Por Zenón Pedro Mamani Ticona-.
Llama la atención que desde la semana pasada y en los últimos días, analistas de la rama económica y opinadores de otras áreas, salen en los medios de prensa escrita, con opiniones equivocadas sobre el déficit fiscal sin fundamento teórico ni técnico; razón por la cual, me permito escribir estos párrafos que tiene la finalidad de aclarar dichos aspectos.
Primero debemos entender que el déficit fiscal, es la diferencia negativa entre los ingresos y los gastos públicos de un país, es decir, cuando la recaudación por impuestos y otros recursos no alcanzan para cubrir aquellas obligaciones de pago que han sido comprometidas en el presupuesto público, como los sueldos y salarios, bienes y servicios, transferencias, jubilaciones y otros. Al existir el déficit, el Estado debe recurrir a la deuda pública o utilizar sus ahorros para cubrir las obligaciones estatales.
Ahora bien, deberíamos diferenciar entre déficit fiscal corriente y déficit fiscal por inversión:
El déficit fiscal corriente
Se refiere cuando los ingresos corrientes de un país no pueden cubrir los gastos corrientes (pago de: salarios, servicios básicos, intereses de la deuda pública, mantenimiento, alquileres, aportes a la seguridad social, rentas de jubilaciones, otros recurrentes), y tienen que ser financiados mediante endeudamiento externo para poder hacer frente a estas obligaciones. En esta situación cortoplacista, se considera que el déficit fiscal es malo para un país, toda vez que no tienen la capacidad suficiente de cubrir los gastos más básicos.
En este escenario, el Estado prácticamente no realiza inversiones públicas para mejorar el aparato productivo del país; el crecimiento económico apenas es impulsado por las exportaciones y el sector privado vela por sus beneficios más que por el bienestar de la población; los recursos (riqueza) se concentra en pocas manos, generando mayor desigualdad y pobreza.
Por ejemplo, recordemos que durante el periodo 1993-2005, el déficit fiscal del Sector Público no Financiero – SPNF promedio anual de Bolivia superaba 4,6% del Producto Interno Bruto – PIB; la inversión pública apenas alcanzaba $us 550 millones, de los cuales más del 60% se financiaba con recursos externos. Este resultado se debió, a que el Sector Público no tenía dinero para pagar salarios y gastos obligatorios como salud y educación, y se financiaron con préstamos externos de Organismos Internacionales, como Fondo Monetario Internacional – FMI, Banco Mundial – BM y otros; quienes a su vez nos condicionaban el financiamiento para la ejecución de políticas de Estado.
Asimismo, durante el Gobierno de Goni y Carlos Mesa en los años 2002 y 2003, el déficit corriente del Sector Público No Financiero – SPNF alcanzó a 2,7% del PIB, el déficit global superaba el 8,8% y 7,9% del PIB, los más altos durante ese periodo, y anunciaban públicamente que las arcas del Estado (Tesoro General de la Nación – TGN) estaban en crisis económica (declaraban quiebra del Estado), y acudían al financiamiento externo (pidiendo limosna) para pagar “Salarios” y no tenían recursos para realizar inversiones.
Un ejemplo claro, es la crisis económica que vive hace tres años la economía argentina, porque no pudieron controlar la devaluación de la moneda local con respecto al dólar, y el Gobierno de Macri con la finalidad de reducir el déficit fiscal, redujo el gasto y las inversiones públicas; aumentó más del doble las tarifas de los servicios básicos como la luz, agua, gas, transporte y combustibles; y otras políticas en desmedro de los ciudadanos argentinos; y para resolver el problema de financiamiento acudieron al FMI para un préstamo de $us 50.000 millones; estas políticas encarecieron el bienestar de la población incrementando los precios de la canasta familiar, generando mayor desempleo, pobreza y desigualdad. Con una clase empresarial que vela por sus beneficios más que por el bienestar de la gente.
El déficit fiscal por inversión
Por el contrario, el déficit fiscal por inversión (déficit saludable), se da cuando la diferencia entre ingresos y gastos, viene explicado por los gastos de capital que incrementan la Formación Bruta de Capital Fijo – FBCF del país, es decir, fortalecen el aparato productivo y benefician a la población en la generación del empleo, reducción de la desigualdad y disminución de la pobreza. Este escenario es óptimo, si los ingresos corrientes de un país son mayores a los gastos corrientes; es decir, el Estado puede cubrir las obligaciones recurrentes, además de contar con un ahorro para la inversión y los recursos de financiamiento externo son destinados a incrementar la FBCF, en distintos sectores de la economía a través de mayor inversión pública.
En este escenario, el Estado mejora el aparato productivo del país velando por el bienestar de la población; el crecimiento económico es impulsado por la demanda interna y no solo por las exportaciones; los recursos (riqueza) son distribuidos para reducir la desigualdad y la pobreza de la población, cuyo resultado será un país con sostenibilidad financiera y crecimiento económico en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, durante los últimos 13 años (2006-2018), Bolivia ha tenido superávit fiscal corriente que en promedio supera el 11% del PIB, ahorro que se destinaría a incrementar la inversión pública; sin embargo, el déficit fiscal promedio bordea el 1,3% del PIB, que viene explicado por el incremento de la inversión pública estatal en más de ocho veces, de $us 629 millones en 2005 a $us 5.106 millones en 2018, de los cuales apenas el 30% de los recursos son cubiertos con financiamiento externo.
En términos sociales, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre 2005 y 2018, la tasa de desempleo urbano abierto se redujo de 8,1% a 4,3%; en el mismo periodo se disminuyó la extrema pobreza de 38,2% a 15,2% a nivel nacional, sacando de la pobreza a 1,8 millones de personas; y el 62% de la población boliviana cuenta con ingresos medios, lo que significa que se redujo la desigualdad entre ricos y pobres. Estos resultados, explican claramente que al tener un déficit fiscal por inversión, el país tendrá un notable incremento de la FBCF que reducirá la desigualdad y mejorará los ingresos de la población en el mediano y largo plazo.
Asimismo, no se debe olvidar, que pese al contexto internacional desfavorable que afectó a los países de la región y volatilidad de los precios a nivel internacional de las materias primas (petróleo y minerales), Bolivia lideró en el crecimiento económico durante las gestiones 2009, 2015, 2016 y 2017, con 3,4%, 4,8%, 4,3% y 4,2%, respectivamente, y se estima que para la presente gestión se repita este liderazgo por quinto año consecutivo. Resultados que no quieren reconocer analistas económicos de pensamiento neoliberal, porque no pudieron administrar de manera responsable la economía del país.
Finalmente, la teoría y práctica nos muestra que cuando un país se encuentra en un crecimiento económico sostenido como de Bolivia, con altas tasas de inversión pública que incrementan la capacidad productiva de todos los sectores de la economía nacional, no es malo que se presente un déficit fiscal saludable dado que se encuentra explicado por mayores niveles de inversión pública, pues como consecuencia positiva, el país contará con mayores empleos, mayor consumo interno y se disminuirá la pobreza, y fruto de esas inversiones el país generará mayores ingresos en el mediano y largo plazo.

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