El presidente estadounidense, Donald Trump, y su incondicional aliado en la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, han decidido apretar aún más el acelerador contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, que es el objetivo estratégico irrenunciable de los que repelen cualquier proceso que apunte a la soberanía política y la independencia económica.
Ambas personalidades –la primera jefe de la mayor potencia imperial que haya conocido la humanidad y el segundo la marioneta de turno para concretar esos intereses imperiales en América Latina-, están empeñados en lograr la aprobación de una intervención militar extranjera en Venezuela. Para eso, Trump busca disuadir a los presidentes de Brasil, Colombia y México a través de sus embajadores en cada uno de estos países o en la cena del lunes 18, en vísperas de la apertura de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, Almagro está armando con el apoyo de juristas “independientes” un documento en la línea de intentar presentarlos en calidad de denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta violación de los derechos humanos en el país sudamericano.
Hasta ahora el intento de derrocamiento de Nicolás Maduro y de la revolución venezolana se hacía combinando medidas internas y externas. El hecho de que las amenazas externas y el ejercicio de la violencia no hayan impedido la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en julio pasado, sumada a un virtual abandono de las calles por parte de la oposición, está conduciendo a Trump y Almagro a forzar la situación y colocar toda la apuesta en la pronta agresión externa.
Pero la apuesta imperial está condenada al fracaso. La dirección político-militar hasta ahora ha sabido salir airosa de todas las agresiones –que no son pocas- desplegadas desde fuera y adentro. Pero además la respuesta de la inmensa mayoría de los venezolanos a las ordenes ejecutivas de Trump (sanciones contra Maduro y otros dirigentes de ese país, pero también contra la economía venezolana) ha merecido como respuesta una mayor cohesión de la población entorno a su gobierno, sino que la oposición se alista para participar en las elecciones regionales de octubre próximo.
Hay una ley fundamental en la guerra, que es lo que Estados Unidos desarrolla contra Venezuela desde hace más una década y media: no se puede resolver desde fuera relaciones de fuerza que en lo interno no le son favorable a la oposición ni a los planes intervencionistas. EE.UU. puede optar por la salida militar (como contra Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965 o Granada en 1983) o Luis Almagro apostar a una salida a lo Milosevic, quien fue capturado a fines del siglo pasado en el marco de la división de Yugoslavia operada por Estados Unidos. Pero nada de eso funcionará si la revolución bolivariana se mantiene unida y combatiente como ha demostrado hasta ahora a pesar de los planes para debilitarla y dividirla. Por lo demás es poco o nada probable que los tres presidentes invitados a la cena de Trump bajen la bandera verde para la intervención pues corren en riesgo de pagar un alto costo político dentro de sus países.
La salida es el diálogo gobierno-oposición que se llevará adelante desde el 27 de septiembre en República Dominicana con el auspicio del gobierno de ese país y el apoyo de las Naciones Unidas, y al que se sumarán como acompañantes delegados de México, Chile, Nicaragua y Bolivia. Ahí deberá garantizarse, para ambos, el reconocimiento a los resultados de las elecciones regionales de este año y las presidenciales de diciembre de 2018.
Leave a Reply