julio 3, 2020

Una mafia opera en el Ministerio de Gobierno


Por Carlos Echazú Cortéz-.


Cuando sostenemos que hay una mafia que opera en el Ministerio de Gobierno, no hay intensión de insultar o denostar a alguien. Lo que se pretende es caracterizar estrictamente a partir de una mirada objetiva de las conductas que se han desplegado desde esa instancia gubernamental. No se trata de un solo hecho a partir del cual se generaliza arbitrariamente. Por el contrario, es un patrón de conducta en los casos que más incomodan al Gobierno y que están bajo la tutela –formal o no– del Ministerio de Gobierno.

Comencemos por el caso del periodista Junior Arias de Gigavisión y su investigación en relación al sobreprecio en agentes químicos comprados curiosamente por el Ministerio de Defensa para el Ministerio de Gobierno (o para la Policía). Una vez que Junior lanzó su denuncia, el Ministerio de Gobierno hizo público su comunicado formal rechazándola. Lo que llama la atención del documento es que se impugna la denuncia en términos genéricos, lo que en rigor implica la imposibilidad de rebatir los argumentos del denunciante y por eso no se entra al detalle de la denuncia.

Si bien es cierto que después el ministro de Defensa, Fernando López, intentó entrar en el detalle, haciendo el descargo en lugar del ministro Murillo, hubiera sido mejor (desde su punto de vista) que no lo hiciera, pues dejó mayores incertidumbres de las que quiso despejar. Pero bien, lo importante para el argumento que estamos desarrollando es que en ese documento oficial de descargo genérico que emitió el Ministerio de Gobierno, si bien se dice que esa instancia gubernamental «no descansará» hasta que el periodista Arias no rectifique «la historia falsa» que «ha inventado» y «restaure la dignidad de las personas que ha mellado», en el documento no hay referencia alguna a amenaza a los familiares de Junior Arias.

Sin embargo, el periodista, en sus posteriores presentaciones, ha declarado de varias formas que su familia, esposa e hijos, han sido amenazados. Eso significa que la amenaza que circula en redes y que se refiere a sicarios que atentarán contra su familia no es ninguna fake news, más bien un mensaje que efectivamente se ha hecho llegar a Arias, habiéndole él dado toda la credibilidad, entre otras cosas, porque ha podido constatar que está siendo perseguido. La certeza de haber recibido la amenaza ha llevado al canal a otorgar una licencia temporal al periodista. Entonces bien, un mensaje que amenaza con sicarios a los familiares del periodista incómodo es un proceder exclusivo y característico de una mafia.

Pero las cosas no se quedan ahí. Como también lo han denunciado desde Gigavisión, un oficial de la policía en Santa Cruz, más precisamente un coronel de apellido Velásco, habría sido instruido a fabricar una celada contra Arias para inculparle por algún delito. Por un lado, se trata de una revancha contra el periodista, y por otro, una advertencia para que se detenga en sus denuncias. Ahora bien, el canal tomó conocimiento de esto como un rumor de algo que se estaba preparando. En ese mismo marco se conoció que el oficial en cuestión se habría negado a realizar semejante canallada y por eso habría sido amenazado con ser destituido. Hasta ahí el rumor que conoció el canal. Lo que sigue es un hecho concreto, el oficial ha sido efectivamente destituido y, no solo eso, sino que otro oficial que se había ofrecido a realizar «la misión» habría sido posesionado en su cargo. Estos datos, han llevado al canal a darle toda la seriedad y credibilidad a las amenazas que Arias ha recibido.

Como si esto fuera poco, el caso denunciado por Arias ofrece más pruebas de que en el Ministerio de Gobierno opera una mafia. Ahí está el intermediario que ha tenido el negocio de la compra de agentes químicos, cuyos antecedentes lo caracterizan como un traficante de armas, prófugo de la justicia. Así, Fernando López ha intentado negar la ilegalidad del negocio sosteniendo que el intermediario fue el hijo Bryan Berkman y no el fugado Luis Berkman, concluyendo que los delitos son de orden personalísimo y que un hijo no puede pagar por los ilícitos del padre. Sin embargo, su alegato llevó a Junior Arias a indagar un poco más al respecto, obteniendo documentación que demuestra que padre e hijo son socios en la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), que realizó la intermediación en la compra de agentes químicos. El nexo con la mafia queda, de este modo, completamente demostrado.

