Por Verónica Navia Tejada * -.
El 4 de marzo de 2020, el gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 4174, que tenía por objeto autorizar, de manera excepcional, la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, control y atención de la “emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el coronavirus.
El 17 de marzo, el alcalde de Trinidad promulgó la Ley Municipal 352 que “Declara de Prioridad Municipal la Lucha contra el Covid-19”. Esta ley permitió realizar los ajustes presupuestarios necesarios para su cumplimento, que entre otras disposiciones está la de adecuar centros de salud para la atención de casos sospechosos y confirmados.
Por su lado, el 26 de marzo, la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, sancionó la Ley de Prevención, Control y Atención de la Emergencia Nacional por el Coronavirus en el Departamento del Beni.
El 22 de abril, el gobernador del Beni emitió un Decreto Departamental para reforzar las medidas de control de ingreso al departamento y el tránsito interno. Hasta esa fecha solo se habían tomado 42 muestras en casos sospechosos. Recordemos que en esa fecha el Beni ya reportaba dos casos confirmados.
Sin embargo, hay otra cadena de acontecimientos que llama la atención, más allá de las gestiones realizadas por las autoridades locales y departamentales.
Los últimos días de marzo, Carlos Valverde, a través de su programa en un medio de comunicación alternativo, denunció públicamente una “evacuación por razones humanitarias” de un hombre adulto desde Santa Cruz hacia Santa Rosa (Beni); ese caso, hasta la fecha, no se toma en cuenta entre los casos confirmados que se presentan diariamente. Tampoco se sabe si cumplieron con los protocolos correspondientes de aislamiento y vigilancia a su familia.
El domingo 29, 14 intrusos llegaron en movilidades oficiales desde La Paz, algunos de ellos tenían autorización para viajar del ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, quien después aclaró que no los 14. Así quedó ese caso.
El 1 de abril, el canal del Estado publicó una noticia muy curiosa y provocativa, salió desde la capital Sucre, una avioneta con pasajeros con destino a Trinidad, nadie sabe si el vuelo estaba autorizado y cuáles eran esos tan privilegiados pasajeros. Al día siguiente, nuevamente el titular de Energías justificó el viaje con un “traslado de pruebas”, es decir, ¿llevaron pruebas desde Sucre a Trinidad? ¿Pruebas de qué?
Y así hasta el 20, día en que Beni reportó sus dos primeros casos; y al día siguiente, uno de ellos falleció. De pronto el estallido, el 25 de abril se reportaron la asombrosa escalada a 39 casos.
El Beni no cuenta con un laboratorio para realizar las pruebas necesarias y es bien sabido que reactivos tampoco se tiene a nivel nacional. Para confirmar esto hicimos la correspondiente de compras o entregas estatales, y saben qué, hasta el viernes 24 de abril el Gobierno nacional no había realizado ninguna compra de insumos ni nada parecido para la atención de casos sospechosos o confirmados. El periódico Página 7 confirmó que se registran 43 contrataciones, todas del Ministerio de Comunicación, ninguna del Ministerio de Salud.
Si en el Beni ya se sabía de la llegada del virus el 28 de marzo, ¿por qué el Ministerio de Salud seguía reportando cero casos allí? O, mejor aún, si desde el 4 de marzo se autorizó la compra de insumos, ¿por qué hasta el viernes 24 de abril el Ministerio de Salud no ha registrado ningún contrato para la adquisición de reactivos?
Todo hace pensar que nos enfrentamos ante la peor gestión en la atención de una pandemia de la que ya se conocía desde diciembre del año pasado, o ante la estrategia más macabra para quedarse en la silla presidencial.
* Socióloga
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