Los criterios para seleccionar a los candidatos de las próximas elecciones judiciales han causado revuelo mediático y todo tipo de reacciones. Seríamos deshonestos si no admitiéramos que la mayor parte de dicha opinión pública es claramente hostil o escéptica, en el mejor de los casos, en cuanto a si el resultado de estos comicios cambiará en algo la situación actual de la Justicia boliviana. Y tal escepticismo es comprensible porque se trata del Órgano más desprestigiado de los cuatro que conforman el Estado.
Lo curioso es que esta reforma en el sistema judicial, que por primera vez en la historia latinoamericana pone constitucionalmente en las manos del propio pueblo la posibilidad de elegir a sus magistrados, no vino acompañada de otras iniciativas en el resto de la institucionalidad de la justicia boliviana. Esta curiosidad debe ser estudiada, pues se trata de un límite que aparentemente parece ser infranqueable no sólo para el actual gobierno, sino para Estados de la periferia capitalista. No queremos excusar, con esta afirmación, los mediocres resultados que han tenido los países progresistas para enfrentarse a la corrupción y la incompetencia judicial heredadas de los gobiernos defensores del capitalismo, sino hacer notar que todos los países incluidos anacrónicamente en la categoría de “Tercer Mundo” demuestran o comparten, en mayor o menor medida, los mismos problemas en cuanto al ejercicio de la justicia, uno de los valores supremos de casi todas las sociedades en el planeta, hoy y en todos los tiempos.
Y se trata de una debilidad que tiene particularidades en cada formación social. En el caso boliviano, se puede encontrar fundamentos históricos, como los que explican la injusticia boliviana por su origen colonial; hasta fundamentos económicos, que parten de la naturaleza rentista y depauperada de nuestra sociedad. Lo cierto es que la voluntad no es requisito suficiente para cambiar una realidad objetiva donde intereses que van desde legítimos hasta ilegales presionan a los gobernantes de los más altos niveles en diferentes direcciones. Se puede decir que reformar a la policía es tan difícil como fiscalizar a los jueces, pero tendríamos que retroceder hasta el sistema universitario y, algunos dirían, el educativo, para encontrar la raíz de estos males.
Y atravesándolo todo, los intereses políticos, de todas las partes, para boicotear o justificar toda acción pretendida o ejecutada. Una teoría interesante, sin embargo, apunta a que sólo es posible reformar la justicia cuando se tiene el apoyo popular y mayoritario de toda la sociedad hacia un proceso de transformación política que niegue el pasado y se entusiasme por el futuro, situación que claramente ya ha superado nuestro país, ya muy lejos de la efervescencia revolucionaria de principios de este siglo. En otras palabras, la mejor fiscalización del Órgano Judicial y el Estado en general es, y siempre ha sido, el pueblo de pie, y tal vez, en armas.
No podemos afirmar con certeza que las cosas cambiarán radicalmente a partir de diciembre de este año para la Justicia en Bolivia, pero tampoco podemos decir que existen alternativas que provengan de la oposición, la mayor causante de esta situación. Todavía quedan frescas las sesiones a puerta cerrada cuando la oposición elegía a los magistrados del Poder Judicial. Basta recordar escándalos como los protagonizados por todos los exalcaldes que tuvo La Paz antes de la llegada de Juan del Granado, o ministros como Tonchi Matinkovic, Kukok, y hasta el propio expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, por lo que su preocupación actual por el estado de la Justicia resulta por lo menos sospechosa sino bastante hipócrita, tomando en cuenta de que fueron, todos ellos, figuras importantes e influyentes cuando la justicia en Bolivia se colocaba a las órdenes de los gobiernos y de la propia injerencia estadounidense como lo demuestra el caso Oblitas.
Democratizar la elección de magistrados es un avance, por el simple hecho de que la palabra “democratizar” está incluida, pero no es suficiente para reformar instituciones cuya actuación siempre ha estado por encima de los colores políticos, sin ser por ello menos proclive hacia la corrupción. En otras palabras, no es cuestión de partidos, es cuestión de poder, poder necesario y suficiente como para fiscalizar jueces, abogados y policías. Como toda crisis, empero, encontrará una salida, aunque no siempre una solución. Oponerse a la elección de los magistrados mediante voto popular no solo es una nostalgia de volver al pasado, cuando se los nombraba mediante cuoteo, sino colocar un mayor obstáculo a la reforma de la justicia que la gente aspira.
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