No soy experta en Universidades, pero tanto conflicto me ha inquietado y me puse a revisar el presupuesto 2018 de la Universidad Pública de El Alto, publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y decidí compararlo con el resto de las diez universidades bolivianas.
En primer lugar, la UPEA no es la que tiene el menor presupuesto, de hecho está en el puesto 5 de las 11 existentes, por encima de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (UAJMS) y de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Si analizamos su esfuerzo por recaudar recursos propios, está entre los últimos lugares; mientras que Universidades como la Gabriel René Moreno de Santa Cruz genera Bs 304 millones, o San Andrés Bs 164 millones, la UPEA apenas tiene un presupuesto de Bs 16 millones por este concepto, muy por debajo incluso de la UAJMS (Bs 85 millones) y la UTO (Bs 73 millones).
Quise ver la estructura de su presupuesto, es decir cómo organiza sus gastos en los diferentes programas y me encontré con que casi el total de su presupuesto se concentra en dos Categorías Programáticas “Rectorado” con un presupuesto de Bs 212 millones (63% del total) y “Provisiones para gastos de Capital” con Bs 88 millones (26% del total), presupuesto no ejecutable donde se reservan recursos que pueden ser asignados a gastos de capital, los otros lo constituyen gastos como la beca comedor, las deudas (devengados de la gestión 2017) y el pago de beneficios sociales.
Otro aspecto que llama la atención es que la UPEA es la única universidad que no tiene registrado ningún proyecto de inversión, esto no condice con lo sostenido por sus autoridades respecto a la demanda de crecimiento y las necesidades de infraestructura. Otra causa de este problema podría radicar en las deficiencias en la capacidad de gestión, es decir las debilidades para estructurar un presupuesto en función a sus acciones y metas de corto plazo, acordes a la planificación estratégica institucional.
La estructura presupuestaria de la UPEA es bastante reducida (¿o centralizada?), presenta una sola Dirección Administrativa y Unidad Ejecutora, mientras que otras universidades como la UMSA muestran un manejo financiero desconcentrado (20 Direcciones Administrativas y 80 Unidades Ejecutoras).
Sin duda el presupuesto de la UPEA dice muy poco (casi nada) de la forma como se administran sus recursos, lo que hace cuestionar la legitimidad de su demanda; sin embargo, las autoridades de gobierno deben dar una mirada más profunda al tema. La Constitución Política del Estado otorga una “autonomía especial” a las Universidades, que no incluye una instancia fiscalizadora como la que existe en todos los niveles de gobierno, se limita a señalar que éstas establecerán mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de sus recursos, a través de la presentación de estados financieros a la Asamblea Plurinacional Legislativa, a la Contraloría General y al Órgano Ejecutivo.
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