Lima-.La posible renuncia del presidente del parlamento, Daniel Salaverry, del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), genera hoy expectativa en Perú porque agravaría la crisis del grupo, cuya jefa, Keiko Fujimori, está cerca de ir a prisión.
La versión difundida por la televisora América, señala que Salaverry dejaría la organización disgustado por la filtración de un reciente diálogo entre Fujimori y su entorno para desacreditar y ‘liquidar’ al fiscal acusador de la dirigente, José Pérez.
Salaverry es el único dirigente importante de FP que no fue a visitar a Fujimori en la semana que pasó detenida por la investigación por lavado de activos que motiva una petición de tres años de prisión preventiva para la jefa del partido.
El programa periodístico Cuarto Poder citó anoche fuentes confiables y añadió que el retiro podría producirse hoy mismo, agudizando la crisis que desgarra a FP, que la semana pasada sufrió la dimisión por discrepancias, del legislador Francesco Petrozzi.
Ayer el congresista fujimorista Juan Carlos Gonzales dijo a un diario local que 30 de los 61 legisladores de FP respaldan la política de concertación con el gobierno que se le atribuye a Salaverry, en lugar de la radical oposición de Keiko y su cúpula.
Así, sería muy difícil que el partido fujimorista retenga su principal instrumento de poder y presión, el control del parlamento, que le ha permitido extender su influencia a otras instancias del aparato estatal.
Fujimori y su partido se han sumido en la impopularidad, según todas las encuestas y en una de la empresa Ipsos ella figura como la política más corrupta del país, por encima inclusive del polémico expresidente Alan García.
La crisis política se relaciona con la judicial, en la que Fujimori tiene pendiente la decisión del juez Concepción, considerado drástico y que ha aplicado la prisión preventiva en todos los casos que ha tenido en sus manos.
Ayer, en la audiencia realizada para tratar el pedido, fracasó el intento de Fujimori y 11 coacusados, de recusar al juez con el argumento de que atenta contra su derecho a un juicio imparcial por estar supuestamente coludido con el fiscal para encarcelarlos.
Sin embargo, Concepción suspendió la audiencia y dio plazo de 24 horas a la fiscalía para que subsane omisiones procedimentales invocados por los abogados de los investigados.
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