Por Danitza Zegarra Caero *-.
Cada año, un conjunto de profesionales del Ministerio de Finanzas Públicas tienen la tarea de efectuar la revisión, análisis y consolidación del Anteproyecto del Presupuesto General del Estado – PGE, el cual es remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el marco de la Constitución Política del Estado.
¿Y se preguntarán? ¿Qué es específicamente el PGE? En palabras sencillas, es un documento que contempla las estimaciones de ingresos y gastos del sector público para una gestión fiscal (un año), que representan los objetivos y metas que deben cumplir las entidades públicas para satisfacer las diversas necesidades de la población (como salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, agricultura, cultura, etc.) en cumplimiento a una planificación de mediano plazo.
Entonces, podemos señalar que el PGE se compone de dos grandes grupos de cuentas (Ingresos y Gastos), donde existen los ingresos corrientes (captados por actividades que realizan cada entidad, transferencias, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otros) y de capital (recursos provenientes de la venta de activos fijos, destinados a gasto en proyectos de inversión, construcción, etc.).
Los gastos corrientes destinados a las actividades de administración y operación de las entidades (utilizados para el pago de sueldos, alquileres, servicios básicos, transporte, pago de impuestos, entre otros) y gastos de capital (adquisición de bienes, diferentes tipos de equipamiento, construcciones, programas y proyectos de inversión).
A partir de los ingresos y gastos, se puede obtener el mencionado Resultado Fiscal del Sector Público No Financiero, el cual se calcula restando a los ingresos captados en la gestión, los gastos asignados en el mismo periodo; reflejando este indicador la capacidad de administración de los recursos públicos. Por ejemplo, si los ingresos son mayores a los gastos, se obtiene un superávit; por el contrario, si los gastos exceden a los ingresos se produce un déficit.
El PGE incorpora aproximadamente a 580 instituciones dentro de las cuales están las Empresas Públicas, Universidades, los Órganos del Estado, Ministerios y entidades dependientes, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales, Entidades de Control y Defensa del Estado, Entidades Públicas Financieras y No Financieras.
Esta etapa de formulación comienza desde el segundo trimestre de cada gestión, con la elaboración de clasificadores y directrices, capacitaciones a nivel nacional, determinación y remisión de techos presupuestarios de acuerdo a proyección de ingresos, para que en función a estas herramientas e información, las entidades públicas puedan elaborar su Plan Operativo Anual – POA y Presupuesto institucional, y posteriormente remitan al MEFP para su revisión y consolidación.
Por todo lo mencionado, al igual que todo trabajo exigente, la labor del “analista presupuestario” es ardua, conlleva un análisis detallado y largas jornadas de trabajo, donde si bien son contratados para este fin, es meritorio que la población boliviana pueda conocer las funciones que realizan estos profesionales, debido a su peculiaridad y grado de importancia dentro de la economía, porque el PGE se constituye en el principal instrumento de política fiscal, que permite efectuar el cumplimiento de las políticas del Estado en favor de la población y en pro de una Bolivia mejor.
* Economista.
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