julio 24, 2021

Aliados de Carlos de Mesa y la corrupción

En el campo político se suele repetir frases como “a veces hay sumas que restan” al referirse a alianzas que, al final, disminuyen o pueden disminuir votos en favor de los candidatos. Uno de estos casos se puede presentar con Comunidad Ciudadana (CC), que hizo pactos con dos socios (que no son ejemplo de renovación) que están involucrados en hechos de corrupción.

El 14-11-2018, el postulante Carlos de Mesa y el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, quien dirige la organización Todos de Tarija, firmaron una alianza política.

Esta alianza tiene como base una vieja relación. El Gobernador tarijeño fue su viceministro de Régimen Interior en el Ministerio de Gobierno de la gestión 2004-2005.

Además, Oliva fue diputado por la agrupación Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, una coalición formada por Nueva Fuerza Republicana (NFR) —representada por Manfred Reyes Villa—, el MIR —con José Luis Paredes—, el MNR, entre otros.

Con esos antecedentes, Oliva llegó a la Gobernación de Tarija, entidad que el 12-12-2016 suscribió un contrato con la empresa GSQ para la provisión de cemento asfáltico destinado a la conclusión del proyecto Construcción Camino Santa Ana-Yesera.

Este contrato podría parecer cotidiano salvo que el destino de dicho cemento asfáltico era para una obra que ya había sido concluida e incluso entregada por el propio Oliva el 21 de abril de 2016, según un informe de la Fiscalía General del Estado.

Dicho en otras palabras, esa compra de cemento asfáltico usando dinero del Estado fue innecesaria/inútil, ya que la obra ya había sido terminada ocho meses antes. De acuerdo con datos otorgados por la Fiscalía de Tarija, Oliva tenía conocimiento del informe de ejecución presupuestaria que establecía que dicha compra fue innecesaria y no asumió ninguna acción al respecto; incluso publicó los informes de gestión de la Gobernación en la página web oficial de dicha entidad, agregó el Ministerio Público. Por estas irregularidades la Fiscalía inició una pesquisa por el delito de conducta antieconómica y le aplicó el arraigo nacional (es decir, Adrián Oliva no puede salir de Bolivia), además de la presentación de garantes, la prohibición de comunicarse con otros imputados y la obligación de acudir la Fiscalía una vez al mes.

“El Gobernador de Tarija fue sometido el día de ayer (por el jueves) a unas medidas sustitutivas por la comisión de unos hechos ilícitos, es decir, por la compra fraudulenta de cemento destinado a la construcción de una carretera que ya la había inaugurado”, afirmó ayer el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, citado en un boletín de prensa.

En síntesis, el socio tarijeño de Carlos de Mesa está involucrado en corrupción. Por si fuera poco, integrantes clave de SOL.bo, otro de los socios de CC, tienen sus pies metidos en el barro de la corrupción.

Por ejemplo, el concejal Fabián Siñani, brazo derecho del alcalde de La Paz, Luis Revilla, fue acusado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en el proceso que se le sigue por el presunto favorecimiento a la empresa Tersa, que administra el relleno sanitario de Alpacoma.

Siñani cumple detención preventiva y su esposa, Maricruz Medrano, fue imputada por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias en grado de complicidad.

Por otro lado, la Fiscalía encontró indicios de que funcionarios ediles habrían recibido doble salario, uno de la Alcaldía y otro del programa “Yo soy mi primer amor”, dirigido por Maricruz Ribera, esposa de Luis Revilla, según el periódico El Mundo.

Por si fuera poco, CC se alió con Columna de Integración, de Leopoldo Fernández, sentenciado a 15 años de cárcel por la Masacre de Porvenir (13 muertos).
Ante ello, surge la duda de si estas alianzas de Carlos de Mesa le añadirán votos o serán “sumas que restan”.

Oliva “fue sometido a unas medidas sustitutivas por la comisión de unos hechos ilícitos (…) por la compra fraudulenta de cemento”. (Fiscal General)

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