Por Ernesto Nelson Jordán Peña-.
Muchos jóvenes bolivianos fueron becados y estudiaron en universidades norteamericanas, cuando volvieron al país trajeron consigo el modelo de producción agropecuaria extranjera: grandes extensiones de monocultivos trabajados con maquinaria especializada con una producción orientada a la industrialización y a la exportación.
A pesar de nuestra historia como país históricamente minero gran parte de nuestra población se dedica de una u otro manera a la agricultura. Evidencia de esta tradición agrícola y productiva es la gran diversidad de plantas que nuestros antepasados han logrado domesticar y cultivar. Hay miles de variedades de papa en nuestro país, cientos de variedades de quinua y maíz, el maní fue domesticado en nuestro territorio, las piñas más dulces del mundo son producidas aquí también, todo esto es producto de miles de años de selección artificial y trabajo de nuestros antepasados. Sin embargo, una de las mayores injusticias que se han acarreado hasta hoy y desde la Colonia ha sido la tremenda disparidad en la distribución de tierras. Hemos heredado de la Colonia un sistema de organización productiva y social casi feudal. Donde las mejores tierras quedaron en manos de unos pocos, donde los que obtuvieron acceso a los beneficios del avance tecnológico fueron unos cuantos y donde los beneficios del trabajo de las familias campesinas y la fertilidad de la tierra llegaron a un pequeño número de familias.
Esto ha generado tensión en diferentes momentos a lo largo de nuestra historia. Con la Reforma Agraria de la Revolución Nacional del MNR muchas de estas tensiones se resolvieron cuando se devolvió las tierras del Occidente del país a las familias y comunidades indígenas. Esto punto clave no terminó de resolver estas tensiones, si bien ahora las familias obtuvieron derecho sobre su tierra esto nunca vino acompañado por la tecnología necesaria para que estas familias puedan superar la débil agricultura de subsistencia y pudieran superar su pobreza, se continuó con la exclusión del campesino en la mayor parte de las esferas del resto de la sociedad. Se continuó manejando la vasta extensión de tierras bajas como si fueran territorios vírgenes y baldíos, esperando a ser colonizados y explotados, ignorando completamente a los pueblos indígenas que vivían desde tiempos inmemoriales en esta región del país.
Durante el periodo de la Revolución Nacional también se emprendió la llamada Marcha al Oriente, que buscaba integrar esta región al resto del país mediante la infraestructura carretera y la inversión en producción agrícola a gran escala. El centro de este nuevo polo de desarrollo se estableció en Santa Cruz de la Sierra. Esta época Bolivia recibía mucha ayuda técnica y financiera de Estados Unidos. Muchos jóvenes bolivianos fueron becados y estudiaron en universidades norteamericanas, cuando volvieron al país trajeron consigo el modelo de producción agropecuaria extranjera: grandes extensiones de monocultivos trabajados con maquinaria especializada con una producción orientada a la industrialización y a la exportación. Sin embargo, el país no contaba con el acceso a la tecnología necesaria para mecanizar toda la producción y se propició la inmigración de campesinos del occidente del país que fueron una parte de la mano de obra que construyó la agroindustria cruceña.
No se contaba tampoco con un mercado interno sólido que permita establecer industrias que transformen los productos del campo, por lo que se orientó esta producción a la exportación de materia prima. El país tampoco tenía una economía estable que permita a los agricultores reinvertir en la tierra y planificar a largo plazo, por lo que la tierra y la capacidad productiva se fue concentrando en unas pocas familias capaces de sobrevivir los vaivenes de la economía.
¿Es qué se relaciona esto con lo que está le sucediendo a los bosques de Santa Cruz?
Este proyecto de desarrollo económico basado en la agroindustria requería además la dotación de grandes extensiones de tierra donde sembrar. En la segunda mitad del siglo XX se aceleró paulatinamente la expansión de la frontera agrícola alrededor de la ciudad de Santa Cruz siguiendo las carreteras y caminos que fueron abriendo. Primero se agotó el potencial maderable de los bosques, para luego limpiar el resto de los árboles. La técnica más barata para tumbar árboles ha sido desde hace siglos es el fuego. Se abren brechas limpias de vegetación alrededor de la parcela a limpiarse, luego se espera a que esté lo suficientemente seco como para que el fuego pueda arder por sí solo dentro de esta parcela. Técnicas alternativas requiere mucha maquinaria, mano de obra y tiempo.
