Lima-. ‘No tengo que comer, ¿qué puedo hacer?’, dice una macilenta y tensa mujer peruana, cuando un reportero la increpa por vender en la calle una pequeña ruma de vegetales, lo que está prohibido por la emergencia del coronavirus.
La escena se repite a diario desde el amanecer en torno a los decenas de grandes mercados de venta mayorista -más baratos que los menores-, a los que acuden multitudes, convirtiéndolos en principales focos de contagio y uno de los principales problemas que enfrentan los esfuerzos para frenar la propagación de la enfermedad.
Los vendedores callejeros forman parte del sector que no califica para los subsidios o entrega de alimentos otorgados a los más pobres decretados por el gobierno como alivio de las penurias por la inactividad impuesta por la cuarentena.
Muchos andan sin adecuadas medidas de protección obligatorias y la aglomeración es tal que no hay posibilidad de que guarden la distancia social establecida, de un metro o más, para evitar ser infectados.
El caos se acentúa con estibadores, autos y minibuses que, contra las reglas, pululan, por ejemplo, en los alrededores del mayor de esos mercados, la llamada ‘paradita’, o en el mercado mayorista de frutas, donde la cuarentena general que ayer inició su quinta semana, simplemente no existe.
Ante las persistentes infracciones, el gobierno decretó multas para quienes violen las reglas de inmovilización social establecidas por la cuarentena, que incluyen el impedimento de salir a las calles, salvo para abastecerse de víveres y medicinas
Y quien no pague la multa -algo imposible para los más pobres-, no podrá hacer trámites civiles, ni firmar contratos, ni hacer gestiones ni operaciones bancarias, ni viajar al exterior, entre otras restricciones.
La situación es tan difícil para los estratos menos favorecidos de la sociedad, que centenares de migrantes que trabajaban de manera informal en Lima, desesperados por haber quedado sin sustento, decidieron regresar a sus pueblos en una caravana de vehículos diversos.
Como los viajes están prohibidos por la cuarentena, fueron interceptados en la pequeña localidad de Cocachacra, a 70 kilómetros al este de Lima, y quieren seguir a pie hasta sus pueblos, ubicados en las regiones centroandinas de Junín, Huánuco y Huancavelica, a distancias que oscilan entre 260 y más de 450 kilómetros.
El presidente, Martín Vizcarra, anunció ayer que el gobierno busca una solución a quienes la cuarentena los sorprendió fuera de sus lugares de residencia, a los que necesitan retornar.
Otro problema es el que viven las hacinadas cárceles peruanas, en las que reina la miseria y la insalubridad y se han registrado brotes de la Covid-19.
El gobierno, para aliviar la superpoblación de los presidios, dispuso la libertad de los reclusos condenados por no pagar asistencia familiar tras divorciarse; aunque antes deben pagar lo adeudado y una reparación civil al Estado.
Podrán acogerse a la medida solo dos mil 800, de los 97 mil 600 reclusos apiñados en presidios del país, con capacidad para 40 mil 600 internos.
El Poder Judicial ordenó a los tribunales de emergencia tramitar con prontitud las solicitudes de reclusos, de semi-libertad y libertad condicional.
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