mayo 27, 2020

Grupo de Puebla rechaza la condena a Correa y la califica de «aberración jurídica»

La organización progresista considera que el juicio contra el expresidente ecuatoriano es similar a los casos de Lula en Brasil y Fernández de Kirchner en Argentina.

El Grupo de Puebla, que está integrado por líderes progresistas de América Latina y España, rechazó la condena de ocho años de prisión que los tribunales ecuatorianos impusieron al expresidente Rafael Correa por presunta corrupción, y consideró que forma parte de una estrategia para proscribir su candidatura en las elecciones generales del próximo año.

«La justicia no puede ser usada como el brazo político de una élite», aseguró la organización en un comunicado en el que se denuncia que Correa es víctima de «lawfare», la práctica judicial impulsada por la derecha en la región para perseguir a dirigentes opositores, a través de procesos ilegales que permitan la inhabilitación de nuevas candidaturas políticas.

El grupo recalca que el «lawfare» es un mecanismo «extensamente usado» por grupos políticos e instituciones para anular y perseguir a sus opositores, tal y como ya se hizo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de Correa, sostienen que el fallo responde al interés de restringir su presencia en el país, ya que actualmente radica en Bélgica, e impedir así su participación en las elecciones del 2021.

«Sirviéndose de la institucionalidad judicial, sectores políticos reaccionarios arremeten nuevamente en contra del ex presidente Correa, consiguiendo una sentencia de encarcelación por ocho años y quitándole sus derechos políticos por 25 años», señaló el escrito.

No obstante, el texto resalta que, pese «a los embates comunicacionales y judiciales en su contra», el ex presidente continúa liderando las encuestas con miras a los comicios del próximo año.

El Grupo de Puebla denunció, por otra parte, que el tribunal que condenó a Correa no quiso aceptar peritajes internacionales de las supuestas pruebas contra el expresidente, pero sí avaló estudios «no profesionales y abiertamente parcializados».

Consideró, además, que el proceso estuvo plagado de detenciones ilegales, delatores premiados, y pruebas forjadas y manipuladas. Por ejemplo, explicó, la noche anterior a la sentencia se filtraron evidencias de comunicación entre la Fiscalía General del Estado, parte procesal en el juicio, y el juez.

Estas operaciones, dijo, son similares a los ilegales acuerdos llevados a cabo entre el juez Sérgio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, que permitieron la condena de Lula, quien también fue condenado y detenido por un presunto caso de corrupción, pero actualmente se encuentra en libertad ya que la sentencia todavía no está firme.

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