El Alto (ABI).- La llegada de octubre trajo tristes recuerdos a los ciudadanos de El Alto que hace 16 años fueron víctimas de una represión militar, más de 60 residentes fueron asesinados y la oportunidad para hacer justicia quedó frustrada hace un año por el silencio de Carlos Mesa, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada y actual candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC).
A principios de abril de 2018 la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Estados Unidos, responsabilizó de las muertes extrajudiciales a Sánchez de Lozada y a su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y dispuso un resarcimiento a las víctimas; sin embargo, un mes después, el juez James Cohn revirtió el fallo aduciendo la insuficiencia de evidencias.
Mesa no declaró en contra del expresidente boliviano que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003, las familias de las víctimas calificaron ese hecho como una «traición».
«Nosotros hemos visto tanta muerte, tanto sufrimiento, ha corrido sangre, han muertos niños, han quedado huérfanos, mutilados (…) Es por eso que recordamos tristemente en estas fechas esa masacre», reseñó Rudy Yampa, vecino de El Alto.
Esa ciudad fue el epicentro de la denominada ‘Guerra del Gas’ que detonó Sánchez de Lozada con la decisión de exportar el gas boliviano a Estados Unidos por puertos chilenos.
El pueblo rechazó esa medida y demandó la industrialización de los hidrocarburos, toda vez que representaba la fuente principal de los ingresos económicos del país; Sánchez de Lozada no escuchó al pueblo y prefirió enfrentar las protestas sociales que ganaron intensidad y fuerza entre septiembre y octubre de 2003.
En el preludio de los luctuosos acontecimientos, Marlene Ramos, una niña aymara de ocho años, recibió un impacto de bala en el pecho mientras miraba desde la ventana de su casa el ingreso de los militares a la población de Warisata.
El 20 de septiembre de 2003, Sánchez de Lozada ordenó un operativo militar en contra de campesinos que bloqueaban la ruta al lago Titicaca para sacar de la población de Sorata a un grupo de turistas extranjeros, pero en el trayecto, en Warisata, se registró una represión que dejó cinco muertos por bala.
Según varios testimonios, Sánchez Berzaín dirigió personalmente la operación de desbloqueo de rutas y desde un helicóptero militar ametralló a campesinos.
Ese hecho provocó un estallido social en El Alto, La Paz y en el interior del país, diversos sectores sociales iniciaron marchas de protesta y los bloqueos camineros aumentaban con el paso de los días, al igual que la movilización de tropas para reprimir a civiles.
La defensa de los recursos naturales quedó desplazada por la demanda de la renuncia del gobierno de Sánchez de Lozada, que intentó mantenerse en el poder por la fuerza y hasta el 17 de octubre fallecieron más de 60 personas y al menos 500 fueron heridas.
En ese contexto, el abogado de las víctimas de ‘Octubre Negro’, Rogelio Mayta, advirtió que la candidatura presidencial de Mesa representa el camino hacia el enfrentamiento entre bolivianos y la inestabilidad del país.
Antes de la revuelta social de octubre, Mayta recordó que las medidas neoliberales impuestas por ese gobierno provocaron en febrero de 2003 la muerte de 31 personas en las protestas contra el «impuestazo» a los salarios.
Luego «hay dos momentos (en el rol de Mesa en 2003), antes del 13 de octubre y desde el 13 de octubre. Hasta el 13 de octubre Carlos Mesa ha sido el vicepresidente incólume de Gonzalo Sánchez de Lozada, ha estado en diversas reuniones en las que se ha hablado sobre la represión, se ha dado reportes y demás, y ha estado ahí», dijo.
«El 13 de octubre, ya cuando en términos de la masacre de septiembre y octubre contábamos casi con 40 compatriotas asesinados, ese ratito Carlos Mesa dice me hago a un costadito del gobierno», complementó Mayta.
Mesa fue vicepresidente de Sánchez de Lozada (2002-2003), a quien sucedió tras la masacre y durante los 20 meses de su gobierno renunció dos veces, hasta que en junio de 2005 dejó el cargo de manera definitiva agobiado por las demandas y protestas de la población.
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