diciembre 5, 2021

Nuevo juicio a exgobernante de Perú requiere aval de justicia chilena

Lima-. Un nuevo juicio al exgobernante peruano Alberto Fujimori, por las esterilizaciones forzadas bajo su Gobierno, requiere del visto bueno de la justicia de Chile, según las condiciones de la extradición del reo, en 2007, aclaró hoy el jurista Juan José Quispe.

Indicó que el proceso por la esterilización masiva de mujeres pobres e indígenas que Fujimori (1990-2000) aplicó como política demográfica, puede avanzar en su fase preliminar, pero el juicio oral tendrá que esperar que lo autorice la Corte Suprema chilena.

Al conceder la extradición en septiembre de 2007 y por las condiciones del tratado bilateral en la materia, la justicia chilena lo hizo solo para el juzgamiento del exgobernante por determinados crímenes de lesa humanidad y corrupción.

La corte chilena dio posteriormente luz verde para el juicio a Fujimori por una matanza de campesinos similar a las dos por las que fue condenado a 25 años, pena de la que fue indultado en diciembre pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, aunque el Poder Judicial anuló la medida por ilegal.

El Ministerio Público denunció judicialmente ayer, tras una espera de casi siete meses desde que la fiscal Marcelita Gutiérrez archivó la causa, pero sus superiores le ordenaron formular acusación, tras 16 años de indagaciones.

La fiscal acusó a Fujimori como autor mediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, así como lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, según el dictamen acusatorio.

Junto a él fueron denunciados sus exministros de Salud Alejandro Aguinaga -su médico personal-, Eduardo Young y Ricardo Costa, así como los exfuncionarios Ulises Aguilar, Segundo Aliaga, Octavio Marroquín y Magda González.

La activista del Centro Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) María Cedano, calificó la decisión de la fiscalía, de un paso histórico de la justicia y una victoria de la persistencia y la tenacidad de las víctimas y de las organizaciones feministas y de derechos humanos que las apoyaron.

El abogado Quispe señaló que, por su complejidad debida a que las agraviadas son más de dos mil, será prolongado y tardará de tres a cuatro años para entrar a la fase oral, aunque por tratarse de un delito contra los derechos humanos, lo que determina que no prescribe.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre 1996 y 2000 se realizaron 215 mil 227 ligaduras de trompas y 16 mil vasectomías, en una campaña demográfica enmascarada como combate a una epidemia, aunque solo dos mil 116 mujeres denunciaron lo sucedido.

Las víctimas fueron operadas bajo presiones, amenazas y entrega de alimentos y no fueron debidamente informadas de lo que iban a quedar estériles para siempre.

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