Pero bien, no solo es el caso de Junior Arias el que deja entrever el carácter mafioso de las operaciones que realiza el Ministerio de Gobierno. Si no fuera porque los grandes medios de comunicación están acallados o comprados, el secuestro al Juez Huacani, que fue una acción típicamente mafiosa, debió haber sido un escándalo de proporciones gigantescas. Sin embargo, el caso está camino al olvido. Veamos un poco más a detalle: cuando el juez se predisponía a instalar la audiencia cautelar del exministro Navajas, fue detenido por la policía. A las horas se hizo público un comunicado de la Fiscalía en el que señalaba que esa instancia no había emitido orden de aprehensión. Entonces, tuvo que salir el Ministerio de Gobierno a decir que la policía había realizado una acción directa, porque Huacani tenía una denuncia en relación a un presunto prevaricato en otro caso, llevado en horas de la mañana.

Ese argumento es insostenible, pues la acción directa se la lleva a cabo cuando la policía encuentra a una persona cometiendo un delito in fraganti. El hecho de que la policía lo haya detenido horas después, cuando el juez atendía ya otro caso, implica que el criterio de flagrancia ya no opera. Así también los cargos atribuidos, vale decir, prevaricato e incumplimiento de deberes, son temas que deben probarse en un juicio y no pueden ser determinados por el policía que ejecuta la detención. Por lo tanto, si no hubo orden de detención de parte de autoridad competente y tampoco lo sucedido fue acción directa de la policía, entonces lo que ocurrió fue un secuestro. Esto es gravísimo: la policía secuestrando a un juez. Eso solo puede implicar que la policía ha caído en manos de una mafia.

Está igualmente el caso del detenido Navajas. Si bien el exMinistro no puede alegar total inocencia en el caso del sobreprecio en la compra de respiradores, como él pretende, está claro que ni de lejos es el único, y tampoco el principal, responsable de este acto de corrupción. En este marco, su esposa, Geraldine Garrón, ha declarado que los que deciden sobre desembolsos y compras son la Presidenta y los ministros de Gobierno y Economía. Señaló además que ella ha sido amenazada de muerte por haber declarado en esos términos. Sorprendentemente, no se ha vuelto a tener noticia al respecto, por lo que solo queda admitir que la amenaza ha dado el efecto deseado, vale decir, acallar a una testigo. La reflexión al respecto, a modo de pregunta, es: ¿existe un proceder más típicamente mafioso que ese?
Para mayor abundancia, está el caso del narco jet que salió de Guayaramerín.
Los detalles de este caso no dejan duda de la permisividad de la policía, puesto que el jet fue cargado de droga sin disimulo alguno. Para esa operación, se llegó incluso a cerrar el aeropuerto de la localidad. Ahora bien, por muy pequeño que sea el aeropuerto, no hay ninguna posibilidad que todo esto haya ocurrido sin el conocimiento y la abierta complicidad de la policía. En este caso las pruebas son incontestables; la policía coordina con el narcotráfico.

Los datos esgrimidos en la precedente argumentación son de conocimiento público, por lo que la afirmación en torno a que una mafia opera en el Ministerio de Gobierno está completamente probada.


• Militante de la izquierda boliviana

1 comentario en Una mafia opera en el Ministerio de Gobierno

  1. lo que falta explicar es que no pagaron impuestos al Estado como empresa intermediaria eso significa mas 8millones de bolivianos!! en el gobierno anterior se compraba a la misma empresa CONDOR al mismo precio pero esta debia pagar los impuestos al Estado Boliviano. Ahi esta el robo concreto que hicieron al Estado.

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