por: Andrés Sal.lari
Con la profundidad de siempre, el periodista y productor argentino Andres Sal.lari, nos ha-ce un análisis de la situación de “Los 9” bolivianos detenidos injustamente por las autoridades chilenas en marzo pasado, un día antes de que Bolivia presente la réplica ante La Haya.
La detención de los 9 funcionarios bolivianos en la zona fronteriza de Colchane-Pisiga tiene una historia oficial y hechos reales que no han sido incluidos en este relato.
Veamos la crónica publicada aquellos días por el portal de la radio Bio Bio, una de las más influyentes de Chile:
Agentes de la subcomisaría de la comuna Colchane, en la región de Tarapacá, detuvieron este domingo a 2 militares y 7 trabajadores de Aduanas bolivianos armados luego de que intentaran asaltar a mano armada a un camión chileno cargado de mercadería en el salar de Coipasa, que pertenece a Chile.
Los carabineros se encontraban las inmediaciones de la localidad de Cariquima cuando fueron informados de que personal militar boliviano se encontraba fiscalizando al oriente del sector conocido como Panavinto.
Según el parte policial, camiones militares bolivianos y civiles de ese país controlaban los camiones en territorio chileno, en las cercanías de la frontera, con la clara intención de robar los vehículos y la mercadería del transporte que llegaba al lugar.
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, confirmó la situación e indicó que se produjeron incidentes entre los militares bolivianos y los dueños de camiones que iban a ser asaltados: incluso habrían disparado contra los civiles ya que uno de los vehículos tendría impactos de bala.
En primer lugar hay que explicarle a Bio Bio que el maravilloso Salar de Coipasa no pertenece a Chile. Esta maravilla natural digna de recorrer pertenece a Bolivia. El error es insultante; ya sería hora de que este tipo de tergiversaciones para promover una animadversión contra Bolivia dejen de promoverse desde medios de comunicación masivos.
El relato oficial, que impulsaron estos medios de comunicación masivos fue decidido por el gobierno en esas primeras horas, es por eso que la presidenta Michelle Bachelet afirmó muy suelta de cuerpo que los 9 bolivianos habían ingresado a territorio chileno a robar.
Pero si Ud. repasa la misma publicación periodística citada, podrá observar que entre el primer y el segundo párrafo incurre en una contradicción flagrante. En el primero afirma que estaban robando y en el segundo informa que estaban fiscalizando, como efectivamente ocurrió.
Otro aspecto fundamental que no hay que dejar pasar es que quienes denuncian el supuesto delito de los bolivianos no son ciudadanos imparciales, son los contrabandistas chilenos.
A estas alturas, todas las autoridades chilenas admiten off the record que los 9 bolivianos no estaban robando. Eso está fuera de discusión -pero claro-, extraoficialmente.
Las mismas fuentes a las que tuve acceso en esta ciudad afirman que en el accionar de las fuerzas bolivianas, estas ingresaron a territorio chileno y utilizaron sus armas de fuego contra los contrabandistas chilenos. La versión pareciera verosímil, lo más lógico es que ante el fuego abierto por las tropas bolivianas, los contrabandistas chilenos se hayan desbandado para acudir al auxilio de los carabineros chilenos. Son especulaciones propias.
El relato oficial omite otro dato trascendente.
Antes de ordenar el traslado de los 9 de la frontera a tierras bajas de la pampa chilena, la intendenta de Tarapacá, Claudia Rojas, mantuvo una conversación con autoridades superiores del Ministerio del Interior. Estos podrían haber ordenado la devolución de los funcionarios bolivianos al otro lado de la frontera. Sin embargo dieron luz verde a la intervención de la fiscalía. Esto quiere decir que hubo una orden política para judicializar el caso e impedir su pronta resolución.
Los motivos obedecen a índoles de política interna (electoral) y a una sumisión sistemática de Santiago a los intereses de Washington, para quien mantener en vivo la tensión entre los dos vecinos sureños es de vital interés, sobre todo mientras el gobierno boliviano no responda a sus intereses geopolíticos.
Pero si en un principio mostrar dureza con Bolivia podía tener réditos electorales; hoy, con la certeza de que los funcionarios no estaban robando, el caso más bien termina por afectar la imagen internacional de Chile y permite la victimización de Bolivia, esto no es para nada conveniente en el marco de la demanda ante La Haya.
Los jefes militares de Tarapacá fueron varios pasos delante de las autoridades políticas y judiciales. Los generales Fernando Petit Molina, Jefe de la Primera Zona de Tarapacá de Carabineros y John Griffiths Spielman, Comandante del Comando Conjunto Norte del Ejército de Chile, hubieran preferido que los 9 funcionarios bolivianos fueran devueltos inmediatamente al otro lado de la frontera.
La resolución política que generó la detención y judicialización de las primeras horas fue festejada por el jefe de la Fiscalía regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, exoficial de la Armada chilena y reconocido ultraderechista en Iquique. En su militancia dentro de las redes sociales puede evidenciarse su admiración por Agustín Edwards, apologista y cómplice de la dictadura de Pinochet; su indignación por los sucesos en Venezuela; su admiración por la dirigente fascista venezolana María Corina Machado y críticas contra Rafael Correa o el gobierno de Corea del Norte, entre otros. Un perfil absolutamente reñido con el del cargo que ostenta.
Con estos antecedentes, Arancibia no cumple con los requisitos elementales de objetividad e imparcialidad necesarios para operar en el ámbito de la justicia. Arancibia oscila entre su deseo de escarmentar a Bolivia y las presiones que recibe del poder político para poner fin al absurdo. En ese contexto el canciller Heraldo Muñoz parece haberle marcado la cancha y tras una reunión amable con tres abogados bolivianos y el iquiqueño Claudio Vila, Arancibia terminó por acordar que se llevará adelante un proceso abreviado con fecha de definición fijada para el próximo 20 de junio.
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, fue el encargado de dar rienda suelta a la noticia, que fue recibida con miradas de desconfianza en La Paz.
De esta valoración surge otro punto clave. Durante ese proceso abreviado, los 9 tendrían que admitir que ingresaron a territorio chileno para ser liberados.
Si el anuncio del proceso abreviado ya fue realizado se sobre entiende que ya hay un acuerdo previo para que los 9 admitan que ingresaron a territorio chileno. Pero en estas arenas movedizas mejor es no dar nada por sobre entendido.
Durante esta cobertura en la que tuve la oportunidad y el privilegio de abrirles a nuestros lectores y a nuestros televidentes de Ojo con los Medios y del Abya Yala esta ventanita de manera absolutamente exclusiva desde Iquique, necesito contarles desde un punto de vista estrictamente personal que toda esta situación me parece un gran sin sentido.
He tenido la oportunidad de hablar con los iquiqueños, de percibir en muchos de ellos el enojo y la distancia con Bolivia. Enojo y distancia simbólica que tiene su origen en una invasión y una confrontación bélica de la que ya pasaron 138 años, que no tuvo nada que ver con pueblos, pero sí con oligarquías e imperios (el británico en ese caso).
Y me cuesta entender y aceptar que pueblos tan iguales, que hablamos los mismos idiomas, que bailamos los mismos ritmos, separados por tan pocos kilómetros, podamos aceptar de manera tan sumisa esta distancia, esta separación inoculada –y disculpen la redundancia- por un grupo de oligarcas e imperialistas casi 150 años atrás.
* Desde Iquique.
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