La Paz-.- La defensora del pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, denunció hoy que las amenazas en su contra y el asedio a las instalaciones del ente bajo su mando continúan desde noviembre pasado.
Cruz aseguró que desde hace nueve meses sufre amenazas a su vida e integridad física y psicológica por parte de autoridades del gobierno de facto, de personal policial y de grupos paraestatales bajo un silencio cómplice de la Fiscalía General.
Esta semana varias personas extremistas intentaron trepar las paredes para llegar hasta su despacho, lanzaron amenazas y palabras irreproducibles contra los funcionarios defensoriales, con la clara intención de amedrentarlos y agredirlos físicamente sin ningún respeto, alertó Cruz.
Defensores de la región se pronunciaron contra este tipo de ataques hacia Cruz y la entidad que representa y llamaron al Estado de Bolivia a salvaguardar su vida.
En un comunicado publicado hoy, la Defensoría del Pueblo expresó que ‘condena y repudia los ataques perpetrados por grupos civiles violentos y organizados que este 26 de agosto ingresaron a las instalaciones de la institución con el objetivo de atacar y atentar contra la vida y la integridad física de su Máxima Autoridad’.
Denuncia que estos grupos, los mismos que protagonizaron similares ataques contra la institución en noviembre de 2019, actúan con la permisibilidad del Gobierno y la Policía Boliviana, entidad que debería garantizar la seguridad de la población, a la que se llamó reiteradamente para que envíe un contingente para prevenir estos hechos delincuenciales, sin una respuesta efectiva.
Estas personas tenían la clara intención de amedrentarlos y agredirlos físicamente sin ningún respeto ni protección ante un posible contagio de la Covid-19, añade.
Se pone en conocimiento que el personal defensorial no ha cesado de trabajar durante la emergencia sanitaria por la pandemia, como consecuencia de ello se han registrado bajas, y lo sucedido atenta contra la salud de los funcionarios y de la población que acude a la institución, advierte el texto.
Denuncia, asimismo, que estos grupos civiles estarían actuando por orden de un diputado, toda vez que se escuchó que reportaban, vía teléfono celular, su ingreso a esta institución exigiendo la renuncia de la Defensora del Pueblo.
Existe una denuncia en el Ministerio Público por los ataques de noviembre de 2019, la cual será ampliada con lo sucedido ayer y se espera que esta instancia actúe como corresponde e investigue estos hechos para sancionar a los responsables.
‘La Defensoría del Pueblo ratifica su compromiso de continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos y afirma que no cederá ante este tipo de ataques que tienen un claro interés político que ha quedado en evidencia desde noviembre del año pasado’, tras el golpe de Estado.
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