octubre 30, 2020

Un intento de legitimar la ruptura del Estado de Derecho en Ecuador


Por Soledad Buendía Herdoíza *-. 


Estimado lector, en entregas anteriores hemos abordado de manera detallada y sistemática el proceso de desinstitucionalización y ruptura del Estado de Derecho en la República del Ecuador. En la presente entrega analizaremos un hecho que merece ser tratado desde la Academia y los organismos de Derecho Internacional pues, en un intento desesperado a mi criterio, por legitimar sus -por decir lo menos- cuestionables actuaciones, Julio César Trujillo, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS), en una entrevista en Radio Democracia de la ciudad de Quito brindada el 27 de septiembre de 2018, manifestó su propuesta de llamar a Consulta Popular, con el fin de reformar la Constitución en ciertos aspectos que, de acuerdo a sus declaraciones, se concretan en los siguientes puntos:

• La posibilidad de que los Asambleístas electos democráticamente puedan ser destituidos si están envueltos en casos de corrupción, en razón de que actualmente no existe un mecanismo jurídico al efecto; y,

• El blindaje de las decisiones que adopte el organismo que preside para que futuros funcionarios no puedan cambiarlas.
Al respecto, me permito comentar que es evidente que tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio como el Contralor General del Estado subrogante han cumplido tareas que se pueden calificar de excepcionales por la naturaleza del momento político actual, constituyendo prueba plena de que se han extralimitado en sus funciones y encargos.

En su línea discursiva, el señor Trujillo subraya la supuesta ausencia de autoridades independientes del Ejecutivo durante una década y denuncia la “anomia” institucional en que quedó el país, manteniendo la misma línea discursiva de los actuales funcionarios del poder ejecutivo como la línea editorial de los medios de comunicación privados, en una prueba plena del Lawfare del que es víctima la institucionalidad del Ecuador.

Creo pertinente comentar que este afán desesperado por legitimar sus actuaciones, que va más allá de toda lógica del Derecho, hace sospechar sobre la intención de blindar sus actos ante posibles acciones internacionales frente al sistemático proceso de violación de derechos fundamentales producto de un régimen político de transición que, hasta ahora y como resultado del juego político, se ha prestado a interpretaciones antojadizas en el ámbito jurídico.

Por tal motivo, requerirían de la expresión en las urnas de los electores respecto de la legitimad de sus actuaciones. Recordemos que el resultado de la Consulta Popular de febrero de 2018 otorgó un mandato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que ha resultado en una ruptura del Estado de Institucionalidad en el Ecuador.

Su propuesta es pragmática: el abuso de su mandato, que se ha traducido en la cesación ilegal del 90% de autoridades electas y designadas vía mecanismos establecidos en la Constitución de Montecristi, requiere de un aval, sin considerar que inevitablemente deberán asumir la responsabilidad jurídica y política de ser los responsables de la ruptura del Estado de Derecho en el Ecuador, al tiempo de enfrentar las correspondientes acciones de Derechos Humanos en materia internacional.


* Asambleísta ecuatoriana.


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