La Paz-. La Defensoría del Pueblo de Bolivia lamentó hoy la muerte de Julio Pinto Mamani, herido por fuerzas represivas en Sacaba, Cochabamba, tras el golpe de Estado del 10 de noviembre, y ahora décimo fallecido de aquella agresión.
El organismo defensor de los derechos humanos pidió al gobierno de facto acelerar la pesquisa sobre la intervención de tropas militares y policiales contra una marcha en aquella región con saldo de varios fallecidos y lesionados.
Según familiares de las víctimas y líderes de la Federación del Trópico, tampoco existen avances en la investigación gubernamental que permitan identificar a los responsables de los hechos del 15 de noviembre de 2019.
La defensoría censuró el incumplimiento oficial de los compromisos de protección de heridos como Pinto en la acción violenta siete meses atrás en el puente Huayllani contra las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
Pinto, de 51 años de edad y padre de cinco hijos careció de todo tipo de asistencia ‘y murió en total abandono por parte del Estado’, recordó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La autoridad humanitaria demandó aplicar el Decreto Supremo 4100 respecto a compromisos como el resarcimiento y pago de atención médica a las personas heridas y fallecidas entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.
La agresión de policías y soldados el 15 de noviembre contra la marcha de una de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca causó heridas graves a Pinto que lo condujeron a terapia médica intensiva.
Un informe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos asegura que ‘los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos y golpes’.
La acción causó la muerte de nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas y heridas a otras, incluidas de bala.
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