La Ley Forestal 1700 se promulga en 1996 y establece que no se puede deforestar ni desmontar sin permisos y autorizaciones. Sin embargo, el Estado en esta época de nuestra historia no tenía la capacidad técnica de procesar las solicitudes de desmonte, ni de fiscalizar. Al mismo tiempo los pequeños agricultores y ganaderos no tenían las facilidades necesarias para tramitar estos permisos. Todo esto generó un clima de ilegalidad donde los agricultores y ganaderos desmontaban para empezar a producir sin tener autorización. El Estado era incapaz de controlar y fiscalizar estas actividades. En esta época también empieza el boom soyero en Santa Cruz, se intentó incentivar las exportaciones dando subsidios como el subsidio a los hidrocarburos y con perdonazos tributarios. Al mismo tiempo, los campesinos e indígenas organizados del país empezaron a reclamar el respeto a sus derechos y al territorio.
Según una noticia de La Razón del 15/3/2004 el Movimiento Sin Tierra reclamaba 12 millones de hectáreas para sus 250.000 afiliados (44 ha por afiliado) mientras que el INRA disponía de sólo 32.000 ha para dotación. Este mismo año, aún sin dotarse la tierra reclamada, se quemaron 2.585.237 ha en Bolivia según datos de Rodríguez Montellano (2012), 610.736 ha fueron bosques en el departamento de Santa Cruz.
Cuando el actual gobierno es elegido intentó ordenar la situación. Primero se reestructuró el INRA y la lógica de distribución de tierras. Entonces pudieron acceder a la tierra campesinos que habían sido excluidos en el pasado. Los pueblos indígenas de las tierras bajas empezaron a titular su territorio. Se otorgó seguridad jurídica y las tomas de tierras se volvieron menos frecuentes. Luego se desarrolló la capacidad de aplicar la Ley 1700 mediante monitoreo satelital y en 2012 empezó a sancionar a todos aquellos que habían desmontado entre 1996 y 2012.
Esto generó mucho descontento en diferentes sectores productivos porque los campesinos y ganaderos fueron penalizados con elevadas multas. En este contexto es que se promulga la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, conocida también como la Ley del Perdonazo Agrícola. Esta Ley surge de una negociación con los ganaderos, campesinos y agricultores, donde el Estado reconoció que el incumplimiento de la Ley 1700 no es sólo culpa de los que desmontaron, sino que también del Estado que no generó los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Ley. Bajo esta norma los campesinos, agricultores y ganaderos que habían desmontado pudieron disminuir sus multas y se acogieron al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques.
A partir de esta reestructuración legal se logró avanzar hacia la armonización de las realidades de los sectores productivos de las tierras bajas con la normativa vigente. Sin embargo, hay demandas todavía sin resolver. No podemos pretender aplicar con la misma rigurosidad las normativas sobre diferentes sectores de la sociedad. Hay que considerar las capacidades y necesidades diferentes que tienen algunos sectores en comparación a otros. Todas estas diferencias y diversidad forman parte de nuestro Estado Plurinacional, que busca construir un horizonte donde todos estemos incluidos y nadie queda atrás. Comprendiendo esto es que se amplía el límite máximo de desmonte sin requerimiento de permiso de 5 ha a 20 ha. para que los campesinos que menos tienen puedan tener más flexibilidad a la hora de planificar el uso de la tierra.
No podemos pretender que los campesinos que desmontan sus 20 ha lo hacen para engrosar una cuenta bancaria, lo hacen para poder alimentar a sus familias con miras a un futuro mejor. Al mismo tiempo no se debe olvidar la situación de vulnerabilidad que enfrenta nuestro país frente al cambio climático. Vulnerabilidad que recae sobre las familias más pobres, y que puede exacerbar la intensidad de los fuegos en zonas con vegetación propensa a incendios. El uso del fuego ha ayudado a que los lectores de este artículo tengan comida en su plato hoy al llegar a casa. Si bien hay que buscar las maneras de manejarlo sin poner en peligro nuestros bosques y desde el Estado ver cómo atender las situaciones que se salgan de control.
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