto era contrario a la línea del periódico por lo cual rechazaban su publicación. Nunca nos dijeron cuál era la línea del periódico pero era fácil suponerlo. El manifiesto no se publicó en ese periódico, pese a que no llevaba ninguna palabra ofensiva, no contenía insultos, ni pretendía manipular información alguna, solo era una opinión reflexiva de un grupo de ciudadanos bolivianos que por imperio del poder de los dueños de los medios no pudieron ejercer su derecho a expresarse libremente.
Han trascurrido cerca de diez años de aquel anecdótico incidente y seguramente no tuviera mayor relevancia que la de una anécdota, sino fuera que aquellos sectores empresariales mediáticos que se alinearon en el separatismo en ese entonces hoy se constituyen en la punta de lanza de la ofensiva desestabilizadora en contra del gobierno del Presidente Evo Morales, bajo una estrategia similar a ola de ese entonces. En 2008 fue impedir que otras voces que no fuesen la suyas hicieran públicos sus puntos de vista (ni siquiera en espacios pagados), hoy es a través de la mentira y la manipulación informativa que pretenden que al público solo le llegue la línea de esos medios, íntimamente relacionada y abiertamente identificada con la desestabilización del proceso y su servilismo a intereses antinacionales.
Libertad de prensa y libertadde empresa
Quienes son dueños de esos medios de comunicación y sus empleados incondicionales se llenan la boca hablando de democracia y de que la condición fundamental para la existencia de esta es la libertad de prensa, hablan de una prensa libre e independiente y objetiva, es decir, hablan de una ficción, de una realidad inexistente y utilizan su “libertad de empresa” para hacer política.
La agenda informativa de los medios “independientes” casualmente es coincidente en todos los aspectos y detalles, poniendo en evidencia que esta no se genera precisamente en las salas de redacción, sino que responde a una estrategia digitada desde alguna legación diplomática y que luego es transmitida por conducto regular a quienes operan los medios.
El periodista-reportero, recorre las calles, busca la información, trata de verificar fuentes, valida sus datos, redacta su noticia y ahí concluye su trabajo. Y ahí comienza la otra historia, la que no la quieren contar ni los periodistas ni los que manejan los medios. Se reelabora la noticia bajo los criterios de línea del medio, se le da el titular de mayor impacto político aunque no refleje en absoluto lo que dijo o lo que quiso decir el periodista, recursos hay muchos para tergiversar o manipular la información, como aquello de “fuentes bien informadas”, “sondeos de opinión”, “personas que pidieron reserva” o “estudios de varias instituciones” y una larga fila de etcéteras que coadyuvan para lograr el resultado buscado por quienes son los dueños de la verdad, los dueños de la información y desde luego los dueños de los medios. Esa es la libertad de prensa que predican, libertad para decir lo que les dé la gana.
Entre tanto, los periodistas, los reporteros y todo el personal que trabaja en los medios, tienen niveles salariales bajos que no condicen con la importancia del trabajo que realizan, en muchos casos no tienen cobertura de salud, ni menos un seguro de riesgos laborales, están impedidos de sindicalizarse para defender sus derechos y se encuentran en una situación permanente de precariedad laboral.
¿Persecución a la prensa y a los medios?
La SIP y otras organizaciones empresariales de medios de manera reiterada se victimizan señalando que en Bolivia la situación de la libertad de prensa está en riesgo y que los medios y los periodistas son víctimas de acoso y persecución.
La libertad de prensa de la manera que ellos la ejercen, como se puede observar todos los días con solo mirar las portadas de los periódicos o colocarse frente a las pantallas de televisión, goza de buena salud, pues les permite mentir abiertamente, acusar sin fundamento y hacer política desde los medios. Si la libertad de prensa en Bolivia está en riesgo no es porque el Estado no la garantice, sino todo lo contrario, porque la ciudadanía está a punto de llegar al hartazgo de la forma cínica e irresponsable en que se trafica y se negocia con los contenidos informativos.
No tengo conocimiento de ningún medio de comunicación que en los últimos once años se haya cerrado o haya sido obligado a suspender sus actividades por una disposición del gobierno. Es más, de manera exageradamente flexible se han ampliado plazos para la regularización de la situación de los medios radioeléctricos, de acuerdo a la ley de telecomunicaciones, con la única finalidad de que signa en el aire voces múltiples. ¿Hay persecución contra los medios entonces?
Los medios de comunicación en su mayoría, son emprendimientos comerciales, algunos pequeños, familiares y otros verdaderamente empresariales. Los menos son de carácter cultural o confesional y desde luego están también los estatales que son administrados por las gobernaciones, los municipios, las universidades y unos pocos por el ministerio de Comunicación.
Quien emprende una actividad comercial en cualquier rubro sabe que debe ganarse un puesto en el mercado con la calidad de su producto o de su servicio y que aquello le significará lograr utilidades acordes con su inversión y su trabajo. No se establece un negocio para vender exclusivamente a un potencial cliente (salvo rarísimas excepciones) y, por tanto, a no ser que exista un acuerdo previo con el cliente, éste no tiene ninguna obligación para con quien es el dueño del negocio. Algo parecido hay que entender en la relación de los medios de comunicación y la publicidad del Estado. Los medios, entre otras cosas, venden espacios de publicidad y son ellos ponen los precios, bajo las leyes del mercado seguramente ya que no existe ninguna norma que los regule. Si el Estado a través de sus distintos niveles (nacional, departamental, municipal) decide adquirir esos espacios seguramente responde a determinados criterios que beneficien a las instituciones que hagan uso de esos espacios en la difusión de determinados mensajes y que estos lleguen a públicos previamente establecidos que son la meta de esos mensajes.
No es coherente desde ningún punto de vista que los empresarios de los medios señalen que la asignación o no de publicidad estatal para todos los medios sea una obligación. Para empezar no hay una norma que así lo señale, pero además el sentido común nos muestra que esto no es correcto. Cada instancia estatal definirá cuanto invierte en publicidad, con qué motivo y para qué público. Así los municipios y las gobernaciones utilizan los medios que mejores resultados les pueden ofrecer en sus objetivos comunicacionales y el gobierno central seguramente prioriza sus propios medios. Si un emprendimiento comercial no logra ingresos suficientes para su funcionamiento y su pervivencia, es probable que no sea responsabilidad del gobierno central, de las gobernaciones ni de los municipios. Tendrá que analizar si la calidad de su trabajo y sus contenidos son de interés público y despiertan interés en los anunciantes o si por el contrario, no tienen mayor relevancia en las audiencias; en este último caso me imagino que sería mejor que piensen en cambiar su rubro de actividad comercial.
Hemos transitado esta última semana entre el día dedicado a la libertad de prensa y el día en que se homenajea a los periodistas: fuera de los lugares comunes a los que habitualmente nos tienen acostumbrados en estas ocasiones, creo necesario recordar a los que lo olvidaron y advertir a los que no se dieron cuenta de que la libertad de expresión y el acceso a los medios de comunicación, son derechos de todas y todos las bolivianas y los bolivianos.
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