Por Óscar Silva Flores-.
La misión de las universidades es, o debiera ser, formar profesionales en atención a la demanda societal, tomando en cuenta las condiciones económicas, políticas y sociales de cada uno de los Estados y de manera específica en cada periodo histórico. En Bolivia, la universidad pública se desempeña bajo el régimen de autonomía desde hace 90años, percibiendo casi la totalidad de sus recursos económicos de parte del Estado.
En lo administrativo, se pueden observar varios aspectos poco coherentes como el desmesurado crecimiento del personal administrativo y docente en relación a su población estudiantil. En promedio, un 80% del presupuesto total del sistema universitario boliviano, dejando sin recursos a otras actividades fundamentales de la misión de las universidades como la investigación y la extensión.
Sin embargo, por ahora debe preocuparnos mucho más la formación de los profesionales, en la calidad y en la cantidad, el tiempo de permanencia en la universidad y la forma en que se definen qué profesionales, en qué cantidad y con qué perfil debe la universidad pública proveer a la sociedad y al Estado que la sostiene económicamente.
Si hablamos de un sistema de la universidad boliviana, es muy poco lo que se advierte de verdadera coordinación académica. Todas las universidades ofrecen prácticamente todas las carreras, ninguna explota adecuadamente sus ventajas comparativas específicas, como ubicación geográfica, cercanía a centros industriales, productivos o de otra índole.
Por ejemplo, las universidades de Santa Cruz, Tarija o Chuquisaca debieran ofrecer mayores carreras en materia de gas y petróleo, o las de Pando y Beni, formación en el área forestal o ganadero y, así, cada una de ellas desarrollando su potencialidades. Obviamente, algunas carreras como las de áreas de salud, ciencias sociales o de derecho, no pueden ser ubicadas bajo ese mismo criterio, pero eso no debiera abrir las puertas a que la totalidad de las casas de estudio ofrezcan estas carreras y sean las que cuenten con mayor demanda estudiantil, sin una explicación lógica en el mercado laboral.
Suele escucharse que estudian Derecho, Comunicación u otras parecidas porque no se lleva la asignatura de matemáticas, porque son más fáciles o porque tienen horarios más cómodos para quienes trabajan. Ninguna de estas explicaciones tiene valor alguno y muestra más bien la precariedad de la planificación dentro de cada una de las universidades y en todo el sistema en su conjunto.
Con las nuevas modalidades de graduación, incluyendo la de antiguos egresados, se ha saturado el mercado profesional de forma alarmante precisamente en estas áreas del conocimiento y encontramos profesionales titulados de nuestras universidades públicas sin la menor posibilidad de ejercer su profesión, dedicados a otras actividades que no requieren ni el tiempo ni los recursos invertidos por ellos mismos y por el Estado en su formación.
La pandemia que nos atraviesa ahora mismo ha puesto en evidencia las pocas capacidades desarolladas por las universidades públicas en el campo de la investigación. Con excepción de la fabricación de respiradores, no se ha conocido ningún otro aporte formal de los institutos de investigaciones en áreas de la biología, de la medicina o de la farmacología, para incidir de manera directa en las acciones estatales en el combate de la pandemia.
Por otra parte, la falta de salidas de formación intermedia, con menos años de estudio y en ramas de aplicación técnica de mayor demanda en el mercado laboral, es otras de las deficiencias de los centros de formación universitaria. Casi por seguir una moda, se impulsa con mayor fuerza la formación de posgrado, cuando la de pregrado no ha logrado superar los problemas que arrastra de hace más de 30 años y que le quedaron como lastre del neoliberalismo, que supo introducirse en los claustros universitarios, para justificar la aparición de la educación superior privada ante la ineficiencia de la pública.
Son apenas unas ideas para provocar el debate, dentro y fuera de la universidad. Porque si de algo debemos estar seguros es que más allá de la muy venida a menos “autonomía universitaria”, el tema de la formación de profesionales debe ser de propritario interés nacional, mucho más cuando somos los ciudadanos quienes sostenemos con nuestros impuestos el funcionamiento de estas casas superiores de estudio.
* Periodista y abogado
Deja un comentario