septiembre 18, 2020

¡Ni perdón, ni olvido!


Por Soledad Buendía Herdoíza -.


Entre 1984 y 1988 Ecuador vivió una época muy dura, donde se asesinaron, torturaron, desaparecieron, encarcelaron y ejecutaron a hombres y mujeres de manera sistemática y generalizada por parte de agentes del Estado, para destruir a opositores, luchadores sociales en el marco de “una limpieza social”.

Para esclarecer estas graves violaciones a los Derechos Humanos se creó por Decreto Ejecutivo del 3 de mayo de 2007, la Comisión de la Verdad; como resultado de este proceso la Defensoría del Pueblo, órgano encargado de la protección y tutela de los derechos, remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la reparación y judicialización de los graves casos encontrados y sancionar a los perpetradores.

El 5 de diciembre de 2013 se publicó en el registro oficial la «Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008”.

A siete años de su presentación al debate en el parlamento, muy poco se ha realizado para reparar a las víctimas. No se ha cumplido la disposición general segunda que establece la creación del Museo de la Memoria, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de DD.HH. y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador, para que la sociedad ecuatoriana ejerza su derecho a la verdad y nunca más se repitan estos hechos. El Programa de Reparación por vía administrativa para las víctimas tampoco ha tenido la efectividad esperada.

Lejos quedaron los titulares de prensa de los primeros casos de lesa humanidad en la justicia, en tanto los procesos fueron congelados en el tiempo dentro de un órgano judicial cooptado por el poder político, que sigue denegando justicia y verdad.

El Artículo 1 de la norma señala como objetivo garantizar la judicialización de los casos, pues se reconoce la responsabilidad del Estado: “El Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y reconoce que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse, a ellas y la sociedad ecuatoriana, sin dilaciones, el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos”.

Las más de 456 víctimas siguen esperando acciones y la aplicación de una ley que les ampara, frente a un Estado que vuelve a violar los DD.HH., que persigue y utiliza sus instituciones judiciales con fines políticos, por ello, hoy, levantamos la voz y decimos: ¡Ni perdón, ni olvido! ¡Justicia y verdad! ¡Por nuestros muertos, hasta la vida!


* Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador

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