agosto 11, 2020

La obediencia debida y los golpistas


Por Óscar Silva Flores-.


Al retorno de la democracia en América Latina, tras el sangriento “Plan Cóndor”, diseñado por las agencias norteamericanas de inteligencia y ejecutado por las fuerzas armadas de los distintos países, que dejó un saldo de muertos y desaparecidos hasta ahora no totalmente determinado y del que perdura aún una mancha indeleble en la memoria de los pueblos del continente, surgió el pedido de justicia en todo el continente, la necesidad de juzgar a los culpables.

Argentina tomó la iniciativa llevando a juicio y condenando a los principales cabecillas golpista, los comandantes militares que ejecutaron el siniestro plan, a la cabeza del Gral. Jorge Rafael Videla, quien recibió una condena de cadena perpetua, la misma que su camarada Emilio Massera. Por primera vez en la historia un grupo de dictadores compareció ante tribunales de su propio país para ser juzgados por sus crímenes. A diferencia de los Juicios de Núremberg, que fueron llevados a cabo por los vencedores, o los de la exYugoeslavia, donde también fueron juzgados por tribunales internacionales, el juicio se realizó en el mismo país de los acusados, con las leyes del propio país, con fiscales, abogados y jueces argentinos.

La condena a los cabecillas de las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo. Por primera vez militares latinoamericanos que planearon y ejecutaron un golpe de Estado contra un gobierno constitucional fueron enjuiciados y condenados por un tribunal civil.

Sin embargo, el propio presidente Alfonsín, que había impulsado el enjuiciamiento, fue presionado para aprobar la Ley de Obediencia Debida, el 4 de junio de 1987. Esta disponía la extinción de acciones penales a los militares que “cumpliendo órdenes” cometieron crímenes durante la dictadura (1976-1983). La ley excluía de los procesos judiciales a los subalternos, la mayoría oficiales y suboficiales, porque estos habrían cumplido solamente “órdenes de sus superiores”. Estas tres normas, la Ley de Punto Final, de Obediencia Debida y la del Indulto, esta última aprobada por el gobierno de Menem, fueron llamadas “leyes de la impunidad”. En agosto de 2003, el presidente Néstor Kirchner consiguió por amplia mayoría en el Parlamento que se declaren nulas las tres leyes. En mayo de 2005 el Procurador Federal dictaminó la inconstitucionalidad de ambas normas y en junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de estas leyes.

Esa es la historia breve del fin de la impunidad, de quienes bajo el argumento del cumplimiento de “órdenes superiores” no solo violentaron el Estado de derecho y la Constitución, sino también ejecutaron sangrientas masacres en contra de su pueblo.

En Bolivia existen dos antecedentes judiciales al respecto, aunque de características diferentes. García Meza (dictador 1980-1981) fue sentenciado a 30 años de cárcel, al igual que su ministro del Interior Luis Arce Gómez, tras un prolongado juicio seguido ante la Corte Suprema de Justicia. Antes, Marcelo Quiroga Santa Cruz había intentado sin éxito enjuiciar a los dictadores René Barrientos y Hugo Banzer. Su último intento le costó la vida.

Tras los luctuosos sucesos de octubre de 2003, cinco altos jefes militares fueron enjuiciados y sentenciados en 2011, con penas que van entre los 10 y los 15 años. Los procesados argumentaron que solo habían cumplido “órdenes superiores” del Capitán General de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Sánchez de Lozada. El argumento no fue admitido por el tribunal.

La obediencia debida ya no es una justificación para atentar contra un gobierno legalmente constituido y menos para masacrar a la población indefensa que se manifiesta en la defensa de la democracia y la constitución. Existen muchos antecedentes ya constituidos en jurisprudencia.

En noviembre del pasado año, más de tres decenas de bolivianos fueron asesinados en Sacaba y Senkata por fuerzas militares. Los que ordenaron y los que ejecutaron estas acciones no tienen argumento alguno para evitar ser enjuiciados, al igual que aquellos jefes y oficiales que se insubordinaron y fueron parte del derrocamiento del gobierno legalmente constituido.

Podrá tardar, es posible, pero la justicia tendrá que llegar, para que estos hechos no se repitan nunca más.


* Periodista y abogado

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