septiembre 18, 2020

De gobiernos de transición que fueron y otros que no


Por Óscar Silva Flores-.


Hace quince años, ante la incapacidad de seguir gobernando declarada “de motu proprio” por el entonces presidente Carlos Mesa y la declinación formal de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, se abrió la sucesión de última instancia establecida por la Constitución Política del Estado, quedando la primera magistratura del país a cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la nación.

El Congreso, en medio de la profunda crisis que se había generado no solo durante el gobierno de Mesa, sino mucho antes con su antecesor Sánchez de Lozada y el evidente desprestigio de la clase política representada mayoritariamente por los partidos que gobernaron el país los veinte años anteriores, había acordado no solo aceptar la reiterada renuncia de Mesa, sino generar un nuevo escenario político, que incluía la reducción del mandato de senadores y diputados y la convocatoria a elecciones generales en un plazo de seis meses. La Constitución de 1994, vigente en aquel momento, en su Artículo 93, establecía que el presidente de la Corte Suprema debía convocar a elecciones para Presidente y Vicepresidente por el periodo restante del mandato.

Eduardo Rodríguez Velzé fue proclamado y prestó juramento ante el Poder Legislativo, con todas las formalidades establecidas, el 9 de junio de 2005 en la capital de la República.

El 22 de enero de 2006, después de haberse llevado a cabo las elecciones más transparentes de la historia de Bolivia, el Congreso proclamó y tomó juramento a Evo Morales Ayma y a Álvaro García Linera, como presidente y vicepresidente constitucionales.

Durante siete meses y trece días, Rodríguez Veltzé administró el Estado sin respaldo parlamentario, ni de partido político alguno y, pese a tener que enfrentar una serie de problemas con diferentes sectores, por temas como la asignación de escaños para diputados, distribución de tierras en el Oriente, legalización de vehículos ingresados vía contrabando (chutos) y otras demandas regionales, la labor del gobierno interino (o de transición) estuvo dirigida a garantizar la realización de las elecciones de diciembre de 2005. El Gobierno atendió positivamente demandas de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, de la Central Obrera Regional de El Alto, de federaciones campesinas de varios departamentos e, incluso, de organizaciones irregulares como la que asociaba a los contrabandistas de motorizados.

Algunos de ellos llegaron a plantear la suspensión o postergación de las elecciones por temor al triunfo de quien lideraba todas las encuestas. Sectores tradicionalmente antagónicos, como los cívicos del Oriente y las trabajadores alteños, coincidieron en este tipo de planteamientos.

Eduardo Rodríguez y su equipo de gobierno, al margen de garantizar el funcionamiento normal de la administración gubernamental, se abocó a lo encomendado por el pueblo y el Congreso de llevar adelante las elecciones. Dejó que temas estructurales del Estado, como las relaciones internacionales, la política económica u otros aspectos, fuesen abordados por los siguientes gobernantes elegidos democráticamente. Se respetó la institucionalidad en el Poder Judicial y solo designó al personal de mayor jerarquía en el Ejecutivo, respetándose la continuidad de los funcionarios públicos. En situaciones de conflicto extremas optó por el diálogo, descartando cualquier forma de uso de la violencia represiva.

En noviembre del año pasado, en condiciones totalmente distintas, al margen de la Constitución y las leyes, se autoproclamó un supuesto gobierno de transición, como consecuencia de la acción militar y policial que obligaron a dimitir al presidente Evo Morales.

Los medios, junto a los dirigentes visibles del golpe, pretendieron convencer a la ciudadanía que aquel ilegal e ilegítimo gobierno tenía la única tarea de realizar nuevas elecciones para reestablecer el orden democrático interrumpido en noviembre.

Las diferencias, a la luz de los hechos, son evidentes entre un gobierno de transición constitucional y legítimo y otro que no es tal.


• Periodista y abogado

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