diciembre 4, 2021

La protección del ambiente, materia pendiente


Por Marcelo Caruzo Azcárate *-.


El considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos, principio que fue incluido en la Constitución de Ecuador, es hoy aplicado en el marco constitucional en Colombia al rio Atrato por la Corte Constitucional y al Amazonas por la Corte Suprema de Justicia. En los 3 casos su real implementación está dependiendo de las capacidades y posibilidades de múltiples luchas socioambientales que exijan su implementación, combinadas con la comprensión y voluntad política de sus gobernantes.

Lo preocupante es que, frente a esta exigencia y clamor de lo mejor de la sociedad por reducir los impactos que genera sobre la naturaleza el modelo productivo y de vida capitalista, en particular sobre el cambio climático, las diferencias entre los gobiernos de izquierda y progresistas con los neoliberales, han sido poco notables, desiguales y a veces contradictorias. Estamos frente a un tema de priorización de los contenidos éticos y políticos de los derechos humanos y de la naturaleza, así como de sus alcances y perspectivas.

Y en estos debates filosóficos políticos vale citar al reciente Premio Nobel de Economía, Paul Romer, quien afirma: “la gente tiene derecho a sus propias opiniones (a su ideología), pero no a sus propios hechos y sólo es la ciencia lo que nos ha facilitado poder acercarnos a la verdad de los hechos”.

Una reciente declaración de todas las confesiones religiosas y espirituales de Colombia en defensa de los bosques tropicales y de quienes los habitan, muestra que los dogmas de moral bien pueden colocarse al servicio de las causas que anuncian las ciencias. El cambio climático tiene jodido (adjetivo malsonante pero claro) a nuestro planeta y se joderá más, y de seguir así no habrán posibilidades de restaurarlo.

¿Qué es lo que lleva a que gobiernos progresistas sigan haciendo del desarrollismo un dogma, que anuncia al Arco Minero del Orinoco como la salvación de Venezuela, sin ninguna tipo de aplicación del principio de precaución? [1], o ¿qué soporta en Brasil que se arrase con el Amazonas y sus cuencas hídricas, para extender líneas de alta tensión con energía generada por megarepresas hidráulicas? ¿Qué explica que en Bolivia se confunda el importante progreso soberano de la nacionalización de los hidrocarburos, con una mirada dogmática que lleva a bendecir con el contaminante petróleo a los funcionarios que lograron esa conquista?

Consideramos que esto proviene de la incompleta comprensión de la importancia de la nacionalización de la extracción de las materias primas y de los medios de producción, y aún de la propia gestión asociativa de los mismos, que no entiende que ese modo de extracción y producción puede ser destructivo para la naturaleza, de la cual provenimos y estamos llamados a proteger.

Más allá de la incompleta comprensión científica existe una concepción etapista de la transformación social: “aprovecho primero esos recursos que llegan al Estado para garantizar otros derechos humanos”, lo cual marca un progreso evidente frente a los gobiernos neoliberales, “y después veremos lo del equilibrio ecosistémico que puede esperar”.

La realidad es que no puede esperar y que encabezar una cruzada mundial por su protección apoyando los ejemplos concretos que ya existen de desarrollos participativos y asociativos de energías alternativas y de políticas de vivir con lo necesario, nos acerca al vivir bien. Lo que al mismo tiempo generará una legitimidad nacional y mundial que inevitablemente será acompañada de apoyos sociales, políticos, y también económicos, que pueden permitir la necesaria garantía de los derechos económicos sociales y culturales, sin excluir los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras. Tenemos que abrir la mente a la espiritualidad que proviene de la naturaleza.


* Intelectual colombo-argentino.

1 Ley 99 de 1993, Colombia, “conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.


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