por: Maysa Ureña Menacho
La Oficina en Bolivia de las Naciones Unidas para los derechos humanos, concluye su mandato en diciembre del 2017. El gobierno decidió el año pasado, no renovar el Acuerdo tal como se hizo en ocasiones anteriores. Mucho se ha escrito criticando esta decisión, sin tener pleno conocimiento de la situación.
Para empezar es importante destacar que el derecho internacional de los derechos humanos establece que es obligación de los Estados: respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho) los derechos humanos.
La propia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece en su artículo 13.IV que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.”
Por lo tanto, reitero, la responsabilidad para el respeto, protección y realización de los derechos humanos es solamente del Estado y no de las oficinas de Naciones Unidas.
El objetivo de la presencia de la Oficina en Bolivia, “oficina de país” como se denomina en el léxico de la ONU, fue la asistencia técnica al gobierno y la cooperación para el desarrollo de capacidades nacionales de largo plazo, que permitan la implementación de los Tratados Internacionales de derechos humanos ratificados por el país.
Esta Oficina de Naciones Unidas, se instaló en Bolivia el 13 de febrero del 2007, por invitación del gobierno boliviano, mediante la firma de un Acuerdo entre las partes. El objetivo explícito en ese Acuerdo dice: “…la Oficina observará e informará sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades bolivianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Bolivia…”.
En las disposiciones finales del Acuerdo se prevé la finalización del mandato de esta Oficina en los siguientes términos: “…el Acuerdo caducará seis meses después de que cualquiera de las Partes notifique a la otra de su decisión de poner fin al Acuerdo…”. Es decir, que la finalización de la presencia de esta Oficina en el país, no es el fin del mundo. Solamente es la finalización normal y previsible de una Oficina de Naciones Unidas que además está pasando por una crisis económica y financiera, que le obliga a la racionalización de sus actividades a nivel mundial.
Por otra parte es importante destacar que actualmente solo existen 14 “Oficinas de País”. Es decir que la representación en terreno de la Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, solamente está presente en 14 países del mundo y de estas, 4 en América Latina: Bolivia, Colombia, Guatemala y México.
Finalmente es importante destacar que la presencia de la Oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos, tuvo un rol muy importante durante la implementación de la nueva Constitución Política en el naciente Estado Plurinacional. Fue un activo promotor, junto a la sociedad civil organizada, de la institucionalidad para los derechos humanos en el aparato estatal. De esta manera es que ahora podemos contar con instancias como: las Comisiones de Derechos Humanos en las Cámaras de Senadores y de Diputados; la Institución Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (más conocida como Defensoría del Pueblo); los Viceministerios de Justicia y Derechos Fundamentales, de Justicia Indígena Originario Campesina y de Igualdad de Oportunidades; el Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) con la misión de defender los derechos de la sociedad, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Plurinacional de Seguimiento, Monitoreo y Estadística de Recomendaciones sobre Derechos Humanos en Bolivia (SIPLUS-BOLIVIA), el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE) y un largo etc.
Por supuesto que todavía tenemos muchos desafíos por delante para el cumplimiento pleno de los derechos humanos, al igual que todos los países del mundo. Lo que corresponde ahora es que la institucionalidad creada funcione como debería para lograr el respeto, protección y realización de los derechos humanos para todas y para todos. La sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, haremos vigilancia y control social para que así sea.
* Lic. Relaciones Internacionales.
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