Guatemala (Prensa Latina)-. Con dos lecturas avanzadas, la polémica iniciativa 5272 tiene hoy el camino despejado para su aprobación en el Congreso de Guatemala, pese a criminalizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La propuesta de ‘Ley para la protección de la vida y la familia’ busca a todas luces apoyar al sector más conservador de la sociedad en nombre de una supuesta moral, ética y espiritualidad que en la práctica apunta a lo contrario.
Su nombre sostienen organizaciones defensoras de los derechos humanos-, es una gran paradoja, puesto que sus 21 artículos no hacen más que pensar en criminalización, aberración, ilegalidad, regresividad, inconstitucionalidad e inviabilidad, aunque estaría a punto de convertirse en ley.
Este mes su paso transcurrió sin mucho ruido, al punto de que el 17 de septiembre se pensó que superaría la tercera lectura. Para suerte de quienes se manifestaban afuera del Hemiciclo, la indisciplina de los diputados ?muy habitual-, provocó que no se alcanzara el mínimo de asistencia y, por tanto, los 80 votos requeridos.
Con un trayecto cuestionable, la 5272 viene caminando desde el 26 de abril de 2017, cuando 10 congresistas de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales firmaron su dictamen favorable con modificaciones leves para permitir su discusión sin muchos roces.
En agosto de 2018 volvió a salir de la gaveta y en mayo de 2019 casi logra la tercera lectura, la misma que ahora está pendiente.
Pero, ¿qué despierta tanto temor en una propuesta que dice defender el concepto de familia y dignidad de vida? Sus detractores denuncian que prohíbe la educación sexual, la promoción de la diversidad sexual y de género, el matrimonio para las parejas del mismo sexo y establece penas de cárcel entre cinco y 10 años para mujeres que aborten, intencional o accidentalmente.
Para el ponente de la iniciativa, Aníbal Rojas, del partido conservador Visión con Valores, solo son pequeños grupos los que se oponen, pues, afirma, tiene el respaldo del 80 por ciento de la población.
Lo que más molesta, es el trasfondo en que se han movido para defenderla a capa y espada. A solo 45 días de las elecciones (16 de junio), era evidente que quitar derechos reproductivos era parte de una estrategia para conseguir votos de católicos y evangélicos en medio de un discurso de campaña conservador hasta la médula.
A juicio de la analista, Stephanie Rodríguez, cita por el diario digital Nómada, se trata de una aberración jurídica sin asidero legal, pero con la intención de ganar o quedar bien con el sector más conservador evangélico y católico en Guatemala.
Perversa, es la palabra que utiliza para referirse a la estrategia de ganar simpatizantes con temas tan delicados como la salud reproductiva, educación sexual integral y derechos humanos.
En su opinión, proponer este tipo de leyes es una estrategia recurrente y generalmente se caracteriza por ser inviables, por estar fundamentados en una moral absurda y por ser distorsionadas.
Sin embargo, pasados los comicios, volvieron a desempolvarla y buscarán colarla en el orden del día de próximas sesiones hasta agotar su trámite y mandarla a la firma del Presidente, muy proclive a dejar claro en todos sus discursos que solo existe un tipo de familia y no puede permitir corrientes que la desestabilicen.
Hay quienes incluso aseguran que a pocos meses de concluir la actual Legislatura, los diputados se enfocan en una propuesta considerada anticonstitucional porque sirve para distraer nuevamente la atención pública de otros temas más candentes para el Gobierno.
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