Editorial Cambio-.
La derecha boliviana, encabezada por los líderes del Comité Cívico de Santa Cruz, están en abiertos afanes golpistas al dar un ultimátum para que el presidente Evo Morales presente su renuncia. También tocan las puertas de los cuarteles para que formen parte de su conspiración antidemocrática.
El pedido de dimisión del mandatario boliviano forma parte de una estrategia que tiene el objetivo de ocasionar una ruptura del orden establecido y puede considerarse como sedición, delito castigado por el Código Penal boliviano.
El artículo 123 de dicho Código señala que serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público.
Los funcionarios públicos que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance incurrirán en reclusión de uno a dos años.
Esta es la primera vez que alguien llama a la intervención de los militares en esta crisis política.
En tanto, las organizaciones sociales nucleadas alrededor de Conalcam activan una resistencia popular pacífica en defensa de la democracia, los resultados de las elecciones generales y la Constitución Política del Estado.
Según los resultados oficiales y finales, Evo Morales triunfó en los comicios en primera vuelta y Carlos de Mesa perdió. El MAS ganó con el 47,08%, con una diferencia de más de 648 mil votos por encima de Carlos de Mesa (10,57 puntos respecto al segundo), por lo que se descartó una segunda vuelta, en aplicación al artículo 166 de la Ley de Leyes.
Ante esos resultados, la derecha primero denunció e instaló el discurso del fraude, pero no presentó ninguna prueba fundamentada ante las autoridades. Además, se opone a que una auditoría llevada a cabo por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y secundada por varios países, llegue a buen puerto bajo diferentes argumentos que no tienen ningún sustento.
De esta forma, la derecha se muestra cada vez más violenta porque ordenó quemar los edificios de los tribunales electorales departamentales y otras instituciones públicas; antidemocrática porque se niega a reconocer el mandato de las urnas y racista porque en estos días se dedica a golpear a mujeres de pollera en las calles y vilipendiar al Presidente indígena.
Los derechistas toman línea y siguen al pie de la letra las órdenes de Carlos Sánchez Berzaín, prófugo y procesado por la Masacre de Octubre —que tuvo un saldo de cerca de 70 muertos y más de 400 heridos—, y Branko Marinkovic, expresidente cívico cruceño y conocido separatista de origen croata.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció ayer que la estrategia golpista tiene dos fases: blanda y dura. Indicó que como parte de estas expresiones se prepara para hoy una acción violenta para llegar hasta la plaza Murillo.
Por si fuera poco, el periódico digital Erbol develó que circulan unos 16 audios de conversaciones en las que se escucha a dirigentes cívicos, políticos y militares en servicio pasivo, en un plan de agitación social con el objetivo de evitar la continuidad del presidente Evo Morales.
Lo más sensato, principalmente de parte de los sectores opositores, es sumarse al llamado de las iglesias católica y evangélica, organismos internacionales y otros sectores de la sociedad para que depongan sus medidas de presión en aras de vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, y no perjudicar al pueblo trabajador.
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