agosto 8, 2020

ECUADOR-2019: Persecución política y economía, temas frecuentes

Indigenous people celebrate outside the Casa de la Cultura in Quito on October 13, 2019 after Ecuador's president and indigenous leaders reached an agreement to end violent protests. - Ecuador's president and indigenous leaders reached an agreement to end nearly two weeks of violent protests against austerity measures put in place to obtain a multi-billion-dollar loan from the IMF. President Lenin Moreno met with Jaime Vargas, the head of the indigenous umbrella grouping CONAIE, for four hours of talks in the capital Quito broadcast live on state television. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Quito-. La persecución política en Ecuador y los problemas económicos fueron en 2019 temas que acapararon la atención de la ciudadanía de este país sudamericano.

La larga lista de personas bajo la lupa en cuestiones de judicialización de la política, además de la preocupación por la contracción económica, el subempleo, la disminución en la estabilidad laboral y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron una constante en la vida de los ecuatorianos.

El recorte presupuestario en entidades del gobierno, los despidos masivos de empleados públicos y medidas económicas en detrimento de las familias de menos ingresos, son hechos que golpearon a la población en los últimos 12 meses.

Al mismo tiempo, la suspensión del asilo al informático australiano Julian Assange, refugiado por casi siete años en la embajada de Quito en Londres, y denuncias de persecución política contra opositores al gobierno, marcaron el panorama político.

El caso del fundador de WikiLeaks, portal que develó miles de documentos sobre prácticas irregulares del gobierno de Estados Unidos, entre otros, comenzó a ganar notoriedad con las presiones y requerimientos impuestos al refugiado, así como acusaciones, de su equipo legal, de vigilancia a las conversaciones del ciberactivista.

Limitaciones en su movilidad por la sede diplomática, mayor rigor para el acceso a visitas, incluso médicas, eliminación del acceso a Internet y a la telefonía, fueron algunas de las situaciones que vivió Assange, previo a la decisión del gobierno ecuatoriano de poner fin a su condición.

El 11 de abril el informático perdió su estatus de asilado diplomático y automáticamente fue arrestado por la policía londinense, lo cual generó críticas fuertes a la postura del ejecutivo ecuatoriano y denuncias de posibles contubernios con Londres y Washington, para su repatriación.

Otro caso que marcó al país fue la detención del desarrollador de software sueco Ola Bini, a quien vincularon las autoridades con Assange y acusaron de supuestos ataques a la integridad de sistemas informáticos del estado, pero sin poder establecer las instituciones afectadas por ese delito.

Además, durante todo el año fue frecuente la frase ‘persecución política’, motivada por lo que muchos denominaron ‘cacería’, desde la administración central, hacia opositores, principalmente del Movimiento Revolución Ciudadana, defensor de la llamada Década Ganada (2007-2017) bajo las dos gestiones del exjefe de estado Rafael Correa.

En ese particular, destacó el aumento de pedidos por la liberación del exvicemandatario Jorge Glas, quien enfrenta seis años de cárcel por supuesta asociación ilícita en la investigación por actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador, delito, que, según sus abogados, no se pudo comprobar.

Durante todo el año se llevaron a cabo numerosas concentraciones a favor de Glas, identificado como la primera víctima de judicialización de la política en los últimos años en este país sudamericano.

Juicios políticos contra asambleístas denominados ‘Correístas’, vigilancia extrema a funcionarios electos en las urnas, quienes ya ocuparon cargos en la presidencia anterior y procesos legales abiertos en su contra, fueron algunos de los actos oficiales que desataron las denuncias de persecución.

En el último trimestre del año, el caso más difundido fue el de la acusación por supuesta rebelión, hecha por el ejecutivo, contra la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, el secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y el activista Christian González.

Los tres permanecieron detenidos por más de dos meses mientras se dio curso a una investigación, por supuestos intentos de revertir al pueblo, durante 11 jornadas de protesta popular contra medidas económicas dispuestas por el ejecutivo, de corte neoliberal y alineadas con demandas del Fondo Monetario Internacional.

Los miembros de la Revolución Ciudadana fueron responsabilizados de liderar hechos vandálicos registrados en el marco de los levantamientos protagonizados por el movimiento indígena y respaldado por otros sectores sociales, como trabajadores, amas de casa y estudiantes universitarios, entre otros.

Politólogos, analistas, movimientos sociales y varios juristas, consideran a Pabón, Hernández y González como otros perseguidos políticos, parte de un grupo en el cual están también los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, actualmente protegidos en la embajada de México en Ecuador.

Asimismo, el excanciller Ricardo Patiño y la exparlamentaria Sofía Espín, exiliados.

El expresidente Rafael Correa encabeza la lista, con decenas de procesos abiertos en su contra, uno de ellos pendiente de juicio, vinculado con el supuesto plagio de Fernando Balda, en 2012, en Colombia, donde se encontraba prófugo de la justicia ecuatoriana.

El caso que debió prescribir seis años después y fue juzgado en el país vecino, lo retomó el propio Balda, como acusador particular, en medio de fuertes denuncias de irregularidades por parte de la defensa de Correa, sobre quien pesan otras indagaciones.

A juicio de muchos, es parte de una trama en marcha contra quienes se oponen a las decisiones del mandatario, Lenín Moreno.

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