La oposición se ha propuesto generar una tensión de alta intensidad en el país, a partir de los primeros días de diciembre, para impedir que el binomio Evo Morales-Álvaro García Linera se presente en las elecciones generales de octubre de 2019. Para alcanzar ese objetivo, se la jugarán el todo por el todo en las redes sociales, en el campo internacional y en las calles.
Tal como lo dijimos en el editorial de la semana pasada, estas líneas políticas de la oposición encuentran a sus actores con capacidad de converger en las acciones de hecho, aunque con profundas diferencias en el campo electoral, donde no ha sido posible estructurar una sola y gran alianza para hacer frente al proyecto de continuidad del proceso de cambio.
Hasta ahora los argumentos empleados por la oposición para generar ruido en la calle, como lo ocurrido el 10 de octubre pasado, al celebrarse los 36 años de recuperación de la democracia, son la defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando por un estrecho margen se dijo no a la modificación del artículo 168 de la CPE y, a eso se ha sumado, su rechazo a la Ley de Organizaciones Políticas, aunque a la hora de poner ambos hechos en la balanza pesa más lo primero.
Empero, a inicios de la semana apareció otro hecho que la derecha quiere aprovechar al máximo: registros irregulares de militancia de todos los partidos políticos, incluido el MAS. Y la verdad es que a la situación ha contribuido el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no informar que esos “registros” corresponden a los presentados por los partidos hace varios años y que los libros recién llenados y entregados al TSE hace un par de meses recién se están incorporando al sistema.
Pero, bueno, lo que si se percibe es que la oposición busca echar más leña al fuego con este tema, de tal manera que detrás de las movilizaciones anunciadas desde el 6 de diciembre es posible identificar los siguientes objetivos: tirar abajo las elecciones primarias del 27 de enero, impedir el registro y habilitación del binomio Morales-García Linera y pedir la renuncia del TSE.
La derecha sabe que la situación se le pone cuesta arriba si no logra sus objetivos. Normalmente una derrota política tiene efectos notorios en el escenario que se quiere evitar. De ahí que no sea nada alejado de la realidad que se intente generar un clima de tensión social de alta intensidad que derive en una convulsión social que amenace la estabilidad que Bolivia ha gozado en más de 12 años.
No es poco lo que se ha propuesto la derecha y ahí está su gran problema. En primer lugar, porque hay una sentencia constitucional dictada después del referéndum de 2016 y fundamentada en la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 256 de la Constitución Política del Estado.
En segunda, que hay un poderoso bloque de movimientos sociales que difícilmente permitirán que el poder vuelva a manos de los que no hicieron nada por el país. Tercero, hay un binomio con experiencia y tradición de lucha.
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