por: Humberto Claros
La descolonización fue un asunto central, elemental y estructural en la Asamblea Constituyente; de hecho, tan central que se lo planteó como uno de los principales objetivos de una nueva Constitución Política del Estado; las constituciones anteriores y la estructura política del país era evidentemente una de marcada herencia colonial, con una historia de permanente exclusión de pueblos indígenas y sometimiento ante potencias extranjeras.
No por nada el preámbulo de la CPE dice que “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…”.
Pero la colonialidad no obedece solamente a la arquitectura del país que heredamos, sino también al comportamiento social y político de la población, que se expresa en fenómenos como el racismo. Esa colonialidad también involucraba el sometimiento de la soberanía nacional ante hegemonías mundiales; en este caso, del imperialismo norteamericano ante el cual había un sometimiento absoluto en términos económicos y políticos.
¿Cuánto avanzamos en la descolonización?, Veamos…
En términos de “soberanía política” el Estado ha dado un salto importante e innegable. Bolivia ahora no requiere de las recetas del FMI o el BM en términos económicos, ni requiere su aprobación, ni de ninguna otra potencia, para implementar su política económica.
Pero lo más simbólico de esta tendencia se visibiliza, primero, con la nacionalización de los recursos naturales; y luego, con la expulsión de la DEA, USAID y el mismo ex embajador norteamericano Phillip Goldberg.
Es pues indignante recordar que para ser ministro de Estado en Bolivia, se tenía antes que tener aval de la embajada norteamericana, sin mencionar el saqueo de nuestros recursos naturales. Estos son algunos ejemplos de la etapa neoliberal del país. Seguramente encontraremos otros más avergonzantes durante las dictaduras militares de la Operación Cóndor.
Se trata del histórico reclamo por una construcción sólida de soberanía económica y política, aunque claro, siempre estarán al acecho los llamados “vendepatrias”. En este aspecto, Bolivia se ha dignificado y el sometimiento ante potencias extranjeras es cosa del pasado.
También es importantísimo considerar la realidad en términos de estructura administrativa interna, aspecto en el que se ha avanzado tanto, con el objetivo de alcanzar la descolonialidad de nuestro Estado. Si bien nuestra CPE define ahora al país como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario y Autonómico, lo cierto es que la tarea de emprender la reconfiguración de nuestra división política y administrativa no es una sencilla.
En aquel sentido, preocupa más la implementación de las autonomías indígenas por su lenta aplicación y porque algunas iniciativas fueron rechazadas en referéndum; no obstante, la experiencia de Charagua alentadora en este sentido.
¿Por qué hablamos de autonomías en el proceso de descolonización? Pues porque básicamente tiene que ver con una forma propia de administración y gobierno que las regiones deben construir; también se trata de un histórico reclamo de los pueblos indígenas. El Estado colonial había impuesto lógicas administrativas y de gobierno que no tenían nada que ver con la realidad de nuestros pueblos.
También se han dado avances fundamentales respecto a formas de discriminación de género y generacional. Se rompe, entonces, la lógica de que la juventud no puede asumir cargos de representación política o que las mujeres asumen cargos solamente en la lógica de cuotas con “discriminación positiva”; en tal sentido la paridad y la alternancia es un avance sustancioso tanto así que, hoy por hoy, ya ha iniciado el debate de lo que algunos llaman “la Democracia Paritaria”, que seguramente será tema de debate en una nueva ley de organizaciones políticas.
Hay que mencionar la creciente representación política de la mujer en el legislativo. Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo en este aspecto; en que ocupa el primero respecto a juventudes. No obstante, la persistencia de algunos hábitos sociales de preocupante persistencia como el feminicidio revelan que nuestra sociedad es aun profundamente machista. Por ahí los avances en términos de normativa no han sido suficientes y hay todavía mucho que hacer.
Sobre la justicia y su descolonización se debe admitir que su situación no es para nada alentadora. Los abogados son formados en la carrera más antigua, y por lo por tanto, colonial del país. Lo novedoso acá es la elección de autoridades judiciales por voto universal y el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina. Se avanzó muy poco en ambos campos, la descolonización, por tanto, aún tiene un largo camino que recorrer y seguramente la elección de nuevas autoridades de justicia, que se viene, será un paso importante en esta reconfiguración de la justicia.
En cuanto al racismo y discriminación étnica, es patente que se trata de un asunto central en la historia del país, porque es algo que se arrastra desde la época colonial, pasando por la república, hasta la actualidad. Aquí hay que mencionar que la llegada del primer presidente indígena a Bolivia fue un hito tremendamente histórico que reanimó la identidad indígena originaria del país. Un verdadero cataclismo para la institucionalidad racista que el país albergaba hasta entonces. Las repercusiones de esto tocaron hasta el autoestima de los bolivianos, que comenzaron a sentirse con identidad propia, frente a tantos años de ninguneo y sometimiento sistemático en la historia del país.
Pero el hecho de que los indios hayamos llegado al poder por primera vez en la historia también ha despertado una fuerte reacción en aquellos sectores racistas del país. Hubo un tiempo, recordemos, en el que todavía era muy popular decir de que en Sucre una elite poblacional era de “sangre azul”, o en Santa Cruz que los Collas son la “raza maldita”; todos conceptos y visiones acuñadas básicamente por sectores blancoides elitistas que siempre ostentaron el poder.
De esa forma se desencadenan aquellos condenables hechos racistas en Santa Cruz y Sucre el año 2006 y 2008, por parte de sectores que no aceptaron que indígenas y campesinos estén como asambleístas o en la administración pública. Nos referimos, particularmente, a la lamentable humillación de campesinos ocurrida en plena Plaza de la Independencia, que se supone era símbolo de la emancipación humana.
Hoy existe una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, pero no se puede afirmar que el racismo y la discriminación hayan sido superadas, porque este no es un tema que dependa de normas, sino de la construcción integral donde intervienen distintos factores, desde la educación hasta la política.
Por ejemplo, una evaluación sobre la composición de clase en el Estado es todavía un asunto importante. Es necesario ver cómo se traduce la descolonización en la administración del estado, más allá de que ahora tenemos representantes legislativos nacionales, departamentales y municipales desde los pueblos indígenas.
Finalmente, la colonialidad también se refiere a uno mismo. Es decir, ¿cómo asume su propia identidad una persona? Que tengamos leyes tan frontales y radicales contra la discriminación y el racismo no sirve de nada si algunas personas aún niegan la identidad indígena. La tarea, en ese sentido, es ciertamente más complicada. La experiencia de las comunidades guaraníes que fueron liberadas de una situación de semiesclavitud en el chaco Chuquisaqueño el 2006 es posiblemente la expresión más gráfica de este problema y el costo que implicó para la dignidad humana en esta parte del planeta.
La Constitución es un gran Pacto Social y Político para la construcción de una sociedad justa y armoniosa, sin discriminación ni explotación, que tenga plena justicia social a partir de la consolidación de las identidades que existen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este es el Proceso en construcción que debe continuar cimentándose y cuestionándose de manera permanente como avanza este proceso.
* Es comunicador indígena.
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