La Paz-. La Defensoría del Pueblo de Bolivia afirmó hoy que observa el uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales por parte del Ministerio Público y la Policía.
En ese sentido se refirió al caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de Radio Kawsachun Coca, quienes fueron detenidos por la fuerza pública amparada en un decreto supremo sobre la cuarentena contra la Covid-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcionada.
‘La Defensoría del Pueblo advierte sobre el uso desproporcionado de la figura del arresto (…) fuera de los parámetros razonables, en virtud a la propia normativa emanada del Ejecutivo a efecto de frenar el avance del Covid-19’, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Explicó que ni servidores públicos ni periodistas requieren una autorización expresa para realizar viajes interdepartamentales, siempre y cuando demuestren que prestan un servicio, sea en atención a sectores vulnerables o un trabajo de periodismo.
El pasado sábado fueron aprehendidos la concejal del municipio de Villa Tunari, Lidia Hinojosa, el secretario de Desarrollo Humano, Alvino Huaywa, el chofer Epifanio Liendro y el periodista de Radio Kawsachun Coca, Landert Marca.
Los dos primeros fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado, uso de influencias y por atentado contra la salud pública, mientras que los dos últimos fueron puestos en libertad.
Esta comitiva se había trasladado al municipio de Tomina, Chuquisaca, en el contexto de la entrega de frutas del Chapare a las familias necesitadas.
La Defensoría del Pueblo verificó que la entrega de alimentos se hizo con las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar la propagación de la enfermedad.
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