enero 8, 2022

Violencia en Colombia, un mal que sigue al acecho

Bogotá-. Colombia suma otro problema, también mortal, a la preocupación generada por la pandemia de Covid-19: la persistente violencia que golpea principalmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos, exguerrilleros, indígenas y afrodescendientes.

En dicho contexto varias voces señalaron la persistente violencia en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz denunció que fueron asesinados 14 líderes sociales desde el 6 de marzo último, día en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país.

La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra señaló que continúan las amenazas y el genocidio a líderes sociales. Líderes sociales afirman que los siguen matando mientras la atención se centra en el coronavirus, apuntó.

Increíble que la ministra del Interior (Alicia Arango) diga que, en lo corrido de este año, sólo hayan sido asesinados ocho líderes sociales, cuando ONU va por 64, expresó Diana Sánchez, defensora de derechos humanos.

Por su parte el senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, manifestó que ‘hay cifras diferentes sobre asesinatos, pero todas coinciden en que asesinatos de excombatientes y líderes sociales continúan’.

ENFRENTAMIENTOS ENTRE GRUPOS ARMADOS

Indígenas colombianos denuncian con frecuencia enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento de Chocó (oeste), situación que atenta contra la vida de las comunidades.

En tal sentido, apuntaron que esos choques colocan ‘a nuestra población embera como escudo humano en la línea del fuego cruzado, violando con esta acción los derechos humanos y el derecho internacional humanitario’.

Señalaron que todo ello los lleva a un total confinamiento, debido a la prohibición por parte de los grupos armados del desplazamiento hacia localidades donde puedan resguardarse de las balas y son obligados a resistir en medio de la confrontación que sostienen.

Los botes de la comunidad fueron inmovilizados por miembros de estos grupos. Algunos habitantes hacen largas caminatas llevando a sus hijos pequeños en brazos, ancianos enfermos y niños por las montañas, puntualizaron.

Por ello, hicieron un llamado de emergencia a todos los organismos humanitarios, y abogaron por ‘el respeto a la vida, en momentos críticos para las comunidades afros e indígenas que se complican aún más con el desbordamiento en días pasados de los ríos Pogue y Chicué’.

Además, manifestaron que la situación forzosa por la que atraviesa la población embera los obligó a abandonar sus hogares y refugiarse en medio de la densidad de la selva, pese a que querían cumplir en sus resguardos con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno como medida de contención ante la pandemia de Covid-19.

Desde semanas anteriores, las diversas organizaciones que tenemos jurisdicción en este territorio ancestral, hemos denunciado acerca del accionar de grupos armados ilegales que atentan contra la vida de nuestras comunidades y que se vuelven cada día más constantes, convirtiendo los resguardos en un territorio hostil, remarcaron.

ONU PIDE FIN DE ASESINATOS

A finales de marzo último, la ONU se pronunció por adoptar medidas en Colombia para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes.

Así plasmó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en este país, que cubre del 27 de diciembre 2019 al 26 de marzo último.

Guterres señaló como la principal prioridad para el 2020 la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la tragedia de los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

Durante el periodo del Informe se puntualizó que la Misión verificó 16 asesinatos de exguerrilleros, con lo que la cifra total asciende a 190 desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Aproximadamente el 73 por ciento del total de asesinatos de excombatientes se produjeron en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales, precisó.

El informe también destacó que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, seis de los cuales fueron verificados.

El secretario general hizo un llamado a que se fortalezcan los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades.

Como otra prioridad para este año, observó que se deben fortalecer las bases del proceso de reincorporación a más largo plazo, y asegurar que los beneficios de la reincorporación lleguen a todos los excombatientes.

Guterres se refirió a la importancia de que las comunidades, y en especial las víctimas, estén al centro de todos los esfuerzos de consolidación de la paz.

‘El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz vendrá determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz’, expresó.

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