agosto 11, 2020

Comunidades indígenas bolivianas, las más vulnerables a la pandemia

Por Laura Becquer Paseiro-.


La Habana-. Las comunidades indígenas son uno de los blancos de la ineficaz respuesta del gobierno de facto boliviano a la pandemia de la Covid-19, tal y como alertan entidades dedicadas al registro de casos en esas poblaciones.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) identificó recientemente a las comunidades indígenas de los departamentos Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Chuquisaca como las más vulnerables a la enfermedad.

A la inexistencia de sistemas de salud en esos territorios y la remota o casi nula posibilidad de acceder a las pruebas para detectar la enfermedad, se suma la ineficiente respuesta del Ejecutivo para atender las demandas de esa población, apuntó el centro boliviano.

A esto se suma que desde el Estado no se les presta la debida atención con políticas de salud que contengan el enfoque de interculturalidad, dejando a las comunidades en una situación simplemente crítica, refirió la institución con 40 años de experiencia en la defensa de los Derechos Humanos.

El director del Cejis, Miguel Vargas, describió la situación de ‘compleja y dramática’ ante la ausencia del apoyo de las instituciones del Gobierno de facto.

Dicho panorama epidemiológico se complica aún más con un sistema de salud al borde del colapso lo cual impacta negativamente en las siguientes etnias: Yuqui (región tropical de Cochabamba), la de Lomerío (Santa Cruz), y Cayubaba en el departamento amazónico del Beni.

Según Vargas, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas identificó que las comunidades Yuqui y Cayubaba son pequeños en términos demográficos y ello aumenta el riesgo de contagios y fallecidos.

A su vez, en Lomerío, sus habitantes no están empadronados en las listas epidemiológicas lo cual incrementa el temor a la validez de los reportes de casos confirmados y de fallecidos.

El Cejis envió un informe detallado de la situación al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fechado en junio de este año.

En el reporte de 32 páginas disponible en su sitio web, la entidad denuncia que el Gobierno de facto no incluyó a los pueblos indígenas en los datos oficiales del comportamiento de la pandemia en el país.

Obviamente, tampoco los tuvo en cuenta a la hora de planificar la respuesta a la enfermedad, ni mucho menos respondió al pedido de las organizaciones indígenas para la dotación de insumos, equipos de bioseguridad y personal de salud.

El Estado no consideró que la mayoría de los territorios indígenas carece de agencias financieras para el cobro de estos recursos, y para hacerlo deben salir hasta los centros poblados, exponiéndose a aglomeraciones que incrementan la posibilidad de sufrir contagios, según el texto.

RIESGO DE ETNOCIDIO

Los pueblos indígenas y originarios forman parte de la plurinacionalidad típica de Bolivia. Sus derechos fueron reconocidos bajo el mandato del líder y representante de la etnia aymara Evo Morales (2006-2019).

La Constitución Política del Estado Plurinacional, emanada en el proceso de Revolución Democrática y Cultural encabezada por Morales en 13 años de gobierno, reconoció la preexistencia y dominio ancestral de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

Igualmente, les otorgó el derecho a acceder al sistema de salud universal y gratuito, bajo el respeto de su cosmovisión y prácticas tradicionales.

Sin embargo, tras el golpe de Estado contra Morales en 2019 sufrieron un retroceso palpable en sus conquistas. A ello se sumó ahora el impacto negativo de la pandemia de la Covid-19 que amenaza con colapsar el sistema de salud en la nación sudamericana.

El informe del Cejis alerta oportunamente que 22 de los 34 grupos indígenas de las tierras bajas bolivianas están en condiciones altamente vulnerables, y corren el riesgo de desaparecer.

Esas regiones comprenden el oriente, la Amazonía, el Chaco, el trópico y el Pantanal de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y La Paz, precisó el documento.

Son vulnerables porque presentan dificultades para mantenerse física o culturalmente íntegros, sufren riesgos de salud, no tienen acceso a servicios básicos, o viven en regiones conflictivas o con intereses compartidos por diferentes Estados, según el estudio del Centro.

No obstante, ante la delicada situación, estas poblaciones pusieron en práctica medidas como el autoaislamiento social, el control y cierre de territorios, la revalorización de la medicina tradicional, y la producción familiar y comunitaria de alimentos para subsistir.

Demandaron además al Gobierno de facto una mejor coordinación y su inclusión en los planes de contingencia sanitaria, pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.

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